Carlos Fernando Chamorro de Nicaragua se vio obligado a exiliarse. José Rubén Zamora Marroquín, en Guatemala, pasó más de dos años en prisión y permanece bajo arresto domiciliario. Y el medio digital El Faro tuvo que trasladar su sede administrativa y jurídica de El Salvador a Costa Rica. Todos fueron blanco de acusaciones similares por parte de los gobiernos de sus países, en una aparente represalia por el periodismo de investigación por el que son reconocidos internacionalmente.
Existe una tendencia mundial de gobiernos a acusar a periodistas y organizaciones de noticias de delitos financieros como una forma de silenciarlos, según un informe de la Unesco sobre el uso indebido de las leyes financieras para presionar a medios de comunicación, publicado el 23 de octubre. Centroamérica concentra la mayoría de los casos en América Latina y el Caribe, señala el informe.
Los autores Edward Pittman y Elisa Juega analizaron más de 120 casos ocurridos en todo el mundo entre 2005 y 2024. Destacaron que, como se trata de un fenómeno relativamente nuevo y poco reportado, es probable que el número global de casos ocurridos durante ese periodo sea mayor.
Los últimos cinco años representan el 60% de los casos analizados, lo que indica un fuerte aumento en el uso de estas acusaciones contra periodistas, dice el informe.
Los casos analizados se refieren a acusaciones de evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, financiación del terrorismo, fraude, malversación e incluso recepción de financiación extranjera, algo tipificado como delito en algunos países.
El informe señala que, a diferencia de las acusaciones de difamación o calumnias, no es necesario establecer una conexión entre la acusación financiera y el contenido producido por el periodista o medio de comunicación. Esto permite ocultar el verdadero motivo de la acusación.
“Cuando se decide acosar a periodistas y al periodismo mediante este tipo de prácticas, una de las consecuencias positivas para el acosador es que, a primera vista, no se está discutiendo la libertad de expresión, ya que se trata supuestamente de un delito financiero”, dijo Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco, a LatAm Journalism Review (LJR).
Canela dijo que una de las hipótesis que plantea el análisis de los casos es que existe una tendencia global a sustituir la censura directa, que sería procesar a un periodista o medio de comunicación por algo que publicó, por la censura indirecta, mediante el uso de subterfugios como legislación tributaria y financiera.
El informe afirma que, si bien las amenazas, los asesinatos y el abuso del poder judicial son métodos para atacar a periodistas que pueden ser utilizados por actores privados, las acusaciones de delitos financieros son iniciadas casi exclusivamente por actores estatales.
“En algunos países, el poder ejecutivo puede dar instrucciones a la autoridad tributaria y a otras agencias para que inicien investigaciones directamente, eludiendo así el sistema judicial”, dice el informe.
El informe señala que los procesos derivados de estas acusaciones a menudo resultan en largos periodos de prisión y cuantiosas multas. Además, la defensa en estos casos es compleja, ya que requiere abogados fiscales y penales, así como expertos en contabilidad y otros conocimientos jurídicos, a los que los periodistas no tienen fácil acceso.
“Dado que la defensa contra las acusaciones de delitos económicos suele ser compleja, la atención y los recursos de los periodistas y/o medios de comunicación que se enfrentan a tales acusaciones se desvían de la realización de su labor periodística principal”, afirma el informe.
El informe registró siete casos en América Latina y el Caribe entre 2010 y 2023 y destacó que la mayoría ocurrió en Centroamérica. Las otras regiones analizadas fueron África (15 casos), Asia y el Pacífico (44) y Eurasia (60).
Cinco de los siete casos en América Latina fueron iniciados a partir de 2021. En tres casos, periodistas y medios de comunicación recibieron múltiples acusaciones. El lavado de dinero fue el único o principal cargo en cinco casos.
El informe también nombra a Centroamérica como una de las regiones donde “los periodistas reciben de manera habitual penas de cárcel cuando son acusados de delitos económicos”, lo que implica un “efecto disuasorio” para periodistas que investigan la corrupción.
Otra consecuencia de este tipo de acusaciones es la congelación de los bienes del periodista o del medio acusado, lo que conlleva la interrupción del trabajo del profesional o de las operaciones del medio. Se trata de acciones “muy eficaces” para censurar a los medios de comunicación, aunque sea temporalmente, y que podría conducir al cierre definitivo del medio, señala el informe.
Esto es lo que pasó con El Periódico, en Guatemala. El diario fundado y dirigido por José Rubén Zamora Marroquín cerró sus operaciones en mayo de 2023, luego de casi 27 años de existencia. Zamora Marroquín fue detenida el 29 de julio de 2022, acusado de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Empleados del diario fueron acusados de participar en estos crímenes, y otros periodistas y columnistas fueron acusados del delito de obstrucción a la justicia por publicar sobre el caso en El Periódico.
