Por Paola Nalvarte y Teresa Mioli
En horas de la madrugada del 28 de marzo, la casa del periodista Julio Omar Gómez, en Baja California Sur, fue incendiada, y el guardaespaldas, encargado de proteger su vida, fue asesinado. Casi 24 horas después y al otro lado del país, Armando Arrieta Granados fue baleado cuando llegaba a su casa en Veracruz. Ambos periodistas se salvaron de morir en los atentados, aunque uno de ellos se encuentra hospitalizado, siendo su condición grave.
Estas agresiones ocurrieron en el contexto de un mes particularmente sangriento en México, durante el cual otros tres periodistas fueron asesinados en los estados de Veracruz, Guerrero y Chihuahua. Dos de los homicidios sucedieron solo la semana pasada.
Según varios medios del país, un grupo de desconocidos con armas de fuego intentaron incendiar la casa de Gómez cerca de las 4:00 a.m., disparando e hiriendo gravemente a su escolta, quien murió poco después de ser trasladado a un hospital. Este es el tercer ataque contra el periodista en los últimos tres meses.
Gómez y su familia, que se encontraban en el interior de la vivienda durante el ataque, resultaron ilesos, según el sitio OctavoDía.
El periodista contaba con el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, luego de denunciar ante la Procuraduría General de la República el incendio que sufrió su vivienda y su vehículo a mediados de diciembre de 2016, informó El Universal.
A principios de febrero, Gómez fue víctima por segunda vez de un atentado similar, tras lo cual anunció su retiro del mundo periodístico a través de sus redes sociales, informó Proceso.
Según El Universal, Gómez publicaba reportes sobre temas policiales en 9-1-1 Noticias, su página de Facebook, desde 2014. También compartía denuncias ciudadanas.
Además, como periodista independiente cubría noticias sobre política, y sobre las recientes ejecuciones en Los Cabos, publicó Proceso.
Periodista en graves condiciones en Veracruz
El periodista Armando Arrieta Granados se encuentra en graves condiciones luego de ser atacado a balazos el 29 de marzo por la mañana, en las afueras de su domicilio en Poza Rica, Veracruz.
Arrieta es el jefe editorial del periódico La Opinión de Poza Rica y profesor de la Universidad Veracruzana, según El Universal.
Animal Político reportó que desde 2005, Arrieta ha sido un “gran crítico de las autoridades”. El sitio publicó que Arrieta demandó la investigación del asesinato de su jefe Raúl Gibb Guerrero, ocurrido el 8 de abril de 2005, quien era director de La Opinión.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) en Veracruz dijo que había activado ya los protocolos de emergencia en coordinación con la Secretaría Pública del Estado para proteger a Arrieta y su familia.
Un mes mortal
El primer periodista asesinado este mes fue Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de Tierra Caliente, quien fue muerto el 2 de marzo en Guerrero. Luego, Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político, fue asesinado frente a su familia en Yanga, Veracruz, el 19 de marzo. Y el 23 de marzo, Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, fue asesinada en Chihuahua, al salir de su casa dentro de su vehículo.
Tras la muerte de Breach, periodistas de varios estados del país marcharon entre el 25 y 26 de marzo en protesta por los asesinatos de periodistas ocurridos recientemente y durante los últimos años en México. Los marchantes exigieron a las autoridades que se haga justicia y que brinden mayor protección a los periodistas, publicó CimacNoticias.
Al ser consultado sobre la escalada de violencia en varios estados del país, Javier Garza, periodista mexicano y consultor en temas de seguridad de la Asociación Mundial de Periódicos (Wan-Ifra), dijo al Centro Knight: “Una posible explicación sobre los casos de Chihuahua y Veracruz sería que ambos estados tuvieron cambio de mandos de gobierno en el último año, los nuevos gobiernos son del PAN y están investigando casos de corrupción de las administraciones anteriores, que fueron del PRI. La situación en Guerrero, por otro lado, se ha ido deteriorando en los últimos años y el estado se ha ido volviendo cada vez más peligroso para los periodistas, aunque esto se ha visto opacado por otros eventos”.
“Sin embargo, es imposible saber porque las autoridades carecen de credibilidad en sus investigaciones ya que por años, casi siempre, han descartado automáticamente el trabajo periodístico de las víctimas como motivos de los ataques”, dijo Garza.
Agregó que es difícil determinar si la gente detrás de esta violencia forma parte del crimen organizado, de algún nivel del gobierno, de fuerzas de seguridad o de si es una combinación de todo esto.
“El fondo de todo esto es la impunidad, los ataques contra periodistas aumentan porque prácticamente nadie que ha atacado a un periodista en el pasado ha sido condenado”, dijo Garza. “Entonces, cualquiera puede hacerlo con la seguridad de que nada va a pasarle”.
Garza añadió que el año 2017 está camino a ser peor que el año 2016, “siendo el 2016 peor que el año 2015, y etc”.
“Cada nivel del gobierno ha demostrado ser incapaz de garantizar la seguridad de los periodistas a pesar de la creación de instituciones como la procuraduría especial o el mecanismo de protección federal, simplemente porque sigue siendo muy fácil que un periodista sea atacado”, concluyó.
Animal Político recientemente publicó que el 99,7 por ciento de las agresiones a periodistas en México quedan impunes, según las cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de México.
De las 798 denuncias de agresiones a periodistas recibidas por la Feadle entre julio de 2010 y diciembre de 2016, siendo 47 de ellas por asesinato, solo existen tres sentencias condenatorias, informó Animal Público.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
