La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador fue la causa del último enfrentamiento entre el gobierno del país y los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
El enfrentamiento comenzó cuando el pasado 3 de noviembre, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alertaron “sobre los graves efectos que tiene” la LOC y la manera como esta es aplicada. Asimismo instaron a las autoridades del país “a adecuar la normativa a los estándares internacionales en la materia”, según el comunicado.
Aunque desde que fue aprobada en 2013 la LOC ha recibido críticas no solo de estos organismos sino de otras organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales y nacionales, sí fue la primera vez que los dos relatores expresaron de manera conjunta las preocupaciones que les genera la aplicación de esta ley.
Según los relatores, la manera como esta ley es aplicada “ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno”.
También llamaron la atención sobre ciertas obligaciones establecidas por la ley que “carecen de contenido jurídico preciso” y las “severas sanciones” que esta impone, inhiben la libertad de expresión y de opinión en el país.
En esta línea, criticaron el trabajo de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) – una entidad creada por la LOC para monitorear a los medios e imponer las sanciones que considera necesarias – y la señalaron de ser suficientemente independiente de la rama Ejecutiva lo que tiene “un efecto paralizante e inhibitorio en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación en Ecuador”.
“Cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar expresamente fijada por la ley y aunque persiga objetivos legítimos – asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas –, y ser proporcional, y necesaria en una sociedad democrática”, recalcaron los relatores según el comunicado.
Los relatores señalaron estar preocupados por las obligaciones de la ley que protegen el honor y la reputación de los funcionarios públicos, de acuerdo con el comunicado, así como las del derecho a la rectificación y respuesta. Sobre este tema, resaltaron las sanciones impuestas a los diarios como El Universo y La Hora que “han sufrido imposición de información y sanciones económicas desproporcionadas”.
Fue precisamente la parte relacionada con la Supercom lo que provocó que el líder de esta entidad, el superintendente Carlos Ochoa, ofreciera este 8 de noviembre una conferencia de prensa y un comunicado público para rechazar lo expresado. También los invitó a que “asuman el papel para el que fueron designados, este es el de defender la libertad de expresión como un derecho colectivo y no como un mero aparataje en defensa de la estructura económica y del poder político que permitió la conformación de monopolios y oligopolios mediáticos en la región y el mundo y a los que hoy parece que los relatores en mención definitivamente representan”.
Para el Superintendente, lo expresado por los relatores es una muestra de su desconocimiento de Ecuador y de la LOC, y aseguró que el trabajo de la Supercom se ciñe a estándares internacionales así como a la Constitución del país.
“Es claro que los relatores replican el discurso de algunos medios de comunicación que se presumen por encima de la Ley y acogen criterios de agrupaciones como Fundamedios, Aedep y la SIP, vinculadas, no solo económicamente a ellos sino incluso a la propia Comisión Interamericana de la que han recibido financiamiento, lo cual podría ser legal, pero de ninguna manera ético”, señaló el superintendente Ochoa.
Asimismo, para desmentir el tema de las sanciones económicas “desproporcionadas” impuestas a los medios utilizó las cifras de la institución. “En tres años de funcionamiento apenas se ha recaudado algo más de seiscientos mil dólares, mientras que los activos de los medios declarados por ellos mismos el año pasado a la Superintendencia de Compañías, alcanzan los 513 millones de dólares, lo cual desvirtúa esta afirmación. Además, si no existieran violaciones a la Ley, no habría necesidad de imponer sanciones”.
Para su segundo aniversario en 2015, la Supercom anunció que había impuesto multas por US 274.000 dólares. Esto quiere decir que en el último año impuso multas por más de US 320.000 dólares.
Y aunque Ochoa le restó importancia a los múltiples casos en contra de El Universo y La Hora, y aseguró que no se trata de una persecución, lo cierto es que algunos de estos han generado indignación. Según Ochoa la persecución no existe porque la mayoría de los procesos en contra de cada uno de estos diarios no fueron iniciados de oficio, es decir, por la Supercom, sino por otras organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos. Ochoa dijo que de los 17 procesos en contra de El Universo, uno fue iniciado de oficio, mientras que para el caso de La Hora fueron seis los iniciados de oficio de los 25 en su contra.
Ochoa culminó su presentación asegurando que si los relatores hubieran pedido esta información, la entidad la hubiera proporcionado. No obstante, los relatores también culminaron su comunicado asegurando que enviaron una carta a Ecuador solicitando información sobre estos casos y preocupaciones. Aseguraron también que esperan esta respuesta para “abrir un diálogo” con las autoridades de ese país.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
