Un fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, Colombia, en contra del diario El País generó preocupación en organizaciones defensoras de la libertad de prensa y medios que consideran que este podría establecer un precedente de censura previa en el país.
La reciente decisión tiene como origen una acción de tutela interpuesta por Andrés Ramírez Urbano quien consideró que su buen nombre, dignidad y honra se vieron afectados luego de que El País publicara un video en el que él se ve, según un editorial de El Espectador.
El video grabado por otro ciudadano muestra cómo el vehículo de Ramírez cae a un canal de la ciudad de Cali, informó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Según El Espectador, al parecer Ramírez comenzó a recibir mensajes por internet que le molestaron. Ramírez entonces solicitó primero al diario bajar el video, pero El País se negó a hacerlo con el argumento de que se trataba de una noticia ocurrida en un lugar público, agregó la SIP.
Ramírez presentó una acción de tutela que el 27 de junio fue negada por un juzgado de Cali en primera instancia, informó El Espectador. Pero en la decisión reciente del Tribunal Superior este revocó la sentencia previa y ordenó al diario “que en un término de 48 horas, distorsionen el rostro del señor Andrés Ramírez Urbano, del video posteado en su página web y en futuras emisiones, hasta que cuente con la autorización del titular para publicarlo”, según los datos del caso consultado en la página del Tribunal.
Para Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información dela SIP, “es grave y preocupante que se cree el antecedente de que los medios deben pedir permiso para publicar hechos públicos a los afectados, una especie de censura previa en la práctica”, según un comunicado dela organización.
“La tarea periodística se convertiría en una actividad complicada, lenta y casi condenada al silencio, si los medios deben pedir autorización de los ciudadanos o afectados para publicar imágenes en espacios públicos y de interés noticiosos”, agregó Rock.
Para Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), dijo que “en Colombia y cualquier país democrático el hecho de que un vehículo tenga un accidente de esta dimensión es un hecho noticioso debe ser contado, y en este caso vemos con enorme preocupación que los jueces se estén prestando para acomodar los hechos noticiosos a la medida de las personas allí involucradas”, según El País.
Agregó que con el fallo se impone una censura “por parte del poder judicial sin advertir que la democracia necesita de insumos para conocer el acontecer cotidiano”, publicó el diario.
La sentencia del Tribunal Superior también establece enviar la decisión a la Corte Constitucional del país “para su eventual revisión”. Tanto Rock como Vaca esperan que esta Corte pueda rectificar este precedente judicial.
“Esperamos que la Corte pueda dirimir una tensión que a nuestro juicio está bastante clara y es que independientemente de que haya un contenido que pueda ser incómodo para una persona si este es noticioso, merece ser contado y la democracia debe proteger que así sea”, dijo Vaca según el portal La FM.
Por su parte Rock señaló que espera que la Corte “adopte y se pronuncie sobre este caso que, aunque aparente ser un hecho simple, puede desencadenar graves consecuencias y limitaciones para la libertad de prensa, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”, según la SIP.
En un editorial, El Espectador también rechazó esta decisión y consideró que esta podría afectar el proceso periodístico. “Imponer en los periodistas la carga de solicitar permisos para publicar es amordazar el ejercicio de la prensa libre que le sirve a la ciudadanía para tomar decisiones sobre sus vidas. Olvidó el tribunal que la Constitución prohíbe la censura previa. Ojalá la Corte Constitucional enmiende esta pésima decisión”, señala el editorial.
El diario El Tiempo se expresó en esta misma línea, señalando en un editorial su preocupación por el precedente judicial que tendría esta decisión. “El caso es que de mantenerse en firme la providencia, se estaría creando un grave precedente legal para el futuro ejercicio de la tarea periodística. Y es que esta decisión terminaría por fijar el requisito a los medios de comunicación de buscar la autorización de quienes participen en hechos noticiosos antes de realizar cualquier publicación. Un obstáculo inaceptable que abriría las puertas de la censura”.
