2024 es un “gran año electoral”, según la Unesco: 2.600 millones de personas acudirán a las urnas este año en todo el mundo. En Brasil, se espera que alrededor de 160 millones de ellas voten en las elecciones municipales que tendrán lugar en octubre.
Un informe reciente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués) destaca una tendencia en contextos electorales en Brasil con impacto directo en la democracia y la libertad de prensa: demandas presentadas por candidatos y partidos políticos pidiendo la eliminación de contenidos periodísticos e informativos relacionados con el proceso electoral.
El informe “Procedimientos judiciales contra periodistas en las elecciones de 2022: ¿cómo afectan la censura y el acoso judicial a los procesos políticos y a la democracia brasileña?” fue publicado por Abraji a mediados de diciembre. El estudio se realizó a través de Ctrl+X, un proyecto de la organización que monitorea la eliminación de contenidos y el acoso judicial contra periodistas. Las investigadoras Marianna Haug y Rachel Drobitsch se centraron en los casos registrados ante el Tribunal Electoral contra periodistas y medios de comunicación que solicitaron la eliminación de contenidos y que “pueden haber, de alguna forma, alterado el curso de la campaña electoral” en 2022, como escribieron en el informe.
El estudio encontró que, en comparación con las elecciones generales de 2018, hubo un aumento del 14% en el número de procesos de este tipo en 2022, de 218 a 249. Según las investigadoras, “la gran mayoría de los procesos versaron sobre temas como desinformación, libertad de expresión, difamación de políticos e igualdad entre candidatos y en el proceso electoral”.
Al menos un tercio del contenido objeto de los procesos fue eliminado del aire. Según las investigadoras, “corresponde cada vez más al poder judicial definir los contornos de la libertad periodística y el control sobre lo que puede o no afectar el proceso electoral”.
Letícia Kleim, asistente legal de Abraji y revisora del informe, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que el proyecto Ctrl+X, que existe desde 2014, históricamente ha registrado un aumento en el número de demandas solicitando la eliminación de contenidos en años electorales.
“Esto nos hace tener una mirada más centrada en estos procesos electorales, porque entendemos que en el periodo electoral es cuando la información periodística – investigaciones, artículos y reportajes – tiene mayor impacto colectivo y social en la defensa de la democracia. El hecho de que los ciudadanos no tengan acceso a información periodística durante este periodo electoral puede causar un gran daño, porque esto puede afectar las decisiones que tomará la población en ese momento”, dijo Kleim.
Drobitsch señaló que muchos de estos casos no llegan a los tribunales una vez finalizado el periodo electoral, ya que se refieren a disputas relacionadas con las elecciones y pierden su razón de ser después de las elecciones. Por lo tanto, las decisiones que toma el Tribunal Electoral en este contexto tienden a ser definitivas.
“Cualquier tipo de remoción [de contenido], ya sea en una decisión de fondo, en una sentencia o incluso en una decisión de amparo dentro de un Tribunal Electoral Regional o del TSE [Tribunal Superior Electoral] es sumamente importante, porque generalmente este contenido permanecerá para siempre fuera del aire”, dijo Drobitsch a LJR.
El estado de Amazonas, en la región norte de Brasil, representó casi el 25% del total de procesos analizados (62). Aunque es el estado más grande de Brasil por extensión, contiene menos del 2% de la población del país, y la mayor parte de su territorio está cubierto por la selva amazónica. También fue el estado con mayor proporción de casos concedidos por los tribunales: 35,5%, por encima de la tasa nacional del 33,7% de casos concedidos. Es decir, fue donde la Justicia autorizó más la eliminación de contenidos a petición de candidatos y partidos políticos.
Amazonas también fue el estado con más casos de este tipo en las elecciones de 2018 (15,6%). En aquella ocasión, Jair Bolsonaro, ganador de las elecciones presidenciales, fue el político que emprendió más acciones legales contra medios de comunicación que pedían la eliminación de contenidos en todo el país. En 2022, tres candidatos al gobierno de Amazonas fueron los políticos que más solicitaron la eliminación de contenidos en el país: Carlos Eduardo de Souza Braga (11,4% del total), Amazonino Armando Mendes (4,5%) y Wilson Miranda Lima (2,8%) , quien fue reelegido y ahora es gobernador del estado.
