La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, coalición conformada por varias organizaciones de 19 países de América Latina y EE.UU., escribió una carta abierta a los senadores y otros funcionarios uruguayos expresando su preocupación por una serie de enmiendas propuestas a la Ley Pública de Acceso a la Información (18.381). Según el grupo, los cambios propuestos son "retrógrados" en su naturaleza y pueden limitar considerablemente el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental.
El documento fue firmado por los 23 miembros de la coalición regional con el fin de advertir sobre las consecuencias de aceptar las enmiendas propuestas a la Ley 18.381, que incorporarían nuevas causales de secreto y restricciones del gobierno sobre el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, agencia estatal encargada de supervisar este derecho.
Las modificaciones propuestas permitirían la retención de información tanto a los tribunales, si es que aún no hubieran tomado una decisión sobre un caso en particular, como a otros organismos gubernamentales durante los procedimientos de “control, evaluación, investigación y deliberación".
Otra propuesta admitiría clasificar como reservada o confidencial toda la información incluida en las solicitudes enviadas al gobierno.
Hasta el momento, el conjunto de enmiendas a la Ley 18.381 ha sido parcialmente aprobado por los miembros del Senado. El gobierno uruguayo comenzó a esbozar la nueva normativa el año pasado.
La Asamblea Nacional uruguaya aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en 2008. En aquel entonces, la Alianza Regional la describió como una de las leyes más avanzadas del continente en materia de acceso a la información pública.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
