El asesinato del equipo del diario El Comercio a manos de un grupo disidente de la guerrilla colombiana de las Farc en 2018, marcó un antes y un después en el tema de seguridad para la prensa en Ecuador.
Fue precisamente este crimen y la presión que a raíz de este hicieron gremios periodísticos y organizaciones de la sociedad civil, lo que llevó a la creación del Mecanismo de Protección de Periodistas en el país.
Sin embargo, defensores de la prensa criticaron la eficacia del mecanismo para proteger a periodistas. Las alarmas se hicieron aún más fuertes cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa se negó a aprobar el presupuesto para su funcionamiento para 2024 y 2025.
“Esta negativa constituye un grave atentado contra el periodismo ecuatoriano, que ya enfrenta un ambiente hostil para ejercer su labor”, señaló la organización de defensa de la libertad de prensa Fundamedios en un comunicado el pasado 29 de mayo cuando se conoció la negativa de aprobar los US $784.000 dirigidos a este y el próximo año. De ese total, US $66.000 iba dirigido al fondo de emergencia para proteger periodistas, según Fundamedios.
“[Genera] mucha preocupación. La situación sigue deteriorándose, la falta de garantías para el trabajo periodístico en el Ecuador se vuelve más complicado todos los días y preocupa mucho esta falta de compromiso del Estado, del gobierno de Daniel Noboa con la seguridad y protección de periodistas”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, a LatAm Journalism Review (LJR). sobre la negativa de otorgar fondos al mecanismo.
De acuerdo con Ricaurte, los niveles de violencia contra la prensa han estado altos desde 2022. Durante ese año, el más violento desde 2018, Fundamedios registró 356 ataques contra la prensa. En 2023 fueron 265 agresiones, y durante los primeros cinco meses de este año, la organización ya había registrado 95 agresiones.
“Yo creo que los niveles se mantienen. Los niveles de agresiones, amenazas, atentados contra periodistas de los dos últimos años se mantienen en este 2024”, dijo Ricaurte quien destacó como particularmente grave lo sucedido en la sede de TC Televisión de Guayaquil. El pasado 9 de enero, un grupo armado ingresó a las instalaciones de TC Televisión mientras se transmitía en vivo un noticiero. Aunque no hubo fatalidades, los impactos psicológicos en los periodistas todavía se mantienen.
Para 2024, Ecuador bajó 30 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras anualmente. En la clasificación de 2023, Ecuador ocupó el puesto 80, mientras que en 2024 ocupó el 110, entre 180 países.
El Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico tuvo sus inicios en 2018 cuando Javier Ortega, Paúl Rivas, Efraín Segarra -- miembros de un equipo del diario El Comercio – fueron asesinados durante la cobertura del conflicto en la frontera de Ecuador y Colombia.
El entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se comprometió a la creación de un mecanismo ante la presión interna e incluso internacional como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para mayo de 2019, se estableció el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación que tenía como objetivo “implementar mecanismos de protección” para trabajadores de la prensa que por su ejercicio pudieran poner en riesgo su vida.
Las críticas a ese Comité tenían que ver con la falta de participación de la sociedad civil y de periodistas, así como por haber reducido la protección a periodistas que cubrían cuatro temas: corrupción, trata de personas, contrabando de mercancías y tráfico de drogas.
“[Fue] sólo como un saludo a la bandera”, dijo a LJR Ricardo Rivas, hermano de Paúl, quien agregó que el Comité estaba conformado solamente por cinco ministros de Estado.
Para Rivas la protección de periodista se volvió un tema personal después de vivir el asesinato de su hermano. Por eso, ha estado vinculado al camino del mecanismo, y conoce de primera mano la presión ejercida de parte de la sociedad civil hasta lograr la reforma y aprobación de la nueva Ley de Comunicación en 2022.
Dentro de esta nueva Ley, se creó el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico bajo el mandato del entonces presidente Guillermo Lasso. En agosto de 2023, se estableció el reglamento que permite la operación del mecanismo finalmente.
Sin embargo, tanto Ricaurte como Rivas coinciden en que faltó una previsión sobre cómo podría funcionar el Mecanismo especialmente lo relacionado con recursos. Ni la Ley ni el Reglamento dejaron claro cuál sería el presupuesto del mecanismo o de dónde saldría, según Ricaurte.
“En la ley no se había contemplado el presupuesto para financiar al mecanismo, y en el Reglamento eso se trata de subsanar con una disposición que señala que el Estado debe asegurar los recursos para el funcionamiento del mecanismo”, explicó Ricaurte.
La solución fue el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Este Consejo de Comunicación, creado desde la Ley Orgánica de Comunicación que creó el expresidente Rafael Correa, pasó de ser el ente que vigilaba los medios a ser una entidad encargada de la protección de periodistas. El Consejo supervisa el Mecanismo y, en teoría, está a cargo de su presupuesto.
