La represión y el temor que produjo en los medios y periodistas ecuatorianos el gobierno del presidente Rafael Correa (2007 – 2017) parece estar encaminado a acabar tras la llegada de Lenín Moreno en mayo de 2017, según un reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Aunque el ambiente ha mejorado, los periodistas aún están cautelosos y “trabajando con temor” hasta que Moreno no cumpla con su palabra de abolir los artículos más represivos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), según el CPJ.
El informe “El giro de 180 grados: Moreno aleja a Ecuador del camino de la represión de los medios empredido por Correa”, realizado tras una visita del equipo del CPJ al país el pasado marzo, analiza cómo el expresidente Correa llevó a cabo su guerra contra medios y periodistas críticos desde su llegada al poder, y cómo Moreno ha dado señales de querer terminar con esta.
A nivel nacional, Correa propició una campaña en contra de medios y periodistas que iban desde ataques a través de sus mensajes semanales (sabatinas), hasta los procesos judiciales en contra de ellos, pasando por la guerra en Twitter a la que invitó a sus seguidores y la promoción e impulso de la LOC.
Precisamente la LOC – o Ley Mordaza como ha sido llamada – fue sin duda su mejor arma para amedrentar a los medios críticos pues esta “plasmaba en ley las tendencias antiprensa de Correa”, según el CPJ.
La LOC, aprobada en 2013, “institucionalizó mecanismos represivos, impuso la regulación gubernamental del contenido editorial, y les otorgó a las autoridades la facultad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a los medios”, continúa el informe del CPJ.
Uno de los mecanismos fue la inclusión de conceptos jurídicos ambiguos que permitían ser usados a beneficio del Gobierno. Este es el caso del “linchamiento mediático” que en la práctica podrían convertir a un investigación periodística en un delito toda vez que el concepto no permite la publicación de información “producida de forma concertada y publicada reiterativamente” que desprestigie a una persona natural o jurídica.
La creación de la Supercom a través de la LOC también ha sido uno de los mayores problemas de los medios en el país. La entidad, encargada de vigilar el contenido de los medios y hacer cumplir la ley, tiene la facultad de iniciar investigaciones contra medios o periodistas, así como imponer sanciones cuando lo considera necesario. Las sanciones pueden ir desde multas hasta publicar rectificaciones o disculpas públicas.
De acuerdo con un informe de la misma Supercom, tras cuatro años de creada la entidad ha tramitado 1.081 casos. De estos, 675 terminaron en sanciones, agregó el CPJ.
Se han documento millonarias multas a medios y periodistas por diferentes razones como dejar de informar sobre un tema que la entidad consideraba de “interés público” o por haber informado “sin equilibrio”.
Así por ejemplo, la Supercom abrió investigación en contra de cuatro medios por no haber informado sobre el doctorado honorario que Correa recibió por parte de una universidad chilena en una visita a ese país.
“Los funcionarios gubernamentales con cada vez mayor frecuencia hallaron creativas interpretaciones del marco jurídico ecuatoriano para utilizar la ley contra los periodistas”, señala el CPJ. “Luego de que El Universo publicara una foto de un candidato político en un evento con sus hijos, la Supercom sancionó al diario por violar los derechos de los niños al involucrarlos en la política, y le impuso una multa de USD 3.000”.
El CPJ resaltó las varias sanciones recibidas por los periódicos El Universo y El Comercio, así como por las cadenas Teleamazonas y Ecuavisa. También no dejó de resaltar la pelea contra el caricaturista de El Universo, Xavier Bonilla ‘Bonil’ quien fue el primer sancionado haciendo uso de la LOC al obligarlo a rectificar una caricatura, en un hecho sin precedentes. De allí en adelante, ‘Bonil’ fue sancionado en varias oportunidades por la Supercom.
“El clima ha mejorado, pero la normativa del Gobierno de Correa todavía queda intacta”, le dijo César Ricaurte, director de la organización ecuatoriana defensora de la libertad de prensa Fundamedios, al CPJ.
Para los periodistas entrevistados por el CPJ, la Supercom era la que más utilizaba la LOC, por lo que no dudan en señalar y criticar su posición como “juez y parte”. Según el CPJ, tanto periodistas hasta miembros de la Asamblea Nacional, “reconocieron que la Supercom se había excedido en sus funciones”. De hecho, Carlos Ochoa, su entonces director, fue destituido y enfrenta una investigación por su gestión con la Supercom el pasado 7 de marzo.
El CPJ también destacó cómo Correa había logrado poner bajo control del Gobierno un número signifivativo de medios: cinco canales de TV (dos de ellos confiscados a sus propietarios), cuatro radioemisoras, dos periódicos y cuatro revistas. Cuando inició su primer mandato en 2007, solo tenía bajo su control una radioemisora.
El presidente Moreno anunció en mayo que el Gobierno iba a vender los medios de comunicación confiscados durante la administración de Correa para que estos regresaran a manos de privados, informó el CPJ.
El informe incluso da cuenta de cómo ni siquiera las universidades estuvieron libres de ataques. Los años de represión alejaron a posibles estudiantes de periodismo de esta “peligrosa” carrera, y obligó a que algunos programas fueran cerrados.
A pesar de las “promisorias” señales de Moreno por cambiar la situación de los medios y periodistas, la crisis económica del país, así como la división dentro del partido del Presidente pueden evitar que la libertad de expresión se convierta en el tema de mayor relevancia para el país.
El asesinato de los tres miembros de El Comercio presuntamente a manos de las disidencias de las Farc, no obstante, llevó a la unión de la sociedad en torno al trabajo periodístico y su rol en las democracias.
Mientras tanto, Moreno sigue dando muestras de intentar cambiar el panorama de los medios. El pasado 21 de mayo, envió a la Asamblea Nacional una propuesta de ley para modificar la LOC que incluye abolir la Supercom, y en junio envió al ente encargado de elegir al sucesor de Ochoa una terna de candidatos. El nuevo Superintendente tendrá la función principal de investigar “la persecución y los ataques de los que fueron víctimas los medios y los periodistas” durante Gobiernos anteriores, agregó el CPJ.
“Ecuador ofrece un ejemplo positivo y a la vez una advertencia a otros países de Latinoamérica y otras partes del mundo que han incrementado el control sobre los medios y la censura en los últimos años. Existe un camino de vuelta a la libertad de prensa, y la presión internacional sostenida puede tener un peso significativo. Al mismo tiempo, es difícil exagerar el daño que un poderoso Ejecutivo decidido a destruir la prensa independiente puede causarle a un país”, señala el CPJ.
“El proceso de reconstruir una prensa libre e independiente en Ecuador será largo, pero los periodistas sostienen que están dispuestos a aportar el esfuerzo necesario para completar la tarea. Ellos sencillamente quieren saber si el Gobierno está dispuesto a hacer lo mismo”, concluye el informe.
