México es uno de los países más letales para ejercer el periodismo. Así lo han repetido en los últimos años diferentes organizaciones defensoras de la libertad de prensa tanto del país como del exterior.
Sin embargo, el “ciclo letal de violencia e impunidad” que vive la prensa mexicana llegó a niveles tan altos que para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) este asunto debe volverse una prioridad para el Gobierno mexicano.
Esa fue la razón para la publicación de su informe especial ‘Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas’, el cual será presentado oficialmente en el estado mexicano de Veracruz este 3 de mayo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado así por la Asamblea General de la ONU en 1993.
“En 45 días este año, asesinaron a cuatro periodistas y otro periodista se salvó de milagro después de ser baleado. [México] tiene uno de los números más altos en materia de asesinatos y desapariciones […]. Entre periodistas asesinados y desaparecidos son 103, más cuatro trabajadores de medios. Esto contando los confirmados y sin confirmar”, explicó Carlos Lauría, coordinador sénior del programas de las Américas del CPJ, al Centro Knight. “El hecho de que los casos no se resuelvan en la justicia y perpetuen el clima de impunidad que deja a los periodistas vulnerables, nos ha hecho pensar desde hace tiempo que tenemos que hacer un informe”.
Según cifras de la organización, desde 1992, año en que comenzaron a llevar sus registros, 40 periodistas han sido asesinados en México por motivos confirmados que están relacionados con el ejercicio de su trabajo. Sin embargo, en la introducción del informe, Lauría señala que el CPJ ha registrado 50 homicidios de periodistas en el país desde 2010, entre confirmados y sin confirmar.
“En prácticamente todos los casos de periodistas asesinados en represalia directa por su labor informativa, la justicia sigue ausente y la impunidad continúa siendo la norma”, dice Lauría en la introducción.
Sobre la falta de justicia en estos casos, Lauría resalta cómo el puntaje de impunidad del país “ha aumentado en más del doble desde 2008”, año en que la organización divulgó por primera vez el Índice Global de Impunidad. En este índice, que enlista los países en los que los asesinos de periodistas están libres, México ocupó el sexto lugar en 2016.
El informe continúa señalando que en los pocos casos en los que hay capturas y condenas, estas se “limitan” a los autores materiales, dejando a los autores intelectuales impunes.
“Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad. Esta ausencia de rendición de cuentas perpetúa un clima de impunidad que deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante los ataques”, continúa Lauría en el informe.
Para reflejar esta situación, el informe detalla los asesinatos de José Moisés Sánchez Cerezo, Marcos Hernández Bautista y Gregorio Jiménez de la Cruz. “En los tres se han producido avances importantes, sin embargo los casos no han logrado resolverse en su totalidad. Eso marca una disfuncionalidad del sistema de justicia criminal que obviamente deja a los periodistas en un estado de indefensión muy grande”, explicó Lauría al Centro Knight.
En el caso de Sánchez Cerezo un reporte de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP) señala que “varias líneas de investigación se examinaron insuficientemente”, según el CPJ. Una de estas líneas apuntaría a una presunta implicación del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El informe de la CEAPP también detalla cómo las autoridades “dilataron o no tomaron medidas que podían haber asegurado el arresto de sospechosos”, agrega el CPJ.
Sánchez Cerezo fue sacado a la fuerza de su vivienda en Medellín de Bravo el 2 de enero de 2015. Su cuerpo fue encontrado decapitado y mutilado tres semanas después en una vía a 25 kilómetros del municipio donde vivía.
En este homicidio y “en un acontecimiento inusual”, según el CPJ, las autoridades arrestaron a los presuntos autores materiales e identificaron al presunto autor intelectual – el entonces alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes. Sin embargo, en la actualidad solo hay una persona encarcelada, quien confesó haber participado en el secuestro de Sánchez Cerezo.
El exalcalde Cruz se encuentra prófugo, mientras que otra de las personas implicadas fue dejado en libertad en noviembre de 2015, porque no había suficientes pruebas en su contra, y huyó meses después.
Aunque en el asesinato de Hernández Bautista, ocurrido en enero de 2016, se produjo una sentencia de 30 años de prisión contra una excomandante de policía acusado como autor material, no se ha logrado identificar a los autores intelectuales.
Su homicidio, no obstante, tuvo un impacto en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, donde tuvo lugar. Los periodistas del lugar no quisieron cubrir su muerte y la editora del diario para el que trabajaba Hernández le dijo al CPJ que muchos de los reporteros se niegan a cubrir temas relacionados con el crimen.
Gregorio Jiménez sin duda marcó a la comunidad de periodistas. Tras su cruel asesinato ocurrido en febrero de 2014 su familia continua con protección policial, y aunque los acusados de ser los responsables de su crimen están presos, la familia del periodista insiste en que tiene miedo.
Su caso y las falencias en su investigación llevaron a que un grupo de 16 periodistas se trasladaran hasta Coatzacoalcos, Veracruz, para ahondar en lo sucedido. Sus hallazgos fueron presentados en un informe que llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe del CPJ resalta que dos de esos tres casos tuvieron lugar en el estado de Veracruz, “una de las regiones más mortales del mundo para el ejercicio del periodismo”. Según el CPJ, entre 2010 y 2016, al menos seis periodistas fueron asesinados “en represalia directa por su labor informativa”. Estos años fueron los del mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa quien renunció a su cargo en octubre de 2016 tras denuncias de malversación de fondos y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Duarte también fue señalado de permitir un clima de impunidad en la violencia contra periodistas, según el CPJ. El exgobernador fue capturado en Guatemala el 15 de abril, pero todavía no ha sido extraditado a México.
El CPJ también presenta en su informe algunos intentos del Gobierno mexicano por contrarrestrar esta situación como lo son la implementación de la Fiscalía Especial para los Crímenes contra la Libertad de Expresión (Feadle), las reformas constitucionales que le dan más autonomía a esta y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, el informe apunta a las críticas que estos intentos han recibido a lo largo de sus años de funcionamiento. A través de entrevistas a periodistas, la mayoría de los cuales prefirió el anonimato, el informe da cuenta de los problemas que estos enfrentan al querer usar el Mecanismo de Protección, o los problemas de la Feadle por atraer e investigar los crímenes contra la prensa.
Según informó el CPJ, entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017, la Feadle abrió 123 expedientes, 10 de los cuales corresponden a homicidios. “No obstante, desde su fundación la Feadle solamente ha logrado tres condenas”, señala el informe.
El Mecanismo por su parte a enero de 2017 le otorgaba alguna forma de protección a 499 personas, de las cuales 174 eran periodistas. Desde 2012, ha admitido 220 casos relacionados con periodistas.
Sin embargo, según información dada al CPJ por la titular del mecanismo, este solo tiene presupuesto hasta septiembre de este año.
“Todos [estos avances] han ocurrido, pero la impunidad sigue vigente. Esa es básicamente la razón por la que el informe tiene ese título: ‘sin excusa’. Se crearon mecanismos, se crearon organismos de investigación, se reformó la Constitución y sin embargo, la impunidad sigue vigente. Sin excusas, México debe quebrar el ciclo de impunidad que rodea los asesinatos de periodistas”, dijo Lauría al Centro Knight.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
