La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, ha pasado por nueve periodos presidenciales desde su fundación en 1968. No sobrevivió al décimo presidente que tuvo la responsabilidad de dirigirla y que, en cambio, anunció la extinción de la agencia en su 55º año de existencia.
La saga que culminó con la desaparición de Notimex, anunciada en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye acusaciones de mala administración, censura y acoso a periodistas, presuntamente perpetradas por la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, en el cargo desde 2019. También incluye una huelga de los trabajadores de la empresa que lleva más de tres años en protesta por cientos de despidos y presuntos abusos laborales cometidos por Martínez.
La decisión de liquidar Notimex “es un reflejo del actual gobierno”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Al igual que otros expertos entrevistados por LJR, Bravo sostiene que si bien el desprecio del gobierno por los medios públicos es recurrente, la administración de López Obrador ha agravado la situación al intensificar el uso de los medios públicos para propaganda gubernamental.
“El desdén, el abandono, la poca importancia a los medios públicos no es de hoy; es de siempre, es histórico. Pero este gobierno hizo un poquito más en contra de los medios públicos: los convirtió en cadenas de transmisión de la propaganda, del oficialismo; no incrementó sus presupuestos; no tuvo una política pública; no modificó las leyes para fortalecerlos. No les importó, en pocas palabras, los medios públicos”, dijo Bravo.
La justificación que dio el presidente mexicano para cerrar Notimex es que “ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno”, como dijo el 14 de abril. “Desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos ‘La mañanera’”, dijo López Obrador, refiriéndose a la conferencia de prensa que ofrece todas las mañanas, durante la cual suele criticar a periodistas que publican investigaciones sobre su gobierno.
Para Bravo, “desgraciadamente” el Presidente tiene razón, porque el actual gobierno no necesita una agencia de noticias estatal para comunicar sus acciones. Sin embargo, es un error equiparar el papel de un medio de comunicación público con el de una rueda de prensa del presidente.
“Una cosa es una conferencia de prensa, es decir, una estrategia de comunicación política, que depende del presidente, del gobierno; y otra cosa es una institución, un medio público. Es cierto, la conferencia de prensa genera las notas, genera la información, impone la agenda [...]. Pero no es un medio público, no es una institución, mucho menos es independiente, plural y diversa, y no tiene la responsabilidad histórica de ser algo más y mejor”, dijo.
Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de Artículo 19 en México, considera que el gobierno mexicano decidió liquidar Notimex por su incapacidad para resolver el conflicto laboral surgido a principios de 2020 y para asumir los costes acumulados por la empresa en los últimos años.
“Ya es demasiado costoso tenerla”, dijo Saucedo a LJR. “Lleva tres años sin producir noticias porque no pueden, porque están en huelga. Esa es la razón, en realidad, porque la directora de Notimex hizo tan mal trabajo, se dedicó a atacar personas, violar derechos humanos, en lugar de ejercer sus roles como funcionaria pública [...]. [López Obrador] otra vez está desinformando y generando en la opinión pública narrativas e historias que no son ciertas para negar la verdad”, dijo.
Laura Martínez Águila, experta en comunicación pública y defensora de audiencias del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la radio pública del país, dijo a LJR que le parece “preocupante” la forma unilateral en que el gobierno ha estado tomando decisiones sobre Notimex. “La agencia no es del gobierno y no es de López Obrador: es una agencia del Estado mexicano”, dijo. Como tal, responde al artículo 6 de la Constitución mexicana, que establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, añadió.
“Esta eterna mezcla entre comunicación pública y comunicación gubernamental es lo que está ocurriendo con el cierre de Notimex”, dijo Águila.
Bravo también criticó la falta de transparencia en la liquidación de Notimex, ya que desde abril el gobierno no ha dado a conocer más información sobre el proceso.
“No es un proceso que esté público. No se ha publicado, no hay un decreto, no hay un acuerdo que diga que se está haciendo. Lo están haciendo al margen de la legalidad”, dijo.
LJR se puso en contacto con la Secretaría de Gobernación de México para solicitar información sobre el proceso de liquidación de Notimex, pero no recibió respuesta al cierre de este artículo.
Como agencia de noticias estatal, la misión de Notimex era cubrir temas de interés público en México y en el extranjero desde el punto de vista del Estado mexicano. Muchos medios de comunicación dentro y fuera del país publicaban contenidos de la agencia, que contaba con decenas de corresponsales a nivel internacional y en los estados mexicanos. También se apoyaba en el trabajo de los periodistas de su sede en Ciudad de México, la capital del país.
López Obrador, quien llegó al poder en diciembre de 2018, nombró en marzo de 2019 a Sanjuana Martínez, periodista de investigación galardonada a nivel nacional e internacional, como directora de Notimex. En los meses siguientes hubo más de 200 despidos en la agencia, según un informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). El Sindicato Unificado de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) afirmó que los despidos fueron injustificados y exigió la reinstalación de los trabajadores que acudieron a los tribunales para recuperar sus empleos y el pago de las prestaciones que se adeudan a quienes no regresarán. También acusó violaciones del contrato colectivo de trabajo y pidió su renegociación.
