Por Maira Magro
Luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciara un proceso contra los diarios Clarín y La Nación por apropiación ilegal de Papel Prensa durante la ditadura militar (1976-1983), ambos periódicos y el gobierno están enfrascados en un debate lleno de declaraciones contradictorias sobre la transacción ocurrida en 1976.
El gobierno divulgó un informe que afirma que la papelera fue vendida por sus dueños bajo presión y amenazas, basado en el testimonio de Lidia Papaleo de Graiver, la viuda de David Graiver, el ex dueño de Papel Prensa.
Sin embargo, en una inserción publicada el miércoles 25 de agosto en Clarín y La Nación, Isidoro Graiver, el hermano de David Graiver, afirmó que la compraventa se realizó "sin amenaza ni extorsiones y en libertad”. El cuñado de Papaleo también aseguró a Clarín que nunca tuvo conocimiento de presiones sobre la viuda de su hermano. La Nación agrega que la hija de Papaleo, María Sol Graiver, negó tener reclamo alguno sobre la transacción, contrario a lo que sugirió el informe presentado por la presidenta argentina.
El gobierno respondió que las declaraciones de Isidoro Graiver se deben a una disputa familiar y que él no tuvo nada que ver con las negociaciones de la venta de Papel Prensa. Su inserción habría sido financiada por terceros, añade la agencia estatal de noticias Télam. El gobierno también salió al paso de las declaraciones de María Sol Gravier y explicó que ella sólo tenía 2 años al momento de la venta de la papelera.
Detrás de esta controversia hay una serie de denuncias cruzadas entre el gobierno y los principales grupos de medios del país, en especial Clarín. Las autoridades acusan al mayor multimedios argentino de prácticas oligopólicas, en tanto que Clarín acusa al gobierno de querer controlar a la prensa independiente y amenazar la libertad de expresión.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
