La Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) decidieron emprender acciones contra lo que califican como acoso judicial a periodistas. La ABI presentó dos demandas ante la Corte Suprema Federal para frenar el abuso de demandas contra periodistas y empresas de medios. Abraji ya ha puesto en marcha un programa para brindar apoyo legal a los profesionales de la prensa que responden a demandas como consecuencia de su actividad profesional.
Las dos iniciativas tienen objetivos similares: evitar que los periodistas y las empresas sean silenciados por no poder afrontar los gastos de defensa y las indemnizaciones por posibles daños. Según una encuesta de Abraji, desde 2002, los periodistas y empresas periodísticas han sido blanco de más de 5.000 demandas por calumnia y difamación, obligadas a pagar grandes daños y retirar contenido. La mayoría de los demandantes son políticos.
ABI cuestiona el abuso de las solicitudes de indemnización por daños materiales y morales para impedir la libre acción de los periodistas y la prensa. En una de las demandas, argumenta la asociación, “solo la divulgación intencionada o por negligencia grave de noticias falsas puede legitimar las condenas”. La intención es que los errores sin mala fe puedan causar un daño económico irreparable si resulta en una condena.
“El escenario actual es el de una verdadera masacre contra periodistas y otros comunicadores. Los casos más conocidos son los del periodista Luis Nassif, el influencer Felipe Neto y el escritor João Paulo Cuenca. En la primera demanda que interpuso ABI en la Corte Suprema, una acción directa de inconstitucionalidad (ADI), solicita a la Corte Suprema que la responsabilidad de los periódicos y periodistas solo se produzca en el ámbito civil cuando se demuestre que hubo dolo y culpa en la difusión de noticias falsas. El propósito de la solicitud es promover la libertad de expresión e información, refrenando el abuso de las acciones de reparación por daño moral presentadas contra periodistas y la prensa”, dijo Paulo Jerônimo de Sousa, presidente de ABI, a LatAm Journalism Review (LJR).
El caso de Nassif es emblemático. Con una carrera de más de 50 años, mantiene el Portal GGN desde 2013. En diciembre escribió que está “legalmente marcado para morir por las críticas al Poder Judicial, cumpliendo mi rol de periodista”, en un artículo que enumera cinco juicios en su contra, presentado por jueces y políticos.
“Cumplo con mis responsabilidades periodísticas sabiendo que, en la siguiente esquina, puede aparecer otro juez ordenando el bloqueo de mis cuentas. De ahí la relevancia de la ADIN (acción directa de inconstitucionalidad) propuesta ayer [11 de abril] ante la Corte Suprema por ABI. Es una garantía de que el abuso de los jueces no comprometerá su derecho a ser informados sobre actos de figuras públicas”, escribió Nassif en un artículo publicado en el sitio web de ABI.
En la otra demanda también interpuesta ante la Corte Suprema, ABI pide a los magistrados que aseguren a los periodistas “el derecho a no responder a juicios penales por calumnia o difamación por el simple hecho de ejercer su profesión con valentía”. Con eso, ABI quiere que los periodistas estén sujetos a este tipo de acciones solo en casos de fabricación de información o propagación sistemática de noticias falsas.
Uno de los casos más claros de acoso judicial contra un periodista brasileño ocurrió en 2007, cuando la reportera Elvira Lobato fue blanco de 111 demandas. El motivo fue el reportaje “Universal llega a los 30 años con un imperio empresarial”, publicado en Folha de S.Paulo. El artículo mostraba cómo la Iglesia Universal del Reino de Dios, la denominación neopentecostal evangélica más grande, había construido un “imperio”, que incluye estaciones de radio y televisión, imprentas, periódicos e incluso una compañía de taxis aéreos. Aunque fue declarada inocente en todos los casos, el desgaste provocó profundas consecuencias, como la decisión de la periodista de dejar la profesión.
“Cuando comenzaron las demandas, para nuestra completa sorpresa, me sentí incapaz de seguir cubriendo la Iglesia Universal del Reino de Dios. No es que hubiera orden judicial alguna, sino porque pensé que había perdido lo más importante que un periodista debía tener: imparcialidad. Si había 111 demandas en mi contra, ya no era imparcial en asuntos de la iglesia. Como resultado, me neutralizó por completo”, dijo Lobato en una entrevista con TV Cultura en diciembre de 2020. “Fue tan impactante para para mí, este proceso fue tan doloroso que terminó precipitando mi retiro”.
Para los periodistas independientes y los pequeños medios, una condena civil puede representar el fin. Este es el caso de Jornal Já, de Porto Alegre. En 2001, luego de una serie de reportajes sobre un político local acusado de corrupción, el periódico fue demandado. El diario fue absuelto penalmente, pero fue condenado en la vía civil y terminó pagando un reparación por daño moral a la madre del imputado, lo que desestabilizó el funcionamiento del medio y provocó el fin de su edición impresa.
Consejo legal para periodistas
En otro frente de la misma batalla, Abraji lanzó el Programa de Protección Legal para Periodistas. La iniciativa es una “respuesta a las crecientes amenazas a la libertad de prensa y el acoso judicial de periodistas y comunicadores en Brasil”, señaló Abraji en un comunicado en el que anunció el programa.
“Destacaría dos tipos más frecuentes de hostigamiento judicial contra periodistas, ambos con el objetivo de intimidar y restringir el libre ejercicio de la profesión. Las primeras son solicitudes para eliminar contenido, asignadas por el proyecto Ctrl-X. Hay más de 5.500 demandas en la base de datos, desde el inicio del proyecto en 2014, la mayoría de las cuales fueron presentadas por políticos. El segundo es el uso de Tribunales Civiles Especiales (JEC), creados para resolver causas más simples, pero que se han utilizado para procesar a periodistas. Un ejemplo reciente del uso de los JEC es el caso del columnista Reinaldo Azevedo, quien fue procesado en JEC, en Curitiba, por el abogado Deltan Dallagnol”, dijo a LJR la secretaria ejecutiva de Abraji, Cristina Zahar.
En el primer año, el objetivo es defender a un máximo de seis periodistas que sean víctimas de intentos de silenciamiento a través de juicios y reclamos de indemnización que excedan sus capacidades financieras. Por ello, Abraji priorizará a los profesionales independientes y autónomos que no cuenten con el apoyo de abogados contratados por empresas de medios. El programa también considera ayudar a periodistas que quieran enjuiciar por daño moral ante los tribunales a quienes los acosen.
Los periodistas y comunicadores interesados pueden registrarse en este formulario. Los casos serán analizados por el asesor legal de Abraji, dando prioridad a los más urgentes y aquellos con plazos más cortos.