En julio de 2019, Martínez justificó los despidos alegando que correspondían a las medidas de austeridad y control presupuestario del Gobierno. También dijo que la agencia estaba dominada por “una mafia” y por la “corrupción” y que, como directora, estaba liderando un “proceso de transformación” en la empresa.
Un reportaje publicado en noviembre de 2019 en la revista Proceso, titulado “Caos en Notimex”, informó que la “supuesta cruzada de [Martínez] contra la corrupción sindical se ha convertido, según exempleados de la agencia, en ‘terrorismo laboral’ por la violación sistemática de los derechos de los trabajadores, amenazas, acoso y hasta la afiliación forzosa a un sindicato blanco que, además del caos legal, administrativo e informativo, tiene en una severa crisis a la agencia de noticias del Estado mexicano”.
En febrero de 2020, 11 meses después de la llegada de Martínez, SutNotimex inició una huelga, la segunda en toda la historia de la agencia -la primera, que duró dos horas, tuvo lugar en 1993, según el sindicato. La organización señaló que la huelga se debió a la negativa de la dirección a dialogar y en medio de “un ambiente de hostigamiento y acoso laboral emprendidos por Martínez, en el cual los trabajadores hemos sufrido maltrato, violencia de género y repercusiones económicas, así como despidos injustificados y difamación”.
Al día siguiente del inicio de la huelga, Notimex publicó un comunicado en el que afirmaba que la huelga había “fracasado” y que “el intento de paro de labores no tendrá efecto en la productividad, ya que la Agencia seguirá trabajando al cien por ciento”. La agencia continuó operando y la dirección realizó más despidos y contrataciones durante el periodo, lo cual, según la ley mexicana, está prohibido durante una huelga, informó el portal Expansión Política.
En junio de 2020, ya en medio de la pandemia del COVID-19, Notimex detuvo sus actividades por orden de la Junta de Gobierno de la agencia, en respeto al derecho de huelga de sus trabajadores. La página web y los perfiles en redes sociales de la agencia no se han actualizado desde entonces.
En mayo de 2020, una investigación conjunta de Artículo 19 en México, el medio periodístico Aristegui Noticias y Signa_Lab, laboratorio interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló que directivos de Notimex estaban detrás de “acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran ‘adversarios’”.
En su momento, 10 personas que habían trabajado de cerca con Martínez denunciaron que ella y sus subordinados en la agencia ordenaban a los trabajadores “a publicar mensajes en Twitter y utilizar hashtags contra periodistas y extrabajadores” de la empresa. También dijeron que la directora pidió a los empleados de la agencia que utilizaran sus perfiles personales y crearan otros falsos “con el fin de defender su gestión en Notimex”.
Un mes después, las organizaciones publicaron un nuevo informe con más pruebas de que Martínez seguía dirigiendo oleadas de ataques en Twitter contra personas que la criticaban y apoyaban a los huelguistas de Notimex. Según los denunciantes, Martínez exigía a los trabajadores de la empresa que participaran en el acoso en línea coordinado y tomaba represalias contra quienes se negaban a participar, incluso con el despido.
Martínez también “estaría manipulando la línea editorial de la Agencia, dando órdenes de no cubrir a ciertas instituciones y a funcionarias y funcionarios públicos”, señalan las fuentes de la investigación.
“La información detallada ahora permite concluir que la directiva de Notimex autorizó, solicitó, realizó actos y utilizó recursos materiales, humanos y financieros para beneficiarse directamente a través de la defensa de su persona y ataque a periodistas y coartar con ello el ejercicio de su libertad de expresión. Lo anterior, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, implicaría la comisión de faltas graves tales como desvío de recursos y abuso de funciones, mismos que – de ser comprobados por las autoridades competentes – podrían constituir delitos”, escribió Artículo 19.
Martínez, por su parte, ha negado los cargos que se le imputan en la investigación. En entrevista con Aristegui Noticias, dijo que es blanco de ataques en línea perpetrados por “bots y trolls todos los días” y reiteró la acusación de que SutNotimex es un sindicato “mafioso” que practica “terrorismo sindical”. También dijo que algunas de las fuentes de la investigación publicada por Artículo 19 habían sido despedidas y acusadas penalmente por presunta estafa a Notimex.
En marzo de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos en México, citando las denuncias presentadas por Artículo 19, Aristegui Noticias y Signa_Lab contra Sanjuana Martínez. El gobierno de López Obrador respondió atacando a Artículo 19, en “uno de los golpes más grandes que hemos recibido como organización”, dijo Saucedo.
