A pesar de ser común el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información (LAI) en Brasil, los funcionarios públicos no están siendo sancionados por dicha práctica, según la organización sin fines de lucro Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y del derecho a la información. El informe fue lanzado en conmemoración a los cinco años de la ley, que entró en vigor el 16 de mayo de 2012.
"Nosotros investigamos si, en estos cinco años, alguien sufrió sanciones, y no encontramos ningún caso en el país. La ley prevé desde una advertencia verbal hasta la expulsión y la imposición de castigos más severos, como irregularidad administrativa. Pero en la práctica eso no ocurre. Antes, los servidores públicos eran castigados por pasar la información, entonces es un cambio importante que ahora sean castigados por el motivo contrario. Eso aún no ha sucedido", dijo Joara Marchezini, coordinadora de Acceso a la Información de Artículo 19 en Brasil, al Centro Knight.
La falta de fiscalización y de incumplimiento de la LAI es uno de los principales desafíos señalados por entidades periodísticas y de derechos humanos en el quinto aniversario de la norma.
En un artículo para el diario Folha de S. Paulo, Abraji (Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, por sus siglas en portugués), Artículo 19, Conectas Derechos Humanos y Transparencia Brasil defendieron la creación de un órgano nacional independiente y especializado, que pueda implementar y fiscalizar el cumplimiento de la LAI en todas las esferas y niveles de poder.
La reivindicación es antigua, según las entidades. "Esta es una demanda que ya existía desde el primer año de la LAI, ya teníamos identificado ese vacío en la ley", comentó Marchezini. No obstante, representantes de las mismas organizaciones afirmaron que, lamentablemente, la creación de un órgano es una realidad lejana.
"La lucha ahora es mantener lo que ya está funcionando, la creación de algo nuevo es difícil. Además de la sociedad civil, no veo una preocupación respecto de ese tema. Y tenemos miedo de hablar al respecto, no vaya a ser que los políticos decidan empeorar la ley. Pero un órgano de fiscalización es muy necesario, en algún momento eso necesitará ser discutido", dijo al Centro Knight la gerente ejecutiva de Abraji, Marina Atoji.
La estrategia de garantizar lo que ya se ha conquistado tiene que ver con retrocesos recientes. Según el informe de Artículo 19, los órganos de control como la Contraloría General de la Unión (CGU) han sufrido un debilitamiento, con recortes presupuestarios, pérdida de recursos humanos y de nivel. Debido a la ausencia de un órgano fiscalizador de la LAI, la CGU asumió en parte ese papel, llegando a extrapolar su esfera de acción, que en principio se restringe al Poder Ejecutivo Federal. La Contraloría es, por tanto, considerada fundamental para una mejor aplicación de la LAI en Brasil.
"Esta tenía el nivel de un superministerio, pero acabó perdiendo su vínculo con la Presidencia. Ahora, la CGU se encuentra en el mismo nivel de jerarquía de los ministerios que debe fiscalizar. Esta es una instancia de apelación, pero con el mismo nivel jerárquico. La idea era que esos organismos se fortalezcan, pero comenzaron a retroceder, en términos de autonomía política. Es una medida de represión misma", afirmó Marchezini.
El mismo proceso ocurrió en el municipio de São Paulo a principios de 2017, cuando la Contraloría General del Municipio (CGM-SP) perdió el estatus de secretaría y fue absorbida por la Secretaría Municipal de Justicia.
Sin un órgano central y con la CGU debilitada, las entidades periodísticas y de derechos humanos resaltaron que el cumplimiento de la ley es extremadamente heterogéneo en el país. La aplicación varía en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial -siendo este el poder considerado menos transparente- en las esferas federales, estaduales y municipales. En algunas ciudades, en las grandes, la ley simplemente es ignorada.
Según la investigación de Transparencia Brasil y de Abraji, en el marco del proyecto Achados e Pedidos (Perdidos y Encontrados), existen casos en que incluso es imposible enviar la solicitud de información. Las entidades hicieron 212 pedidos a los órganos federales, estaduales y municipales, de los tres poderes, y apenas el 25% de estos fueron atendidos o parcialmente atendidos. El 56% de los casos no obtuvo respuesta, y 19% de estos vieron su pedido denegado.
