A menos de un mes de las elecciones generales de Bolivia del 17 de agosto, los periodistas del país trabajan bajo una tensión elevada. La libertad de prensa está en grave riesgo en medio de un escenario político complejo que incluyen una división inédita en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). La facción que causa más disturbios es la del expresidente Evo Morales, cuyos simpatizantes han organizado manifestaciones y bloqueos de carreteras no siempre pacíficas, mientras intimidan, amenazan y agreden a periodistas.
El MAS se ha dividido en tres principales facciones. El presidente Luis Arce apoya a su exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un líder cocalero anteriormente considerado el heredero político de Morales, lanzó su propia candidatura. Morales, por su parte, intentó postularse para un quinto mandato. Después de que el Tribunal Constitucional se lo impidiera debido a los límites de reelección, sus simpatizantes iniciaron una serie de bloqueos en el centro de Bolivia a principios de junio, que dejaron seis muertos y un número incalculable de heridos.
Los periodistas han estado entre las víctimas no fatales. El 10 de junio, manifestantes que bloqueaban la carretera entre la ciudad de Oruro y el departamento de Cochabamba interceptaron a periodistas del medio digital El Fulgor y del canal privado de televisión ATB, les confiscaron los teléfonos celulares y amenazaron con quemarlos vivos, según la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que representa a los principales diarios del país. La organización reportó 32 agresiones físicas o verbales contra periodistas en los primeros seis meses de 2025.
Las cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Periodistas, que representa a los profesionales de los medios, son más altas. Según el grupo, hubo 95 ataques a periodistas hasta el 15 de junio de 2025, incluidos 51 durante los bloqueos liderados por simpatizantes de Morales.
“Son acciones premeditadas, que están planificadas y que tienen el objetivo de acallar a los medios de comunicación, infundirles miedo y provocar también en los periodistas una reacción lógica de autocensura”, dijo Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, en una entrevista con LatAm Journalism Review (LJR).
Tras semanas de intensas protestas, los simpatizantes de Morales suspendieron las manifestaciones a mediados de junio. Pero la tregua puede ser temporal. Una de las principales aliadas de Morales, la líder política Ruth Nina, dijo en un mitin el 12 de julio que el Tribunal Supremo Electoral del país va a “contar a los muertos” durante el proceso electoral. Un tribunal ordenó su arresto por incitar al desorden.
Los episodios de violencia contra periodistas no son algo nuevo en Bolivia. Un caso particularmente grave ocurrió en Mairana, en el departamento de Santa Cruz, durante los bloqueos de simpatizantes de Morales en octubre de 2024. La Asociación Nacional de Periodistas informó que periodistas de la Red Uno fueron secuestrados junto con agentes de policía.
“Les quitaron su cámara y todo su equipo de trabajo, les rociaron con gasolina de unas bombas molotov que los manifestantes habían preparado y los amenazaron con que les iban a prender fuego”, dijo Alanes. Solo la intervención de otros líderes impidió que se cumpliera la amenaza, agregó.
Gabriel Romano, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, dijo que existe una cultura de retórica radicalizada que termina promoviendo la violencia. “El radicalismo es bien visto. Cuanto más radical eres, se asume de que eres más valiente y eres más fiel a los principios políticos”, dijo a LJR.
La impunidad y la falta de respuesta institucional ante los ataques agravan la situación. “No hay un canal institucional o formal que nos escuche”, dijo Romano.
Un caso emblemático de impunidad siguió a un incidente en Las Londras, Santa Cruz, en octubre de 2021. Periodistas que cubrían invasiones de tierras fueron secuestrados durante ocho horas, amenazados con armas de alto calibre y obligados a firmar un compromiso de no regresar nunca al lugar. “A punto de cumplirse 4 años, aún no hemos encontrado justicia”, dijo Alanes.
Raúl Peñaranda, director del medio Brújula Digital y veterano analista político, dijo que la violencia contra periodistas en Bolivia ha alterado las prácticas profesionales de rutina.
“Ahora los periodistas bolivianos para cualquier evento tienen que llevar un casco, cosa que en el país no habíamos visto antes porque es posible que les llegue alguien una pedrada o alguien les dio un palazo”, dijo Peñaranda a LJR.
Peñaranda señala un cambio significativo en lo que llama el origen de la violencia. Desde que Luis Arce asumió el cargo en noviembre de 2020, había “grupos de choque” progubernamentales creando un clima de intimidación sistemática, dijo. Más recientemente, sin embargo, los ataques más graves provienen de los simpatizantes de Morales.
Según Alanes, la hostilidad tiene raíces en los cuatro mandatos de Morales, de 2006 a 2019. Durante ese tiempo, se organizaron campañas sistemáticas y crecientes de desprestigio contra la prensa. En 2016, el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encargó un documental de 80 minutos titulado El cartel de la mentira, que contenía ataques a organizaciones de prensa independientes.
La estrategia de intimidación se intensificó después de 2016, cuando Morales perdió un referéndum sobre la posibilidad de reelección indefinida. “Él atribuyó esa derrota a la acción de los medios de comunicación”, dijo Alanes. Fue entonces cuando aparecieron los llamados “guerreros digitales”: empleados estatales organizados para atacar a opositores y periodistas en redes sociales, agregó.
Más allá de la violencia física y verbal, la prensa boliviana también enfrenta presiones económicas estructurales. Peñaranda describió un “sistema perverso de premios y castigos con la asignación de dinero estatal a los medios” a través de una distribución selectiva de la publicidad oficial.
El panorama para las elecciones es preocupante. Por ahora, los simpatizantes de Morales están haciendo campaña para que los votantes anulen su voto escribiendo su nombre en la papeleta, una opción que algunos consideran democrática y no violenta. La situación, sin embargo, sigue siendo impredecible. “Si tú recuerdas, en 2019, la violencia se activó después de las elecciones y no antes”, dijo Romano.
Sin garantías institucionales, la protección de los periodistas bolivianos depende en gran medida de la movilización dentro de la profesión. Las asociaciones de periodistas han enviado informes detallados a los relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentando la escalada de violencia y la impunidad sistémica.
“Esa forma que tienen las organizaciones de periodistas de defender a sus colegas es algo positivo”, dijo Peñaranda. “Algunas personas dicen, ‘ah, pero solo es algo lírico, es un comunicado’. Pero eso sirve, porque eso es una forma también de protección”.
Mientras continúa la incertidumbre, Alanes emitió una advertencia clara a sus colegas: trabajen con equipo de seguridad y mantengan una distancia segura para evitar peligros.
“La violencia puede ir en escalada”, dijo. “Desde nuestras asociaciones, lo único que recomendamos es un trabajo responsable, con prudencia y la convicción de que ninguna cobertura vale una vida”.
