Por Rafaela Sinderski, publicado originalmente por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji).
Ser periodista en contextos políticamente polarizados significa correr riesgos, especialmente cuando se es mujer y/o personas LGBTQ+. En 2022, año de una de las elecciones más reñidas de Brasil, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués) registró 557 casos de agresión contra profesionales de la prensa, de los cuales el 26% involucraba algún tipo, más o menos explícito, de violencia de género. De ese grupo, el 5% fue categorizado como episodios de violencia sexual, y el 57,1% de estos ocurrieron en internet. Estos datos provienen del monitoreo de ataques generales y violencia de género contra la prensa realizado por Abraji, en colaboración con la red latinoamericana Voces del Sur (VdS).
El año pasado, el monitoreo registró como violencia sexual amenazas de violación y casos de hostigamiento y acoso en línea y fuera de línea (offline). Se contabilizaron siete episodios de este tipo a lo largo de 2022, lo que significa que en siete situaciones diferentes, periodistas fueron víctimas de agresiones con connotaciones sexuales mientras intentaban hacer su trabajo.
Eran aproximadamente las 7 a.m. del 14 de septiembre de 2022 cuando María Fernanda Passos escuchó un mensaje de voz que recibió por mensaje directo en Instagram y que cambió el rumbo de su día. La periodista del Diário do Centro do Mundo (DCM) recibió amenazas de muerte y violación de un perfil con el nombre “Júlio Bordieri”, supuestamente residente en Porto, Portugal, según la información de la cuenta ya eliminada.
En el audio, la voz profería insultos contra la comunicadora, cuestionaba sus capacidades cognitivas y la amenazaba con violarla. Amenazar a su familia fue otra forma de intimidación utilizada por el agresor, quien decía en el mensaje: “Voy a violarte, matarte y matar a tu familia”. El ataque, motivado por un artículo de opinión sobre las elecciones presidenciales, impactó la vida personal y profesional de Passos de maneras que todavía puede sentir.
“Fue una violencia muy dura. Traté de resignificarlo, de no hacer lo que él quería, que era que me retractara, que me callara. Al contrario, seguí con más fuerza. Pero tengo miedo. Trabajo con miedo”, cuenta la periodista. El mensaje agresivo fue uno entre muchos otros que recibió durante el periodo electoral. Passos fue insultada varias veces en sus redes sociales, con ofensas que iban desde “periodista de mierda” hasta “vuelve a la alcantarilla”. La violencia parecía formar “parte del juego”, un precio a pagar por su trabajo periodístico y su posicionamiento político. Pero las amenazas que escuchó aquella mañana de septiembre alcanzaron otras proporciones y traspasaron nuevos límites. “Después de eso, seguí recibiendo ataques. Eso me dejaba un poco en pánico. No creo que me haya autocensurado [en el trabajo, después del mensaje de voz], pero cada vez que publicaba algo, me daba miedo escuchar eso nuevamente”.
El agresor nunca fue identificado, a pesar de que la periodista presentó una denuncia y un informe policial. Según los datos de Abraji, el 97% de las agresiones de género registradas en 2022 afectaron a mujeres cisgénero y transgénereo, y el 58,2% tuvieron su origen o repercusión en internet. En cuanto a la violencia sexual, más de la mitad (57,1%) ocurrió en línea. Todas las víctimas identificadas de agresiones sexuales el año pasado fueron mujeres.
Según la profesora Daniela Osvald Ramos, del Departamento de Comunicación de la Universidad de São Paulo (USP), el entorno digital tiene el potencial de intensificar la violencia de género: “[Las agresiones] siempre han existido de alguna manera, pero ahora encuentran un medio de proliferación a una escala, volumen e intensidad mucho mayores”, afirma.
