Argentina está atravesando una situación política de total incertidumbre. Después de que el economista ultraconservador Javier Milei fue el candidato más votado de las elecciones presidenciales primarias de forma sorpresiva, la Academia Nacional de Periodismo (ANP) emitió un comunicado en rechazo a “las recientes e insultantes referencias del candidato presidencial Javier Milei al periodismo”.
Javier Milei en su discurso de cierre de campaña tras las elecciones PASO en Argentina. (Captura de pantalla de Youtube)
“En la mayoría de los casos, Milei aludió en términos calumniosos al periodismo, sin identificar a nadie, lo que torna más injustos sus agravios”, continúa describiendo el comunicado de la ANP, firmado por el presidente de la institución, Joaquín Morales Solá, y por la secretaria, Silvia Naishtat. “En otros casos, los seguidores de Milei corearon, delante del candidato, estribillos injuriosos contra periodistas con nombres y apellidos y con acusaciones probadamente falsas”.
En su discurso de cierre de campaña el candidato a presidente se refirió a los periodistas como “roñosos”, un término asociado con lo sucio y deteriorado. El mismo día, mientras Milei sufragaba en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, el equipo de Tv Pública que estaba cubriendo el suceso fue agredido. La periodista Gabriela Radice denunció allí mismo que un grupo de gente tomó su micrófono y comenzó a agredirla: “Estamos contando lo que pasa. Tengo a alguien que ha tomado mi micrófono, una falta de respeto, violento, no es la mejor manera de trabajar”.
En este contexto, en el comunicado de la ANP exhortan a los candidatos presidenciales a “preservar un clima de tolerancia democrática en la vida pública, y a respetar el deber del periodismo de informar y el derecho a manifestar sus diversas opiniones”.
Milei tiene 52 años, es el líder del partido La Libertad Avanza, y se define como “libertario”. En las elecciones primarias, superó en votos a las dos fuerzas políticas que han gobernado Argentina en las últimas dos décadas, a los partidos Juntos por el Cambio (liderada por el expresidente Mauricio Macri) y Unión por la Patria (de la coalición oficialista peronista-kirchnerista). Así se posicionó como el favorito para las elecciones presidenciales generales de octubre de 2023. El candidato se ha identificado con propuestas como la de dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado, oponerse a la legalización del aborto, entre otras.
En 2022, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ya había señalado a Milei, también diputado nacional, por ejercer “persecución judicial”. El candidato libertario llevó a cinco periodistas ante los tribunales acusándolos de dañar su reputación y exigiendo su derecho a réplica, según consignó el medio nacional Clarín.
Milei les reclamó un millón de pesos argentinos a cada uno de los periodistas -Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft-, quienes en sus respectivos programas etiquetaron dichos suyos como “fachos”, “nazis” y “hitlerianos”.
La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia calificó a las denuncias como un “intento de intimidación destinado a disciplinar la crítica o a silenciar cualquier cuestionamiento y disenso sobre su labor como diputado o sobre la expresión de sus ideas como dirigente político”.
Pero en su comunicado, ADEPA no sólo señaló a Milei, sino que expresó su preocupación por la “creciente intolerancia hacia la prensa”; e incluyó dichos del actual presidente, Alberto Fernández, quien acusó a medios de comunicación de “intoxicar la cabeza de la gente”. En el informe anual “Limitaciones al Ejercicio de la Libertad de Expresión – Argentina 2022”, la Fundación LED destaca que la confrontación entre el gobierno y la prensa, y la utilización de la vía judicial como herramienta de censura directa o indirecta, son los principales obstáculos en el país para el libre ejercicio del periodismo.
En este sentido, la Fundación LED hace especial hincapié en que funcionarios y dirigentes de gobierno utilizan de forma habitual conceptos como “fake news”, “lawfare” y “discursos de odio” para “deslegitimar a periodistas”. El periodista Diego Rojas -escribe regularmente en Infobae y vive en Buenos Aires- dice en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR) que es “una incertidumbre lo que va a pasar si Milei gana las elecciones generales, al mismo tiempo que todo el accionar que su presidencia podría desarrollar”. En el caso de ser electo presidente de Argentina, Milei sentenció que va a eliminar la pauta oficial de los medios de comunicación. La ANP ya repudió este posible accionar.
En 2022, hubo 182 casos que constituyeron hechos de censura directa o indirecta, y que limitaron el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, según datos de la Fundación LED. “La situación de seguridad de los periodistas en el país se relaciona mucho con la postura que tenemos y con los procesos de lucha que habitamos”, explica a LJR Camila Parodi.
Ella es periodista feminista, antropóloga social e integrante del colectivo editorial Marcha, por lo que se refiere a quienes ejercen el oficio con una perspectiva feminista, desde su identidad indígena, o a través de experiencias comunitarias o populares. Según Parodi, trabajar desde la periferia social y geográfica pone a los periodistas en una posición de mayor riesgo y objeto de mayores ataques, debido a que están más vulnerables.
