Adela Navarro Bello, codirectora del semanario mexicano Zeta, que tiene sede en el estado de Baja California, denunció a través de un editorial un presunto plan por parte de las autoridades del estado de adelantar una campaña de desprestigio en su contra.
En el editorial del pasado 4 de noviembre, ‘Periodismo de investigación vs campañas negras’, Navarro Bello aseguró haber recibido información de diferentes personas y por diferentes medios sobre esta presunta campaña de desprestigio en su contra que estaría liderada por el Gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid. Agregó que en algunos casos se habló incluir en esta campaña a la periodista Dora Elena Cortés Juárez de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN).
Según escribió, sobre ella misma se harían públicas “infamias” sobre su vida privada. La información sobre esta presunta campaña también se hizo pública en otros medios como los periódicos El Mexicano, El Informador, el portal AFN Noticias, Radio Enciso y redes sociales, agregó.
Navarro Bello también aseguró que los periodistas en este estado son víctimas de difamaciones desde hace tres años, cuando comenzó su mandato el actual gobernador. “Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido”, escribió.
“Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años. No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos”, escribió en el editorial.
Aseguró también que están disponibles para recibir información, aclaraciones o incluso si buscaban un derecho a la réplica, a pesar de que, según dijo, las autoridades siempre se niegan a dar declaraciones a este medio.
Según dijo, las razones de esta campaña estarían en las publicaciones que ha hecho el semanario sobre los malos manejos de la administración gubernamental y las conductas irregulares denunciadas por el Secretario de Desarrollo Económico, entre otros artículos.
Finalmente, aseguró que continuarán con su trabajo pues ya en el pasado se han enfrentado a otros tipos de obstáculos: han sido amenazados por narcotraficantes, así como también han sido presionados por políticos y otros gobernantes.
“A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno”, concluyó el editorial.
En un artículo del 5 de noviembre, Zeta también señaló que en un evento organizado por el gobernador del estado, este se negó a contestar preguntas sobre esta presunta campaña de difamación.
A través de un comunicado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) anunció que abrió un expediente para “investigar las posibles vulneraciones de los derechos humanos a periodistas de la Entidad”, luego de que esta campaña fuera denunciada en diferentes medios de comunicación.
“Nos pusimos en comunicación con las periodistas que han sido objeto de esta amenaza en contra de sus derechos para ejercer libremente su profesión”, aseguró la titular de la CEDH del estado, Melba Adriana Olvera, según el comunicado. “La intención es que los periodistas en nuestra entidad tengan presente que cuentan con el respaldo de la CEDHBC y de comprobarse que alguna autoridad de gobierno amenaza los derechos fundamentales, alzaremos la voz”.
La Comisión agregó que se mantendrá vigilante de estos casos, aunque no se refirió específicamente a ningún medio.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