Vinculada al Núcleo de Estudios de Violencia de la USP, Ramos sostiene que la intimidación en línea no es solo una expresión cotidiana más de machismo, sino una forma sistemática de alejar a mujeres y personas LGBTQIA+ periodistas del espacio público, reduciendo la diversidad de voces dentro y fuera de internet. “Generalmente, la reacción de quienes no viven esta realidad [de ser el blanco de violencia de género en línea] es sugerir una solución ‘simple’: abandonar las redes sociales. Esto revela cómo el espacio público sigue siendo negado a las mujeres que tienen una vida pública y opiniones propias, un refuerzo del patriarcado en pleno siglo XXI”.
Una investigación publicada por Abraji en diciembre de 2022 reveló patrones misóginos en el trato a mujeres periodistas después de las elecciones presidenciales. Los datos mostraron que el uso de términos como “vaca”, “perra” y “vagabunda” para insultarlas en Twitter aumentó un 300% en comparación con los 40 días anteriores al inicio de la campaña electoral, que comenzó el 16 de agosto. Para la profesora Ramos, estos ataques ya se han institucionalizado. “Infortunadamente, en los últimos cuatro años, el ciudadano brasileño ‘aprendió’ a hostilizar y atacar a periodistas en general, y en particular a las mujeres, siguiendo el ejemplo del expresidente de la República, de sus seguidores y familiares”, lamenta. ¿Cómo revertir este escenario? Según ella, es necesario regular las plataformas de redes sociales, centrarse en la educación mediática, combatir la violencia de género y sancionar ejemplarmente los casos graves de agresión y amenazas en el entorno digital. En esa dirección, existe el Proyecto de Ley Nº 2630/2020, conocido como el Proyecto de Ley de Fake News, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional y busca regular los contenidos publicados en redes sociales.
En marzo de 2022, durante la presentación del primer informe de Abraji sobre violencia de género contra trabajadores de la prensa, la magistrada del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia, destacó que los ataques a mujeres periodistas no son manifestaciones individuales de violencia: “Estos ataques van dirigidos contra la verdad de los hechos, el principio de justicia y la práctica de la democracia”.
El efecto de la violencia de género en las víctimas, amplificado en su alcance e intensidad por las herramientas de internet, es pervasivo y afecta profundamente su salud física y mental. Para Vanessa Lippelt, periodista especializada en cobertura política, las amenazas que recibió hace aproximadamente un año aún resuenan en su vida cotidiana. “Todavía estoy sufriendo todo esto”, afirma.
En junio de 2022, cuando era editora de un portal periodístico centrado en temas políticos, Lippelt recibió amenazas de muerte y violación por correo electrónico. El mensaje fue motivado por artículos sobre foros virtuales que se movilizaban para producir contenido desinformativo en favor del expresidente Jair Bolsonaro (PL). El texto agresivo en su contra iba acompañado de una foto de una pistola y los datos personales de la periodista. Sus hijas, menores de edad, también fueron objeto de amenazas. “Violan nuestros cuerpos, nuestra identidad, van tras lo más querido para una mujer, que son los hijos. Es cruel porque saben donde duele. Es un odio muy grande. Es como si quisieran decir que no podemos estar donde estamos, que tenemos que replegarnos a nuestra insignificancia como mujer”.
Según el informe “The Chilling: Global trends in online violence against women journalists”, un estudio global del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) y la UNESCO publicado en 2022, insultar, agredir y amenazar a familiares de mujeres periodistas es un recurso común utilizado para intimidarlas, interrumpir sus investigaciones y silenciar sus voces. Otra característica de la violencia de género contra las comunicadoras es que no es puntual, sino sistémica. Además de la agresión en sí misma, las mujeres periodistas deben enfrentar la revictimización causada por la reproducción irresponsable o descuidada de información que involucra los episodios, la falta de apoyo de las empresas para las que trabajan, la omisión de las plataformas de redes sociales y, en consecuencia, la impunidad para sus agresores.