"Como existe una autonomía federal, cada esfera tiene autonomía para implementar la ley. Entonces, termina dependiendo mucho de la voluntad del funcionario público y de la presión de la sociedad civil", afirmó Juliana Sakai, coordinadora de investigación de Transparencia Brasil, al Centro Knight.
Sakai aún recuerda una respuesta que demoró más de dos meses en llegar. El informe de Artículo 19 también contó un caso en que la información sobre el impacto ambiental de una construcción llegó cuando la obra ya había concluido.
"Entonces no es solamente importante garantizar el acceso a la información, sino también que sea en tiempo hábil, para que usted consiga tener una participación efectiva y un cambio", explicó Marchezini.
Para los periodistas, el tiempo de respuesta es una cuestión aún más relevante. "La LAI ya tiene un plazo de atención que es muy diferente a la fecha de cierre de los periodistas y, en muchos casos, el plazo no se cumple", afirmó Atoji.
La demora de la respuesta puede tener una serie de causas, como problemas de gestión o hasta de intención de no proporcionar el dato, pero también hay dificultades en la producción de información. La falta de equipo, recursos e incentivos para procesar los datos hace que muchos funcionarios públicos aleguen el "trabajo adicional" como justificación para no atender los pedidos.
"Hay un abuso de esa justificación del trabajo adicional. Si usted no tiene inversión de recursos y materiales para producir datos, siempre será necesario el trabajo adicional. Por eso también la producción de información y la transparencia activa son importantes para que cada pedido no choque con la cuestión del trabajo adicional", afirmó la directora ejecutiva de Conectas, Juana Kweiter, en un evento sobre los cinco años de la LAI.
Además de Kweitel, representantes de entidades periodísticas destacaron la importancia de la transparencia activa, esto es, cuando los órganos divulgan de forma fácil, eficiente y constantemente estadísticas y datos de interés público en sitios, por ejemplo. Eso evita también que varios pedidos de información sobre un mismo tema sean realizados, ahorrándole trabajo a los organismo públicos.
"La transparencia activa en Brasil aún es muy fallida. Y, para un periodista, esta es muy importante. Usted no necesita pedir la versión oficial, de asesoría de prensa, para cubrir datos oficiales. Y puede hacerlo, muchas veces, con mayor profundidad y transparencia activa que una respuesta del propio órgano", afirmó Atoji.
Identificación del periodista
Uno de los principales problemas de la aplicación de la LAI actualmente es la identificación del solicitante, lo que puede interferir en el acceso a la información o colocar en riesgo a la persona que realiza el pedido.
"En muchos casos, el pedido de información circula con el nombre del solicitante. Eso puede ser peligroso, principalmente cuando son personas conocidas o viven en ciudades pequeñas. Además, sabemos que el mismo pedido es respondido o no dependiendo de quién solicitó la información", alertó Kweitel. Según ella, es importante crear mecanismos de protección para los datos personales del solicitante sin, no obstante, tener que modificar el texto de la LAI.
Atoji afirmó que la identificación perjudica mucho el trabajo de los periodistas. "Ellos enfrentan más dificultades que otras personas para obtener respuesta. Desde una demora mayor, hasta ser direccionado o atendido por la asesoría de prensa, y no por el órgano que posee la información. Y la respuesta de asesoría no es propia de un órgano técnico. Eso ocurre en el gobierno federal y con mayor intensidad en las esferas locales", dijo ella.
A pesar de los problemas, los especialistas dijeron que también hay motivos para conmemorar los cinco años de la ley. El informe de Artículo 19 afirmó que hubo un progreso considerable en el volumen de informaciones accesibles a la gente, varios órganos públicos implementaron prácticas de transparencia activa y sistemas para la solicitud de información, y aumentó el uso de la LAI por investigadores y periodistas.
"Es muy difícil cambiar de una cultura nacional de sigilo bien enraizada a una de transparencia. Pero, desde una perspectiva histórica, continuamos avanzando. Por lo menos nosotros tenemos la ley, que es buena", afirmó Marchezini.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
