Nelson Matus estaba al exterior de una tienda departamental en el puerto de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, el sábado 15 de julio. Pasadas las 3:oo pm de la tarde, sujetos armados se aproximaron y dispararon en varias ocasiones hacia él cuando se disponía a entrar a su automóvil. Matus cayó al instante, víctima de impactos de bala en el cuerpo y la cabeza y perdió la vida a los pocos minutos, según reportes de la prensa local.
Matus era el director del portal informativo Lo Real de Guerrero, un popular medio digital especializado en nota roja y denuncias ciudadanas en Acapulco y sus alrededores. El periodista se convirtió en el séptimo comunicador asesinado en México en lo que va de 2023, y el segundo en Acapulco en menos de tres meses.
El mes de julio trajo una escalada de violencia contra el periodismo en México, con al menos dos asesinatos. Y con ello llegó también una ola de condenas de organizaciones nacionales e internacionales, así como un grito desesperado del gremio periodístico mexicano que clama por su seguridad.
“Los periodistas de Acapulco [...] condenamos enérgicamente el artero asesinato de nuestro compañero Nelson Matus Peña, ocurrido a plena luz del día. [...] ¿Habrá algún listado para asesinar a periodistas en Acapulco? ¿Seremos los siguientes? No lo sabemos, pero lo queremos denunciar. ¿Cuántos periodistas más, presidente Andrés Manuel López Obrador?”, escribieron asociaciones gremiales de periodistas del estado de Guerrero en una carta a la opinión pública difundida el mismo día del crimen.
Tras el asesinato de Nelson Matus, periodistas de Acapulco se congregaron para protestar y exigir justicia y protección. (Foto: Facebook de El Sur de Guerrero)
Matus ya había sufrido dos atentados contra su vida. Uno de ellos fue en 2019, cuando sujetos le dispararon mientras conducía su vehículo, pero el periodista salió ileso. Dos años antes, también sobrevivió a un ataque armado.
Apenas una semana antes del asesinato de Matus, el 8 de julio, el periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez fue encontrado sin vida y con signos de violencia en el municipio de Tepic, estado de Nayarit, de acuerdo con la organización Artículo 19. Sánchez Íñiguez, quien fue corresponsal del diario La Jornada y se especializaba en la fuente política, había sido reportado como desaparecido desde tres días antes, el 5 del mismo mes.
Ese día, el periodista se comunicó con su esposa, quien se encontraba en otro municipio, para informarle que no había energía eléctrica en su casa. Esa fue la última comunicación que se tuvo con Sánchez Íñiguez. Al día siguiente, cuando uno de sus hijos acudió al domicilio para saber de él, encontró el lugar vacío. También desaparecieron del hogar la computadora de trabajo del periodista, su teléfono móvil, un disco duro portátil y la credencial que lo identificaba como corresponsal de La Jornada, según reportó la familia a las autoridades.
La Fiscalía General de Nayarit confirmó el 9 de julio que el cuerpo del comunicador había sido encontrado junto con dos cartulinas en las que se leía un mensaje manuscrito que presuntamente vinculaba el asesinato a la labor periodística de la víctima.
“Hay un dicho: ‘la verdad nos hará libres’. ¡A él la verdad lo mató! Porque él no se fue, ¡se lo llevaron!, y si él no tuvo miedo, nosotros tampoco. Se va a hacer justicia aquí en la Tierra como en el Cielo”, dijo la hija de Sánchez Íñiguez durante el funeral, para luego pedir un minuto de aplausos por los 30 años de carrera periodística de su padre.
Diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión condenaron los recientes asesinatos de periodistas en México. Artículo 19 exigió a las Fiscalías de Guerrero y Nayarit que realicen investigaciones diligentes para garantizar la justicia en los asesinatos de Matus y Sánchez Íñiguez, respectivamente, aplicando en ambos casos el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión, un instrumento de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal que busca establecer las causas de un delito y su posible relación con el menoscabo a la libertad de expresión.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también exigió a las autoridades dar con lo responsables de ambos asesinatos y señaló que, en un país con amplia presencia de la corrupción y el crimen organizado, como lo es México, existen dificultades para determinar si los periodistas son atacados por su trabajo o como parte del ambiente peligroso que impera en varias regiones.
