Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, la vía judicial ha demostrado ser un medio eficaz para obstaculizar el funcionamiento de los medios de información, especialmente los más pequeños, y para silenciar las críticas de los periodistas y blogueros en Brasil. Una línea de tiempo diseñada por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas muestra que, sólo en el 2012, el país registró 16 casos en que los tribunales han sido utilizados como instrumentos de censura.
La línea de tiempo "Censura judicial en Brasil" (haga clic aquí para acceder a ella) es una herramienta interactiva diseñada para el acompañamiento de los casos de censura ocurridos desde comienzos del 2012 y será actualizada constantemente. Las cifras ya registradas demuestran que estos no son casos aislados y que constituyen una verdadera amenaza a la libertad de expresión e información en el país.
La mayoría de los acosos judiciales buscan eliminar los contenidos publicados por medios informativos y provienen de autoridades públicas. Muchos tienen éxito, particularmente en primera instancia. Es el caso, por ejemplo, del periódico digital Século Diário, del estado Espírito Santo, obligado por un juez a retirar cinco publicaciones - tres artículos y dos editoriales- sobre la actuación de un fiscal.
También por orden judicial, el Jornal do Povo, del municipio Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul) tuvo que retirar de Internet artículos sobre una investigación del Ministerio Público relacionados con la compra de votos, por lo que a la prensa de Campo Mourão (Paraná) se le impidió mencionar el nombre de la candidata electa a la alcaldía local.
Los casos más graves tienen que ver con solicitudes de indemnización que pueden significar el certificado de defunción de algunos medios. Esto fue lo que ocurrió con el diario Já, una publicación pequeña de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), que circuló durante 26 años y finalizó sus actividades al ser condenado a indemnizar por daños morales a la madre del ex-gobernador gaucho Germano Rigotto.
No obstante, no son solamente los reveses judiciales los que amenazan las actividades de los periodistas, blogueros y medios. Una avalancha de acciones judiciales, en la misma época, y contra un solo objetivo, como le ocurrió al sitio web Congresso em Foco y al periodista Fernando Pannunzio, volvieron inviables la participación en todas las audiencias y el pago de los gastos de representación ante la justicia.
Incluso sin haber finalizado los dos primeros meses, el 2013 ya tiene dos casos emblemáticos. El primero es la condena contra Lúcio Flávio Pinto, uno de los periodistas más respetados de Brasil, a pagar una indemnización cercana a los $200 mil dólares, al empresario Romulo Maiorana Júnior, por publicar una historia sobre las compañías de medios del empresario. El segundo es la denuncia penal del Ministerio Público de Sergipe contra el periodista José Cristian Goés por un texto de ficción publicado en su blog en Portal Infonet.
El acoso judicial está identificado como el principal obstáculo para la libertad de prensa en Brasil de acuerdo con organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y Freedom House. Ello también contribuyó al mal resultado de Brasil en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), ocupando el puesto 108 entre 179 países después de descender por segundo año consecutivo.
En respuesta a esta situación, el Consejo Nacional de Justicia creó en noviembre del año pasado, el Foro Nacional de Justicia y Libertad, una comisión para acompañar los procesos judiciales relacionados con la libertad de prensa. Después de tres meses, la entidad aún no ha elegido a sus miembros, que tendrá representantes del poder judicial y de los medios.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