En busca de hacer un Consejo “más plural” y no tan dependiente del Poder Ejecutivo, explicó Ricaurte, actualmente está formado por delegados. Uno de ellos es él, quien representa a la sociedad civil.
Y aunque es un ente aparte del Mecanismo de Protección, las acciones que pudiera realizar el Mecanismo están coordinadas por el Consejo.
En enero de 2024, se decidió que la presidencia del Mecanismo estuviera en manos de Ricardo Rivas. El Mecanismo, explicó Rivas, tiene tres ámbitos principales de trabajo: prevención, protección y medidas urgentes, y una unidad técnica.
Por ejemplo, en el área de prevención se incluyen capacitaciones a miembros de la sociedad civil y fuerzas de seguridad. Y en el área de protección se incluyen las medidas que requieren los periodistas amenazados y/o agredidos.
Sin embargo, debido a la falta de presupuesto, el Mecanismo como tal no cuenta con un equipo de trabajo estable. Rivas es un presidente ad honorem, que cuenta con la ayuda de dos funcionarios del Consejo de Comunicación en calidad de “préstamo”.
Junto a ellos ha intentado darle forma a temas iniciales como procesos y reglamentos del mecanismo. Asimismo, utiliza recursos del Consejo que le permite al Mecanismo realizar actividades sin usar mucho dinero: sus plataformas, softwares, e incluso otros funcionarios expertos en áreas administrativas y jurídicas cuando es necesario.
“Lo que sucede es que el Consejo de Comunicación su presupuesto casi el 90 o 95% se va en pagos [de personal]. Entonces tampoco tienen dinero para solventar el sistema del mecanismo”, dijo Rivas.
LJR solicitó hablar con la Secretaria de Comunicación de la Presidencia, así como con la presidencia del Consejo de Comunicación, pero hasta el cierre de este artículo no había recibido respuesta.
Ante el panorama de violencia contra la prensa que vive el país así como la falta de herramientas para poder que el mecanismo funcione como debería, el apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad civil ha sido vital para poder dar algunas ayudas a periodistas en peligro.
Ante este vacío, Ricaurte explica que se creó la Mesa de Coordinación de Protección a Periodistas. Esta iniciativa no gubernamental está compuesta especialmente por organizaciones como Periodistas Sin Cadenas, Fundamedios, Nos Faltan Tres o medios como GK y Plan V.
“Organizaciones que hemos estado trabajando en los temas de protección”, dijo Ricaurte. “Entonces sociedad civil independientemente de la actuación del Estado seguimos trabajando, seguimos articulándonos, seguimos estableciendo acciones de protección para periodistas”.
El trabajo de esta Mesa así como la búsqueda de Rivas de alianzas y acciones por parte de entidades del Estado han logrado exiliar a 14 periodistas en los últimos años, y reubicar internamente a otros periodistas. También han buscado ayuda con entes del Estado en caso de que un periodista requiera medidas de protección – como escoltas – o botones de pánico.
Rivas también está analizando la opción de buscar recursos en organizaciones internacionales. Esta posibilidad quedó establecida en la Ley que le permite al Mecanismo buscar recursos por fuera del Estado.
Esto no es muy fácil y no es lo ideal, señala Rivas. Se pensó que la presión de entidades como RELE de la CIDH o de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) iban a tener algún impacto positivo en el mecanismo. De hecho, durante la visita de la SIP al país el 20 de marzo pasado, el presidente Noboa firmó las Declaraciones de Chapultepec y de Salta, compromisos para promover la libertad de expresión. Por su parte, la SIP hizo un llamado para “fortalecer y dar prioridad al Mecanismo de Protección de Periodistas”, en una rueda de prensa.
También en marzo, la RELE publicó un comunicado en el que hace el mismo llamado: “fortalecer su seguridad, así como también el mecanismo de protección en Ecuador”. La Relatoría destacó la creación del mecanismo, pero advirtió “sobre las incertidumbres que aún persisten, las cuales podrían afectar su efectividad en un momento crítico donde su funcionamiento es especialmente necesario. La Oficina de la Relatoría Especial, en su compromiso con esta iniciativa, ha ofrecido su cooperación técnica en el proceso de implementación”.
Sin embargo, Rivas y Ricaurte ven una reticencia de parte de la Presidencia del país incluso para hablar con la sociedad civil.
“No ha pasado absolutamente nada”, dijo Rivas. “A mí me da mucha pena ver que, desde el gobierno de Moreno, o sea dos gobiernos anteriores, realmente no le han dado la importancia que merece este pilar que es fundamental en un país democrático”.