Entre los ejemplos citados en el informe se encuentran las “acciones repetitivas” interpuestas por Mendes solicitando la eliminación de contenidos sobre su estado de salud. El entonces candidato, de larga trayectoria política en Amazonas, tenía 82 años durante la campaña electoral y algunos medios amazónicos publicaron artículos sobre su supuesta “salud debilitada”. En la base de datos de procesos analizados en el estudio, LJR identificó al menos 10 de estas acciones.
Mendes no fue elegido. A finales de noviembre, menos de un mes después de la segunda vuelta electoral, fue hospitalizado en São Paulo. En febrero de 2022, Mendes murió en el hospital, a los 83 años.
Además de que Amazonas tiene los tres políticos que más interpusieron este tipo de acciones legales en las elecciones de 2022, las investigadoras también destacaron que el estado tiene un Poder Judicial “que se involucra más en el control de los medios”, como dijo Drobitsch.
“Lo que intentamos resaltar [en el informe] es que no es sólo la acción unilateral de los políticos, sino que también el Poder Judicial en Amazonas tiene un mayor número de solicitudes concedidas”, dijo la investigadora. “Si fuera una acción sólo de los políticos que más persiguen, podríamos decir que se debe a cierto localismo (...), pero vemos la postura de un Poder Judicial que también concede las peticiones y termina actuando como un mayor fiscalizador de la prensa, casi como un censor de contenido mediático”, afirmó.
Haug señaló que, en comparación con otros estados, incluido São Paulo, el estado más poblado de Brasil, el poder judicial en Amazonas parece tener mayor peso a la hora de “definir el rumbo de las elecciones”. Además, “las disputas sobre la selva [amazónica], sobre el medio ambiente, fueron muy discutidas en estas elecciones y fueron un verdadero campo de disputas de estrategia política, por lo que quizás [Amazonas] sería un espacio más sensible a esto”, dijo.
Kleim dijo que los resultados presentados en el informe hacen sonar la alarma sobre el potencial uso de procesos legales para silenciar a la prensa durante las elecciones municipales de 2024.
“Hemos observado un mayor número de procesos en años electorales, es decir, la tendencia es que haya un gran número de procesos también [en 2024]. Creo que en estas acciones pueden aparecer discusiones sobre desinformación y el uso de inteligencia artificial, que cada año se vuelven más complejas”, afirmó.
El debate sobre la desinformación estuvo presente en los argumentos de los jueces de los tribunales electorales para conceder o rechazar procesos relacionados con las elecciones de 2022, señaló el informe.
En los casos en que el Tribunal autorizó la eliminación de contenidos, el principal argumento de los jueces fue que se trataba de “desinformación o fake news”. En los casos en los que el Tribunal denegó la eliminación de contenidos, la principal justificación fue que no se trataba de una “noticia comprobadamente falsa o desinformación”. En los argumentos de los jueces también apareció con frecuencia, según el informe, “el argumento de que la defensa de que es necesaria la defensa de la libertad de expresión y que el Poder Judicial no puede desempeñar el papel de vigilancia y fiscalización de la prensa, pues viola un derecho constitucional”.
Estos procesos han trasladado “los debates políticos sobre la función social de los medios de comunicación al poder judicial”, afirma el informe.
Para Drobitsch, el Poder Judicial brasileño necesita “directrices claras” para juzgar casos que afectan las libertades de prensa y expresión.
“Cada vez que se lleva un caso [a la Justicia] que está permeado de subjetivismo, no se juzga a partir de lineamientos claros y se retira del aire contenidos, se están afectando las libertades periodísticas, de expresión, de información, de prensa. Y entonces tenemos que pensar: ¿qué tipo de electores queremos en los próximos años?”, preguntó.
“Creo que el TSE será cada vez más incisivo, incluso [en 2024] después de los actos antidemocráticos [del 8 de enero de 2023, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial]. Creo que la tendencia es tener un TSE más activo, y debemos preguntarnos de qué forma eso es bueno y de qué forma es malo”.