Para evitar la misma suerte que El Periódico, en abril de 2023 el medio salvadoreño El Faro transfirió sus oficinas administrativas y jurídicas a Costa Rica.
“Nunca hubiéramos tomado una decisión de este tipo si este país no se hubiera convertido en un terreno tan hostil y peligroso para ejercer”, dijo a LJR Sergio Arauz, subjefe de redacción de El Faro. “Es importante aclarar que los periodistas seguimos trabajando en El Salvador, haciendo las historias que han caracterizado a nuestro medio desde su nacimiento, desde el terreno”.
En septiembre de 2020, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en televisión y radio nacionales que El Faro estaba siendo investigado por lavado de dinero. El medio afirmó que el Ministerio de Hacienda estaba auditando su contabilidad y exigiendo información que no es de carácter tributario, como los datos personales de sus suscriptores.
Siguieron otros ataques a la prensa crítica en El Salvador. En enero de 2022, una investigación de Citizen Lab, laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, reveló que al menos 22 periodistas de El Faro y otros ocho de otros medios fueron espiados con el software Pegasus. La empresa israelí NSO Group, que fabrica el software, afirma vender la licencia del programa sólo a gobiernos. El gobierno salvadoreño negó responsabilidad por el espionaje.
Un punto positivo del cambio administrativo para Costa Rica, según Arauz, es que aceleró varias acciones de El Faro para convertirse en un medio regional. Además de contar ya con periodistas en Guatemala, el medio digital realizó en junio una edición del Foro Centroamericano de Periodismo (Forocap) en San José, capital de Costa Rica.
Entre las desventajas del cambio están los costos, dijo. “Seguimos enfrentando las auditorías de Hacienda. El oficialismo sigue intentando asfixiarnos y distraernos de nuestra labor. Es decir: no solo hacemos periodismo, también debemos trabajar en defendernos y cuidarnos y sobrevivir”.
Arauz dijo que actualmente no existe posibilidad de que El Faro transfiera su estructura administrativa nuevamente a El Salvador.
“Un país sin democracia, sin independencia de poderes ni debido proceso, no es una opción atractiva. Además, el camino que estamos recorriendo como país no augura más apertura para ejercer”, dijo Arauz. “Tenemos como presidente a un dictador muy popular en las encuestas, cool, como se autodenomina. Pero el día en que empiece a desgastarse o dejar de ser popular, las escasas voces críticas pagarán las consecuencias”.
En Nicaragua, el país con la situación más crítica para los periodistas de la región, el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado la represión de las voces críticas desde 2018. Cientos de personas han sido detenidas y al menos 278 periodistas se han visto obligados a exiliarse en los últimos seis años.
Carlos Fernando Chamorro es uno de los periodistas nicaragüenses que se vio obligado a abandonar el país. La sede de Confidencial, que fundó y dirige Chamorro, fue invadida en diciembre de 2018 por la Policía Nacional y nunca fue devuelta. Posteriormente, el gobierno la convirtió en un centro para mujeres embarazadas.
Chamorro se exilió temporalmente en Costa Rica, pero regresó a Nicaragua en noviembre de 2019. La policía allanó la nueva sede de Confidencial en mayo de 2021, y en junio, Chamorro anunció que él y su esposa habían abandonado el país definitivamente luego de una redada policial en su casa y en la de algunos de sus familiares. En agosto de 2021, el Ministerio Público de Nicaragua informó que Chamorro estaba siendo acusado de los delitos de lavado, apropiación y retención indebida y manejo abusivo de dinero, bienes y activos.
Canela dijo que lo que le preocupa más es que las acusaciones indebidas de delitos financieros, además de silenciar a periodistas y medios de comunicación, también atacan la credibilidad, “el mayor activo del periodismo”.
“Existe una intención muy clara de desacreditar al periodismo como institución relevante para la democracia”, dijo. “Si comienza a haber una serie de casos en los que se dice ‘estos periodistas en realidad no pagan impuestos, lavan dinero, evaden impuestos’, la frágil, lamentablemente, conexión de credibilidad que existe entre la sociedad y los periodistas en particular y con el periodismo como institución se volverá aún más frágil”.
Canela dijo que el ataque de algunos gobiernos contra el periodismo se enmarca en un contexto de “ataque a los sistemas de pesos y contrapesos de la sociedad”, pues el periodismo es parte de ese sistema al investigar y exigir rendición de cuentas a las autoridades públicas ante la población.
“Cuando un actor autoritario llega al poder, generalmente hace dos cosas simultáneamente: censura a la prensa y reduce la independencia del Poder Judicial”, dijo Canela. “A los actores autoritarios no les gustan los periodistas ni los jueces independientes. Este fenómeno que estamos viendo –y esta investigación [de la Unesco] es parte de ese rompecabezas– apunta a eso”.
