Por el delito de tortura en contra de la periodista mexicana Lydia Cacho ocurrido en 2005, Juan Sánchez Moreno, quien era comandante de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, recibió sentencia condenatoria este 15 de enero, informó vía Twitter la organización Artículo 19 México.
Lydia Cacho (By Eneas De Troya, CC BY 2.0)
Sánchez Moreno deberá pagar cinco años y tres meses de prisión, y pagar una multa de 12.133 pesos mexicanos (aproximadamente US $644), reportó el sitio Infobae.
“Esta sentencia contiene una pena que no atiende a la gravedad de los hechos de tortura ni al puesto de mando que ocupaba Sánchez Moreno”, escribió Artículo 19 en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con Artículo 19, esta es la segunda sentencia en contra de alguna de las personas involucradas en la detención arbitraria y tortura de la que fue víctima Cacho en 2005. El 17 de octubre de 2017, José Montaño, excomandante de la Policía de Puebla, fue condenado también a cinco años y tres meses de prisión. Posteriormente su condenado fue aumentada a seis años, agregó la organización.
En agosto de 2019, un juez federal giró orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y contra el empresario textilero, Kamel Nacif Borges, por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho; pero no han sido capturados, informó Artículo 19.
Los hechos por los que Cacho lleva 14 años exigiendo justicia tuvieron lugar en 2005. Ese año, Cacho escribió el libro “Demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil” en donde daba cuenta de una red de pornografía infantil en el que presuntamente estaban involucrados autoridades públicas y empresarios reconocidos del país como José Kamel Nacif Borge.
En julio de 2005, Nacif interpuso una denuncia en contra de Cacho en el estado de Puebla por los delitos de difamación y calumnia (cargos de los que después fue absuelta). La periodista fue detenida en el estado de Quintana Roo en diciembre de 2005 y conducida hasta Puebla en un recorrido de más de 20 horas tiempo en el que, según la denuncia de Cacho hecha ante la ONU, fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, y violencia verbal y física.
Posteriormente, en la sede de la Procuraduría General de Puebla, según dijo la periodista, también fue víctima de tocamientos sexuales y violencia física y verbal. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 70 mil pesos mexicanos (aproximadamente US $3.700).
En busca de justicia, Cacho acudió a instancias internacionales para lograrla.
El 31 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), emitió una resolución respecto al caso de Cacho. Según el Comité, el Estado mexicano violó algunos de los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el de igualdad de género, prohibición de tortura, libertad y seguridad personal, libertad de expresión, entre otros.
El 10 de enero de 2019, el Estado mexicano le ofreció disculpas públicas a Cacho por lo sucedido, como parte de las resoluciones adoptadas por el Estado tras la decisión del Comité de la ONU.
“A un año del reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano y de la disculpa pública a la periodista @lydiacachosi [Lydia Cacho], por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en su agravio en 2005, aún no hay justicia, y la integridad de Lydia permanece en riesgo”, escribió en Twitter Artículo 19.