“El brutal asesinato del periodista mexicano Nelson Matus Peña es todavía más impactante si se tiene en cuenta que su vida fue arrebatada tan sólo una semana después de que otro reportero, Luis Martín Sánchez, fuera encontrado muerto en Nayarit”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ en México. “Lamentablemente, las autoridades mexicanas siguen demostrando su ineficacia para proteger a los periodistas, que con frecuencia son blanco de este tipo de ataques”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que los periodistas de Acapulco y otras zonas de México ejerzan su trabajo con temor y desprotección. La organización dijo en un comunicado que mientras la violencia contra miembros de la prensa permanezca impune, se seguirá enviando un mensaje de que existe “carta libre” a quienes quieran agredir a periodistas.
“Reiteramos nuestra demanda al gobierno para que actúe con firmeza ante los asesinatos contra periodistas, administre justicia, frene la violencia que padecen y demuestre su compromiso con la libertad de prensa", dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La Organización de las Naciones Unidas en México también condenó los asesinatos y envió sus condolencias a sus familiares. En un comunicado, la organización instó al Estado mexicano a adoptar medidas de prevención eficaces y estructurales que permitan poner fin a la violencia contra quienes ejercen el derecho a defender la libertad de expresión a través del periodismo.
Siete periodistas han sido privados de la vida hasta julio de este año, aunque aún no se determina el vínculo de todos los asesinatos con la labor informativa. (Fotos: Facebook, CPJ y Artículo 19)
Por su parte, la UNESCO expresó su preocupación por el potencial impacto que los asesinatos de periodistas en México tenga en el ecosistema informativo de ese país.
“Los ataques a periodistas están conduciendo a la creación de zonas de silencio donde los periodistas se autocensuran, y donde los ciudadanos se ven privados del acceso a una información libre y plural”, dijo Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO.
En comunicados separados, la Federación Internacional de Periodistas repudió los crímenes contra Matus y Sánchez Íñiguez y se solidarizó con los trabajadores de la prensa que se han movilizado en México en reclamo de justicia. En ambos casos, la FIP llamó a las autoridades municipales y estatales a coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
“La falta de garantías para que lxs periodistas ejerzan su labor de manera segura daña de manera sistemática a la libertad de expresión y al derecho a la información del pueblo mexicano y por lo tanto afecta a la democracia”, expresó la organización.
Antes de ser periodista, Nelson Matus había formado parte del Cuerpo de Bomberos de Acapulco. Gracias a ello, estableció estrechas relaciones con elementos de esa y otras corporaciones de seguridad, como la Policía y la Cruz Roja.
Luego de trabajar como reportero de la fuente policiaca en medios como la revista Alarma y el medio digital Agora Guerrero, Matus fundó su propio portal, Lo Real de Guerrero, que se convirtió en un referente de la nota roja en el estado. En varias ocasiones la página de Facebook del medio fue tumbada, en una de ellas, luego de rebasar el millón de seguidores. Al momento de la muerte de su fundador, el sitio registraba 267 mil seguidores.
Los contactos que Matus creó en su época de bombero le ayudaron a destacar en sus coberturas sobre crímenes y accidentes.
“Todos tenemos nuestros secretos de fuentes de información. El secreto de él es que [...] hizo muchas relaciones con elementos policiacos, con bomberos, con esas personas que andan atendiendo accidentes. Y de ahí tenía sus contactos que le avisaban dónde había accidentes, donde había un ejecutado y todo eso. Por eso acudía de inmediato”, contó a LatAm Journalism Review (LJR) el periodista Miguel Ángel Mata, presidente del Club de Periodistas de Guerrero y director del medio digital Síntesis de Guerrero.
La administración del Gobernador Zeferino Torreblanca en Guerrero, entre 2005 y 2011, es recordada por los periodistas de ese estado como una en las que la libertad de prensa ha resultado más lastimada, no solo por el uso discrecional de la publicidad oficial de Torreblanca para “premiar” o “castigar” a medios de comunicación, sino porque durante su gobierno se registraron 10 asesinatos de periodistas, de acuerdo con un conteo de Síntesis de Guerrero.
