Con el asesinato de Gerardo Bedoya Borrero, director de la sección de Opinión del diario El País de Cali en Colombia, se iba la última voz fuerte de protesta en Cali, según explica la periodista que investigó su asesinato, Ana Arana. En la noche del 20 de marzo de 1997 Bedoya Borrero salía de un complejo de apartamentos cuando recibió al menos cinco disparos en su abdomen. Las autoridades no definieron si hubo uno o dos asesinos.
El periodista, también columnista del diario, era reconocido por sus críticas a la corrupta clase política, al narcotráfico y sus nexos con diferentes actores del Estado. Veintisiete años después, la verdad sobre su crimen no se conoce: ni autores materiales y menos intelectuales han sido hallados. Hasta abril de 2020, la investigación de su crimen se mantenía en etapa de recolección de pruebas.
La impunidad en el caso de Bedoya Borrero llevó a que fuera elegido como el primero en ser elegido para la reciente campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “Voces que reclaman justicia”.
Lanzada el pasado 18 de marzo, la campaña tiene como principal objetivo “rescatar la memoria de decenas de periodistas asesinados en América Latina en las últimas décadas”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR), Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.
De acuerdo con Lauría, esta campaña se encarna también en el trabajo que la SIP ha hecho por años para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas en la región. Parte de este trabajo incluye, por ejemplo, presentar casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Periodista colombiano Gerardo Bedoya Borrero asesinado en Cali en 1997. Su crimen sigue en impunidad. (Foto: Archivo El País de Cali)
Justo eso lo hizo con el crimen de Bedoya Borrero. El 23 de septiembre de 1999, la SIP presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato del periodista y en la falta de investigación y sanción de los responsables.
Tras años de diálogo entre la SIP como representante de las víctimas, el Estado colombiano y la CIDH, las partes llegaron a un acuerdo amistoso el 16 de agosto de 2019. Como parte del Acuerdo de Solución Amistosa el Estado reconoció su responsabilidad internacional por su falta de investigación del crimen, entre otras violaciones a derechos humanos.
El 30 de septiembre de 2019, en un evento público, además de reconocer esta responsabilidad el Estado colombiano pidió perdón a sus familiares.
“Pedimos perdón por la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas Gerardo Bedoya Borrero y sus familiares. Este episodio jamás debió haber ocurrido. Y no debería repetirse, en un Estado social de derecho en el que la protección a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática”, dijo quien era en ese momento el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa Delgado.
Dos años antes, en marzo de 2017, el asesinato de Bedoya Borrero fue declarado como crimen de lesa humanidad, impidiendo su prescripción.
Sin embargo, a pesar de la solución amistosa y de la imprescriptibilidad del crimen, lo cierto es que sigue en impunidad.
“Precisamente la iniciativa tiene que ver fundamentalmente con perseverar en ese reclamo de justicia ante un nivel de impunidad en la mayor parte de los países donde los periodistas son asesinados”, dijo Lauría quien señaló que el fracaso en procurar justicia es un problema común en los países de la región.
“El agravante de la impunidad en el tema de violencia contra periodistas es que aquellos que perpetran este tipo de actos al ver que no hay castigo a los responsables sienten que tienen una luz verde y que pueden seguir cometiendo este tipo de crímenes abiertamente sin ser castigados, sin recibir justicia. Por lo tanto, este es un reclamo permanente”, agregó.
Para Vicky Perea, directora de El País, la elección del caso de Bedoya Borrero es “un honor” no solamente para el medio en el que el periodista trabajó, sino para la sociedad caleña.
“El suyo es el más claro ejemplo de impunidad de la justicia colombiana en crímenes cometidos contra la libertad de prensa”, dijo Perea a LJR. “Gerardo, desde su columna mantuvo una posición clara y frontal contra la corrupción en la política, el narcotráfico, sus nexos con diferentes actores del Estados, incluidas sus Fuerzas Armadas, y contra todos aquellos fenómenos que en su momento amenazaban y afectaban de manera gravísima la vida de los colombianos, al Valle del Cauca y a Cali”.
También destacó la falta de diligencia a pesar de que el crimen fuera declarado de lesa humanidad.
“Al exponer de nuevo ante la opinión su caso, a través de ‘Voces que reclaman justicia’ es de esperar que su proceso judicial se reactive y ahora sí se logre conocer quiénes fueron los autores intelectuales de su crimen, quiénes los autores materiales y al fin se haga justicia para él, para su familia, para el diario El País de Cali, para el periodismo colombiano y para el ejercicio de la prensa libre en el mundo”, finalizó Perea.
La campaña de la SIP destacará cada mes un caso en el que no se haya logrado justicia, y de esta manera rendir homenaje a su trabajo, su legado sin olvidar el reclamo por justicia explicó Lauría.
Los socios de la SIP están invitados a unirse a la campaña de diferentes maneras: ya sea republicando el comunicado que destaca a cada periodista, haciendo sus propios reportajes sobre el caso, con alguna editorial, etc. Esta misma invitación se extiende a la sociedad civil en general, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y medios que no sean socios de la SIP.
“[Haciendo eco] de un mensaje de la presidenta de la subcomisión de impunidad (de la SIP, Andrea Miranda), es invitar a todos aquellos que entienden y aprecian el trabajo periodístico y que tienen conciencia sobre la importancia de la procuración de justicia en los delitos contra periodistas y que quieren contribuir a mantener viva la memoria de nuestros colegas caídos”, dijo Lauría.
Perea, de El País, señala la importancia del proyecto para continuar en la lucha contra la impunidad, a la que considera el “peor enemigo” de la libertad de prensa.
“Son múltiples los hechos que no han quedado en la impunidad o en que los aparatos judiciales de los países se han visto obligados a no cerrar las investigaciones, porque la SIP ha ejercido la presión necesaria ante los Estados o sus ramas judiciales”, dijo Perea. “Las voces, las palabras de quienes han sido asesinados por ejercer el oficio del periodismo y cumplir con la labor que desempeñan de ser voceros de la sociedad, tienen que seguir en la memoria colectiva hasta que se les haga justicia”.