Camila Parodi, periodista feminista y antropóloga social. (Foto: Cortesía Camila Parodi)
En este sentido, Parodi sigue contando: “Quienes venimos del periodismo feminista, del periodismo popular o de los medios autogestivos estamos siendo perseguides y violentades”. Luego reafirma que estas violencias se ejercen contra “los periodistas que estamos poniendo el cuerpo en las calles”, es decir, principalmente quienes cubren las protestas sociales y manifestaciones.
La periodista pone el ejemplo de Facundo Molares, un militante comunista argentino, excombatiente de las FARC en Colombia y fotoperiodista, que murió como consecuencia de la violencia de la policía bonaerense en una manifestación en el Obelisco de la ciudad, días previos a las PASO. Cabe destacar que Molares no estaba ejerciendo el oficio al momento de la represión, sino su derecho a la protesta.
Otro de los espacios en los que se ejerce la violencia contra los periodistas desde hace tiempo es en la virtualidad, según Parodi. “Las periodistas feministas estamos teniendo todo el tiempo y de manera cotidiana el acoso de haters en redes y todo tipo de avanzada antiderechos que pretenden legitimarse en esos espacios que no están legislados aún”.
La violencia cuando se ejerce el oficio en la calle, principalmente en territorio y mientras se realizan coberturas de manifestaciones, se acciona por parte de la policía en momentos de represión, dice Parodi. Ella lo describe así: “Pedir que no se transmita, empujarnos, sacarnos fotos, señalarnos, ese es el tipo de control”. Otro de los ejemplos que da Parodi son las agresiones y detenciones de periodistas que hubo en las manifestaciones populares en Jujuy, una provincia del norte argentino, limítrofe con Bolivia.
El pasado 20 de junio el gobierno provincial, liderado por Gerardo Morales, aprobó una reforma constitucional, que incluye restricciones a la libertad de protesta en la provincia. Tal es el descontento de un amplio sector de la población jujeña que durante ese mes, y posteriormente, se realizaron multitudinarias marchas y manifestaciones en contra. En ese contexto, la Defensoría del Público en Argentina relevó actos de persecución y agresiones por parte de fuerzas de seguridad, intimidación con armas de balas de goma, seguimientos y registros fotográficos a cronistas, y detenciones, según consignó el medio Página 12.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresó su preocupación ante el accionar de las fuerzas de seguridad que dejó como resultado a periodistas heridos y detenidos. Entre ellos se nombra a Daniel Bello, fotoperiodista de la agencia nacional Télam que recibió un impacto de bala de goma en el rostro. También fueron detenidos los periodistas Luciano Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Galli, del portal El Submarino.
A raíz de estos hechos, el colectivo Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy lanzó un informe especial en el que relatan la vulneración de derechos de los periodistas presentes en las manifestaciones de junio de 2023 en Jujuy y las dificultades que atravesaron para realizar su trabajo. El colectivo denuncia que tras los operativos represivos hubo decenas de detenidos, casi un centenar de imputaciones penales y más de 150 personas heridas en total. En lo que refiere a la situación de los periodistas, recogieron varios testimonios de manera directa.
Johana Arce, comunicadora y fotógrafa. (Foto: Cortesía Johana Arce)
Johana Arce, comunicadora y fotógrafa en Sisas Medio, vive en Jujuy y fue agredida en las manifestaciones. En entrevista con LJR lo cuenta así: “El 20 de junio hubo balazos de goma, en mi caso me dieron en el rostro, cerca del ojo, mientras cubría con la cámara. El 17 de junio en Purmamarca me rompieron el equipo fotográfico y un celular, además de golpes que recibí cuando estaba cubriendo”.
Otros trabajadores de la prensa que cubrieron las manifestaciones también sufrieron “rotura de equipos fotográficos, golpes, detenciones, balas de goma, incluso cuando estaban identificados con cámaras y carnet de prensa”, relata Arce. “Eso implica que hay una persecución a la hora de ejercer este rol de la comunicación como trabajadores de la prensa y no hay un resguardo hacia los comunicadores”.
Para Arce, “el objetivo de estas agresiones y censura por parte del gobierno es que no circule la información y que se genere terror”, ya que “hay un temor hacia cómo se comunica y en qué circunstancias puede volver a pasar”. También considera, al igual que Parodi, que los más afectados son los periodistas de “medios comunitarios, independientes, indígenas y territoriales que se encuentran en la zona”.
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Crédito del banner: ANRed, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons.
Florencia Pagola es una periodista independiente de Uruguay. Investiga y escribe sobre derechos humanos y libertad de expresión en América Latina.