Lippelt vivió y revivió estos diferentes estadios de violencia después del ataque. Según informó el periódico Metrópoles en abril de 2023, la justicia brasileña impuso una multa diaria de R$ 100.000 [cerca de US $20.000] a Google por negarse a proporcionar información sobre los correos electrónicos amenazantes. La Policía Civil del Distrito Federal identificó al sospechoso como un joven de 23 años, pero la corporación se negó a divulgar su nombre. “¿Cómo convivimos con esto? Aún hoy tengo que lidiar con la policía porque quiero que la persona [que hizo las amenazas] sea castigada. Pero, incluso después de encontrar una solución, quedarán las secuelas. Queda el miedo. No me arrepiento del artículo y sigo trabajando, pero de otra manera. Comparto toda la información que tengo, pero ya no me expongo más”, dice.
En cuanto a las secuelas que persisten, explica: “Vives con ansiedad, temiendo algunas cosas. Tengo miedo de contestar el teléfono. Cuando me llaman desde un número desconocido, no contesto. Tuve que poner varios filtros en mi bandeja de entrada de correo electrónico para dejar de recibir algunos tipos de mensajes. Cerré y perdí mis cuentas personales de Instagram y Facebook. ¿Qué queda? Aprender a lidiar con esto”.
Para combatir la violencia de género en línea, el proyecto “Segur@s en Línea” recopila y analiza datos sobre el tema en países de América Central y República Dominicana, además de proporcionar asesoría legal inicial para que las víctimas puedan buscar y encontrar justicia. Silvia María Calderón López, analista de políticas públicas del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec), la organización responsable del proyecto, destaca la importancia de abordar el tema, especialmente en territorios de América Latina. “Las legislaciones en América Central no tienen una tipificación específica para la violencia digital. Está invisibilizada. Por eso, nuestro principal objetivo es recopilar datos sobre el acoso y la violencia digital que pueden sufrir mujeres y otros grupos vulnerables”.
El grupo entiende como violencia digital cualquier “agresión cometida con la ayuda total o parcial de las Tecnologías de Información y Comunicación”. En Brasil, hay dos leyes que tipifican delitos en internet, ambas promulgadas en 2012: la Ley de Delitos Cibernéticos (12.737/2012), conocida como la Ley Carolina Dieckmann, que trata sobre la invasión de dispositivos informáticos; y la Ley 12.735/12, que estableció las comisarías especializadas en delitos digitales. También está el Marco Civil de Internet (Ley 12.965/2014), promulgado en 2014, que regula el acceso y la divulgación de datos personales en línea. Aun así, casos como los de María Fernanda Passos y Vanessa Lippelt siguen sin resolución, a pesar de que la violencia que han sufrido es condenable según el artículo 147 del Código Penal, que trata sobre amenazas y violencia psicológica contra la mujer.
La abogada Rita Mitre, también miembro de Ipandetec, afirma que plataformas como Twitter también son espacios de ataques a periodistas en países de América Central. “Con frecuencia, periodistas comparten información de interés público y son víctimas de desprestigio en línea. Esto es un intento de desvirtuar al profesional y atacar la libertad de prensa”, asegura. Para ella, la subregistro es uno de los mayores obstáculos que enfrentan quienes luchan contra estos ataques en línea. “Cuando hablamos de violencia digital de género, entran en juego la vergüenza y el miedo”.
María Elena García, tesorera de Ipandetec, completa el razonamiento: “Es importante que las víctimas sepan que no están solas, que pueden denunciar y recibir ayuda legal de organizaciones que trabajan en esto. También es necesario utilizar internet y redes sociales de manera segura”.
Consejos de seguridad digital del equipo de Segur@s en Línea:
Violencia política, de género y digital en Brasil en 2023
Abraji lanzó durante el 18º Congreso Internacional de Periodismo de Investigación el informe “Silenciando al mensajero: los impactos de la violencia política contra periodistas en Brasil”, con datos sobre ataques a la prensa durante los primeros meses de 2023. Para obtener más información, consulta este enlace sobre el informe.
*Rafaela Sinderski es periodista de datos e investigadora en la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji).
