Durante dos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, escuchó en audiencia pública el caso en contra del Estado colombiano por el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal ocurrido el 16 de abril de 1998.
El caso fue presentado ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2015 al considerar que no hubo una investigación “seria, diligente y oportuna” por parte del Estado para determinar lo que había sucedido en el crimen de Carvajal en un contexto en el que además se presentaron amenazas y hostigamientos a los familiares del periodista.
Para la CIDH la falta de investigación y de protección a los familiares, así como la impunidad en el crimen han tenido “un efecto amedrentador e intimidante” para que los familiares continuaran con el proceso legal, así como para los periodistas del área.
Según la CIDH, la entidad logró “determinar que existían elementos de convicción suficientes y consistentes […] para concluir que el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal fue cometido para silenciar su trabajo como periodista en la revelación de actos ilícitos cometidos bajo el amparo de autoridades locales, y que existían una serie de indicios sobre la participación de agentes estatales en estos hechos que no fueron investigados con la debida diligencia”.
Estos argumentos fueron expuestos por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, durante la presentación de su caso en la audiencia del pasado 22 de agosto.
Lanza señaló que Carvajal “fue asesinado por su labor como periodista de investigación, vinculado con investigaciones de corrupción política y del crimen organizado” y lo categorizó como un caso “emblemático de la violencia contra periodistas y de la subsiguiente impunidad que ha caracterizado a este tipo de crímenes en Colombia durante más de dos décadas”.
El Relator dijo también que para la fecha del asesinato de Carvajal, Colombia era el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio y que según registros especializados entre 1977 y 2015 se registraron 152 homicidios de periodistas en el país. En solo cuatro de estos casos se ha logrado sentenciar a toda la cadena criminal, dijo Relator citando al experto Germán Rey.
“Lo cierto es que a 19 años del asesinato de Nelson, la investigación iniciada por estos hechos parece haber quedado en el olvido y corre el riesgo de que prescriba sin que se conozca la verdad de lo sucedido y se haya determinado a algún responsable, material o intelectual. No hay responsables ni explicaciones a las víctimas ni a la sociedad por un crimen aberrante, contra la libertad de expresión y contra la democracia”, dijo el Relator.
Para Lanza, con este caso la Corte IDH tiene la posibilidad de crear jurisprudencia.
Durante el primer día de audiencia, Judith Carvajal, una de las hermanas del periodista asesinado, relató no solo los hechos relacionados con el crimen, sino el impacto que este ha tenido en su familia que se vio obligada a salir del país por amenazas en su contra relacionadas con su propia investigación del crimen. Aseguró que a su hermano lo habían matado por “defender al pueblo y denunciar la corrupción”, y le pidió “justicia” a la Corte.
Judith Carvajal aseguró que en vista del poco avance en la investigación en el crimen de su hermano, la familia había realizado investigaciones por su cuenta que los llevaron a reunirse con miembros de la guerrilla. Según dijo, toda esta información fue entregada a las autoridades colombianas.
También se presentó el testigo del Estado, una fiscal que estuvo involucrada en la investigación del homicidio y que explicó por qué, en concepto del Estado, Colombia sí realizó todos los pasos para resolver el crimen.
Sin embargo, según la SIP, entidad que representa a las presuntas víctimas en este caso frente a la Corte, los jueces “fueron duros al entrevistarla, especialmente al no poder entender cómo las hipótesis de investigación fueron lineales en vez de ser paralelas, y como ahora, a punto de prescribir el crimen, se estaba de nuevo como al principio hace 19 años atrás”.
El perito presentado por la CIDH, Carlos Lauría, exdirector del programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, ofreció una visión general del contexto de violencia vivido en Colombia, los altos niveles de impunidad en los crímenes contra periodistas en el país así como las falencias en el mecanismo de protección.
Tanto en sus alegatos finales como en su presentación, los representantes del Estado aseguraron que Colombia no tiene ninguna responsabilidad internacional debido a que sí se han realizado diligencias para lograr esclarecer el crimen y porque no había una “responsabilidad directa” de funcionarios del Estado en el crimen del periodista.
Sobre la posibilidad de que el caso prescriba – toda vez que van 19 de los 20 años que tienen las autoridades para cerrarlo – aseguraron que existen algunos mecanismos para impedirlo.
El Estado le pidió a la Corte que no se condenara al país solo con el propósito de “crear jurisprudencia” especialmente porque, según una de las agentes del Estado, Colombia ha tenido grandes avances en la protección de periodistas. Resaltó cómo por ejemplo durante 2016 no hubo ningún homicidio de periodistas en el país por causas relacionadas con su trabajo y como el tiempo de prescripción en crímenes contra periodistas aumentó a 30 años.
En sus observaciones finales, durante el segundo día de audiencia, la CIDH en voz del Relator Lanza señaló que los Estados no pueden tener un “doble estándar” al no hacer unas investigaciones diligentes y al mismo tiempo firmar una resolución en la OEA donde se compromete a respetar la libertad de expresión.
Lanza solicitó a la Corte que declarara la “violación de los derechos a la vida, acceso a la justicia y libertad de expresión, integridad personal y libre residencia y circulación por la falta de cumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia y juzgar y sancionar a todos los responsables el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal y protección a los familiares del periodista en su lucha por la verdad y justicia”.
También le solicitó que establezca que el crimen en contra de Carvajal formó parte de un “patrón de graves violaciones de derechos humanos contra periodistas en Colombia”.
Las partes involucradas en el caso tienen hasta el 25 de septiembre para enviar sus alegatos finales escritos a la Corte. Solo después de esto, la Corte procederá a su análisis y eventualmente a dictar sentencia.
Un crimen sin resolver
Nelson Carvajal Carvajal fue asesinado en abril de 1998 cuando salía de la Escuela Los Pinos – que había fundado y donde era maestro – en el municipio de Pitalito, departamento de Huila, cuando un sicario disparó en su contra en siete oportunidades.
Carvajal, de 37 años, era el director del noticiero Momento Regional y de otras radiorevistas en el área. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) siempre “se destacó por sus fuertes denuncias en contra de la corrupción de la clase política local y las presuntas relaciones de ésta con diferentes actores armados”.
La SIP, que ha investigado el caso desde 2002, ha dicho que la investigación del crimen ha tenido “irregularidades” que incluyen el cambio de cuatro fiscales uno de quienes recibió amenazas de muerte. Asimismo ha resaltado cómo se han absuelto a personas relacionadas con el crimen incluyendo al señalado de ser el autor intelectual.
Por tal razón, su llegada a la Corte representa para la SIP un “hito en la lucha contra la impunidad”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
