Una vez que las periodistas colombianas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño publicaron la investigación “Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, comenzó el acoso judicial. Eso fue en junio de 2020. Entre otras acciones, el famoso cineasta colombiano interpuso una tutela para que retiraran el artículo, pero más tarde la Corte Constitucional de Colombia falló en su contra. Por otro lado, la periodista peruana Graciela Tiburcio Loayza publicó un reportaje con cinco denuncias de acoso sexual contra el excandidato al Congreso Víctor Quijada. Hasta la actualidad, el político ha puesto ocho denuncias por difamación y otros delitos contra Tiburcio. Las periodistas aseguran que el acoso judicial es una herramienta que se utiliza cada vez más en la región para acallar al periodismo, y que ha tenido un fuerte impacto en sus vidas personales y profesionales.
Ciro Guerra es un multipremiado director de cine. Su película “El abrazo de la serpiente” estuvo nominada a los premios Oscar en 2016 como mejor película extranjera. El cineasta es uno de los representantes más reconocidos del cine colombiano ante el mundo, y una persona con mucha influencia en la escena audiovisual.
Catalina Ruiz-Navarro, periodista colombiana, cofundadora de la Revista Volcánicas y coautora del reportaje “Ocho denuncias de abuso y acoso sexual contra Ciro Guerra”. (Crédito: Victoria Holguín)
Las periodistas Ruiz-Navarro y Londoño son las fundadoras de la Revista Volcánicas, donde se publicó la investigación que acusa a Guerra. Este es un medio digital, independiente y con perspectiva feminista, fundado en el año 2020. Como dicen en su página web, ayudan a “deconstruir el machismo, y a avanzar en la consecución de los derechos de las mujeres y comunidades LGBTQ+”.
La investigación duró cinco meses, en los que recolectaron ocho testimonios de presunto abuso sexual y acoso sistemático por parte de Guerra contra mujeres más jóvenes. Incluso algunas de ellas estaban dando sus primeros pasos en el mundo audiovisual. Luego sumaron un caso de violencia sexual, por lo que en total son nueve. Los hechos sucedieron entre los años 2013 y 2019, y las víctimas solicitaron mantener su identidad reservada. Ninguna de las denuncias fue llevada al ámbito penal.
En la publicación, las periodistas afirman que realizaron un “proceso de verificación, cumpliendo con los más altos estándares periodísticos”. Así fue como corroboraron tiempos, modos, lugares y circunstancias de los testimonios mediante capturas de pantalla de chats entre las víctimas y Guerra, entre otros. También recurrieron a testimonios auxiliares que confirman lo que expresan las víctimas. Por último, le dan espacio al acusado de dar su versión de los hechos y publican sus respuestas.
Debido a que Ciro Guerra tiene una influencia predominante en la cultura colombiana, las periodistas consignan en el artículo que estos hechos son de “interés público”. Además, se trata de una serie de abusos de poder y “todas las agresiones se enmarcan dentro de un problema de salud pública, como la violencia de género”.
Una vez publicada la investigación, Guerra interpuso una tutela a fines de 2020 contra las periodistas y la Revista Volcánicas por violar sus derechos a la honra y al buen nombre, y su presunción de inocencia. Con esto pretendía obligarlas a retirar el artículo, pero en febrero de 2023 la Corte Constitucional de Colombia falló en su contra. Además, el director presentó una denuncia penal, y una demanda civil por la que les exige US 1 millón de dólares.
En dicho fallo, el más alto tribunal de la justicia colombiana define al “escrache” como la denuncia pública sobre violencia de género que “permite amplificar las voces de las mujeres víctimas”. Hace hincapié en la posibilidad de mantener anónimas sus identidades para no exponerse, y lo diferencia del periodismo feminista. Niega la tutela interpuesta por Guerra debido a que el reportaje de Volcánicas se ajusta a “los estándares constitucionales del periodismo”.
“Las víctimas de violencia sexual tienen que tener a su disposición diferentes herramientas para alcanzar la reparación y una de esas herramientas puede ser el periodismo. Es totalmente elitista y punitivista pensar que la única manera de obtener justicia es a través de procesos legales, y particularmente procesos penales”, explica Ruiz-Navarro a LatAm Journalism Review (LJR).
La periodista afirma que, según el fallo de la Corte Constitucional, “la denuncia por violencia sexual es un discurso especialmente protegido y que tiene una función preventiva con las violencias de género”. Una afirmación que la Corte Constitucional ampara negándole la tutela a Guerra y protegiendo al periodismo feminista del acoso judicial.
“Las denuncias por las vías sociales tienen un efecto muy importante en cómo discutimos estos delitos en nuestra sociedad, y en cómo entendemos qué se vuelve aceptable y que no socialmente”, agrega Ruiz-Navarro. “Este cambio social es muy importante, si no las leyes no nos sirven para nada. Los policías y todo el sistema judicial está permeado por las ideas machistas que legitiman la violencia, y así no vamos a lograr justicia”.
Por eso, la periodista es enfática en el rol que tiene el periodismo al respecto: “El periodismo tiene una deuda con los derechos de las mujeres, es muy importante que esas denuncias estén ahí”.