“Ahí se desencadenó una serie de ataques, iniciados por el Presidente de la República, en que él nos mencionaba malintencionadamente y desinformando sobre nuestra labor y nuestros recursos. Incluso el periódico La Jornada, que tiene un alcance muy grande y que es el segundo medio que recibe más fondos de publicidad oficial en este gobierno, publica en su portada que ‘Artículo 19 recibe fondos de el extranjero para atacar al gobierno'”, dijo.
Como informó La Jornada el 1 de abril de 2021, López Obrador dijo en una de sus conferencias de prensa que todos los empleados de Artículo 19 “pertenecen al movimiento conservador que está en contra nuestra”. También insinuó que la organización recibe dinero de Estados Unidos y entidades extranjeras para atacar a su gobierno.
En su momento, Artículo 19 respondió que los comentarios del presidente mexicano “son un intento de desviar la atención de su incapacidad para combatir algunos de los problemas endémicos de derechos humanos en el país, incluida la protección de periodistas”.
Según Saucedo, ninguna institución estatal ha actuado para investigar las denuncias presentadas por los extrabajadores de Notimex y sancionar a los posibles responsables. Una queja presentada por Artículo 19 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México fue archivada meses después sin ser investigada. Artículo 19 también presentó una queja ante la auditoría de Notimex, que a su vez la envió al Órgano Interno de Control de Notimex, dijo Saucedo. “Desde el 2021 seguimos esperando respuesta. Y ahora que van a desaparecer la agencia, no va a haber respuesta”, dijo.
Ante el desmantelamiento de un medio público con 55 años de existencia, sorprende que pocas voces se hayan alzado en defensa de Notimex. Para los expertos escuchados por LJR, la intensificación del uso de la agencia con fines propagandísticos del gobierno, el caos administrativo y laboral en el que se hundió la empresa, y el hecho de que Notimex pasara tres años fuera del negocio -durante los cuales estalló la pandemia del COVID-19- contribuyeron a que fuera “olvidada” por el público.
“Notimex quedó anulada, ya nadie se acordaba de ella”, lamentó Águila. “No informaba, no daba la información que el público necesitaba. Se olvidó la relevancia de Notimex. Entonces parecía que (el cierre) era el destino esperado después del problema con el sindicato, que nunca resolvieron”, dijo.
Para Bravo, la huelga de los trabajadores de Notimex, aunque legítima, también terminó contribuyendo involuntariamente a este desenlace.
“El problema es que los periodistas no supieron tampoco defender el servicio público, el derecho a la información. Prefirieron, sí, sus intereses laborales, que son absolutamente legítimos, pero hay algo que es más relevante, que es el derecho a la información, la libertad de expresión”, dijo.
Además, para él, la agencia tampoco se ha adaptado adecuadamente a los cambios que ha experimentado el periodismo en los últimos años, tanto en sus modos de producción como en los de distribución y consumo.
“Las agencias de noticias no son tan importantes como lo eran en el siglo XX”, dijo Bravo. “El papel que debería tener una agencia de noticias ha sido matizado por la propia realidad, por una pluralidad y una diversidad que no han incorporado los medios públicos, incluida la agencia de noticias, que está siendo superada porque esa pluralidad y esa diversidad existen en la realidad, en las redes sociales, en internet. Hay más medios independientes, hay más competencias, y no han sabido rescatar los valores y los principios que los harían realmente unos medios públicos fundamentales”, dijo.
En este sentido, Águila destacó la importancia de diferenciar entre una visión estatal de la comunicación, que debe servir al interés público, y una visión gubernamental, que tiende a priorizar la propaganda.
“Son dos cosas distintas, que en la situación de Notimex no se realizaron. No era un periódico, una radio o un canal de televisión. Era una fuente de información para la población y para otros medios. Pensar que esto ha sido descartado y desaparecido sólo porque el presidente tiene un espacio cada mañana es no entender el alcance y el poder de la información. Y para nuestras democracias latinoamericanas, diferenciar el papel del Estado del papel del gobierno es fundamental para evitar la concentración de poder”, afirmó.
Saucedo enfatizó que el cierre de Notimex, aunque no parece tan grave como la violencia letal contra periodistas en el país, se suma a otros aspectos en el panorama político e informativo en México para agravar la situación de la libertad de prensa y de expresión en el país.
“La ausencia de Notimex se junta con la violencia contra la prensa, con el asedio contra la prensa, con la precariedad de la prensa, y abona al ya de por sí ambiente muy hostil para que la prensa ejerza su labor y para que la ciudadanía tenga información de interés público. Entonces es muy grave que no exista la agencia de noticias, y son mucho más graves las razones por las cuales la agencia de noticias deja de existir”, declaró
LJR intentó ponerse en contacto con el gobierno de México y con SutNotimex, pero no obtuvo respuesta al cierre de este artículo.