Lo Real de Guerrero, el medio digital fundado por Matus, se convirtió en un referente de la nota roja en el estado. (Foto: Facebook Lo Real de Guerrero)
De acuerdo con Mata, durante ese sexenio las fuentes de información en las Fiscalías locales fueron cerradas para los medios de comunicación y así permanecen hasta la fecha. Raramente las autoridades de justicia dan información sobre crímenes a reporteros y aunque dichas instituciones cuentan con una oficina de Comunicación Social, ésta rara vez responde a solicitudes de información.
“Entonces cuando Nelson irrumpe con este nuevo método de que tenía contactos que le avisaban que había un muerto por acá, un herido por allá, un accidente de este lado, de alguna manera abrió la fuente policíaca otra vez y nos permitió a todos sumarnos a esa dinámica: buscar la fuente por fuera, aunque el gobierno no nos informe, tenemos que publicar”, dijo Mata.
La prontitud con la que Matus llegaba al lugar de crímenes y accidentes generó sospechas sobre que eran los criminales quienes le daban aviso sobre los homicidios en Acapulco. Incluso llegó a circular la versión de que el periodista fungía como vocero de un cártel.
La criminalización de periodistas es una forma común de agresión a la prensa en Guerrero, dijo Mata. Tras los últimos casos de asesinatos a periodistas en ese estado, de inmediato han surgido señalamientos que relacionan a las víctimas con el crimen organizado, algunos de ellos provenientes de las propias autoridades.
“No avanzan las investigaciones [de asesinatos de periodistas], solamente se dice que fue el crimen organizado o que los compañeros andaban metidos en cosas relacionadas con el crimen, lo que nos preocupa bastante porque muchas de las ocasiones las agresiones vienen por parte de políticos o de gobernantes, sobre todo municipales. Y con ese manto del crimen se cubren”, dijo Mata.
Instantes después del asesinato de Gerardo Torres, quien fue corresponsal de Reuters, Telemundo y TV Azteca, el 11 de mayo de este año, publicaciones en redes sociales de perfiles falsos ya lo señalaban de haber sido informante de un grupo criminal, sin mostrar evidencia de ello.
“El caso de Gerardo Torres fue notorio porque él tenía cinco minutos de que lo habían asesinado, no nos habíamos enterado algunos, pero ya veíamos en el grupo de Facebook y de WhatsApp, que se manejan mucho acá para comunicarse, que ya lo estaban criminalizando”, contó Mata. “Es el modus operandi que manejan, inventan páginas y a partir de ahí, sin ninguna prueba, ninguna declaración, solamente el decir de personas desconocidas que hacen la campaña para criminalizarlos”.
Entre el año 2000 y el 2023, en Guerrero han sido asesinados al menos 16 periodistas, incluido Matus, por motivos relacionados a su labor informativa, de acuerdo con el conteo de Artículo 19 (la organización no considera en su lista a Gerardo Torres). Eso convierte al estado en el segundo más peligroso para ejercer el periodismo, después de Veracruz, donde en el mismo lapso se han registrado más de 30 asesinatos de miembros de la prensa.
Además, en Guerrero hay más de una decena de periodistas en desplazamiento forzado por amenazas. Y tres comunicadores están en calidad de desaparecidos: Leodegario Aguilera, desaparecido el 22 de mayo de 2004; Marco Antonio López Ortiz, desaparecido el 7 de junio de 2011; y el más reciente, Alan García Aguilar, visto por última vez el 24 de diciembre de 2022.
De todos los casos de asesinatos de periodistas en Guerrero, sólo tres han culminado con la detención o sentencia de los presuntos autores materiales o intelectuales, mientras que el resto de los casos continúan en proceso o están congelados, de acuerdo con la revista Proceso.
El Gobierno estatal cuenta con un fondo de protección y apoyo para familiares de periodistas víctimas de crímenes. Asimismo, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno federal ha acudido a brindar protección a comunicadores amenazados. Sin embargo, para los periodistas guerrerenses, estas medidas no envían un mensaje claro de no impunidad a los criminales.
“Nosotros lo que estamos pugnando como agrupación es que se atiendan todos los casos, se les dé solución, porque la impunidad alienta más atentados contra periodistas”, dijo Mata. “Creemos que mientras no se castigue a los autores intelectuales y materiales de los crímenes, pues no van a terminar, ya que se hace muy fácil atentar contra nosotros”.
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