Sobre la reparación para las víctimas de violencia sexual, “la mayoría decide hablar cuando se dan cuenta que hay más víctimas, que la persona se lo está haciendo a otras”, dice Ruiz-Navarro. “Muchas víctimas no quieren que sus agresores vayan a la cárcel, eso no es lo que les va a hacer sentir reparadas. De hecho, quieren decir en voz alta lo que les pasó para tener un efecto preventivo, para que no le pase a otras”.
El acoso judicial es el “ejercicio abusivo del derecho a la administración de justicia”, lo explica la Corte Constitucional colombiana en el fallo a favor de Volcánicas. Y agregan los elementos que lo comprueban como “el desequilibrio de poder entre las partes”, o que Guerra haya acudido a “varios escenarios judiciales y extrajudiciales para solicitar la rectificación e indemnizaciones que son imposibles de pagar para las accionantes”.
“Si te demandan y no tienes acceso a una defensa, tienes que bajar el artículo porque si no vas a dejar en bancarrota a tu familia”, dice Ruiz-Navarro. Para ella, el acoso judicial es una herramienta de persecución que se utiliza cada vez más contra los periodistas porque es legítima y muy eficiente.
Graciela Tiburcio Loayza, periodista peruana, publicó un reportaje con denuncias de acoso y abuso sexual contra el ex candidato al Congreso de Perú, Víctor Quijada (Cortesía: Dayanna Delgado).
La misma situación de persecución está viviendo la periodista peruana Graciela Tiburcio Loayza desde hace dos años. En el 2021, ella trabajaba en el medio independiente Wayka, cuando le llegaron a su correo cinco testimonios de chicas de entre 20 y 21 años que denunciaban presunto acoso sexual por parte del abogado y político Víctor Quijada.
Las situaciones de presunto acoso se dieron años antes cuando ellas asistían al colegio y tenían 15 años. Las chicas relataron que Quijada les enviaba mensajes a través de redes sociales e intentaba presionarlas con alcohol y dinero para reunirse con ellas en su despacho, dijo Tiburcio a LJR. En las Elecciones Generales de 2021, el político se postuló al Congreso de la República por el Partido Nacionalista Peruano en Lima, ahí fue cuando las jóvenes decidieron hacer públicos sus testimonios.
“A las chicas no les parecía adecuado que un tipo que acosaba a adolescentes en esa época postule ahora al Congreso, sobre todo porque vieron que estaba tratando de promover algunos tópicos relacionados a los derechos de las mujeres”, explica Tiburcio.
La periodista respaldó los testimonios de las víctimas con capturas de pantalla de las conversaciones con Quijada a través de redes sociales. A su vez, agregó dos denuncias policiales que le habían puesto jóvenes de 19 y 18 años en el 2020 y en el 2017, respectivamente. Ambas denuncias se archivaron porque las denunciantes no siguieron con el proceso. Los delitos que se le imputaban a Quijada eran de chantaje y acoso sexual. En este caso también se reservó la identidad de las víctimas.
Tiburcio se contactó con el acusado para que diera su versión de los hechos. Quijada no solo negó los delitos por los que lo acusaban, sino que la amenazó: “Me dijo que piense en mi futuro porque una denuncia me va a sepultar la carrera. Luego llamó a la codirectora de Wayka para insistirle que me controle, que no nos atrevamos a publicar”.
La noche del 25 de febrero de 2021, el día que se publicó la investigación, Quijada puso la primera de las ocho denuncias que haría contra Tiburcio y la codirectora de Wayka, Luciana Távara. La primera fue por “difamación agravada”, pero le siguen los delitos de “violación a la intimidad, ejercicio ilegal del periodismo, delitos cibernéticos, estafa, uso de datos computarizados indebidos, suplantación de la identidad, entre otros”.
Según la periodista, son más de diez delitos consignados en ocho denuncias de Quijada contra Tiburcio y Távara. “Todos son delitos descabellados y los hace en diferentes dependencias policiales hasta que alguna lo acepte”. Actualmente, del total de las denuncias tres están archivadas, hay dos que Tiburcio no tiene información sobre en qué estado están, y otras tres están en “investigación preliminar”.
A las denuncias en dependencias policiales, se le suman las amenazas de muerte que recibió la periodista contra ella y su familia desde cuentas anónimas, y las llamadas de Quijada en la madrugada desde diferentes números de celulares. “No salía de casa, estaba asustada, con los ahorros que tenía mandé a poner cámaras de seguridad en la casa. En ese momento temía por mis padres porque vivía con ellos, por eso me mudé a otro distrito. Me afectó mucho”, relata Tiburcio.
Si bien la periodista ya no recibe amenazas en redes, dice que “es angustiante no saber qué va a pasar con los procesos de investigación preliminar que tenemos en nuestra contra”. A pesar de que ya no trabaja en Wayka, ella asegura que el medio no la ha acompañado en este proceso: “Me siento muy desprotegida por el medio al que le entregué mi cariño, respeto y tiempo por tantos años. Me duele esa indiferencia que están teniendo conmigo”.
Consultados sobre la situación, desde Wayka, Távara asegura que han acudido a organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Instituto de Defensa Legal. Con su apoyo presentaron dos denuncias penales contra Quijada por los delitos de acoso genérico y de denuncia calumniosa. La Fiscalía abrió investigaciones para ambos delitos.
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Florencia Pagola es una periodista independiente de Uruguay. Investiga y escribe sobre derechos humanos y libertad de expresión en América Latina.
