Un periodista boliviano que reportó presuntas irregularidades en las contrataciones de la empresa estatal de telecomunicaciones del país podría ser procesado penalmente.
Raúl Peñaranda/Centro Knight.La empresa Entel anunció el 2 de enero que iniciará un proceso penal contra el periodista Raúl Peñaranda, director del sitio de noticias boliviano Brújula Digital, por dañar su imagen institucional y no ser objetivo en su reciente reportaje, publicó Página Siete.
El artículo, publicado el 21 de diciembre en Brújula Digital, señala que la empresa estatal hizo dos convocatorias públicas en 2018 para contratar a un empresa de seguridad, presuntamente sin exigir que cuente con una licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Gobierno y la Policía boliviana.
“Yo escribí una noticia, incluso relativamente secundaria, administrativa, sin mayor importancia, digamos, sobre la empresa Entel, que en sus licitaciones para la contratación de empresas de seguridad omite pedir que esas empresas tengan una licencia de funcionamiento”, dijo Peñaranda al Centro Knight.
Sin embargo, luego de la publicación, una notaria en persona le entregó en su domicilio una primera carta notariada del gerente de Entel, contó el periodista.
En la carta, la empresa le exigió un desagravio y retractación pública para lo cual le dio un plazo de 24 horas, de acuerdo con Página Siete.
Ante el pedido de retractación pública de la empresa, Peñaranda publicó una carta en su sitio que envió al gerente nacional de administración y finanzas de Entel, José Arturo Medina, en la que ratifica que la nota de Brújula Digital está bien sustentada.
En una segunda carta notarial, recibida por Peñaranda el 2 de enero, Entel anunció su intención de llevar a cabo un proceso judicial en contra del director de Brújula Digital.
Peñaranda consideró que este es un caso de acoso del gobierno contra todos los periodistas, “una señal de amedrantamiento, de intimidación”. “No se puede acusar criminalmente a un periodista por el trabajo que realiza; tampoco he dañado la imagen institucional de nada, solamente me he limitado a hacer una nota periodística basada en una norma que es muy clara y muy evidente”, declaró el periodista
Entel no respondió a la solicitud de comentario antes del cierre de esta nota.
En un comunicado conjunto de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), las organizaciones rechazaron el anuncio de las acciones judiciales penales de Entel
Además, las organizaciones explicaron que la Ley de Imprenta, que rige el trabajo periodístico y que está en la Constitución boliviana, dice en su Artículo 28 que le corresponde a un Jurado de Imprenta evaluar los presuntos delitos que la prensa pudiera haber cometido contra funcionarios públicos, quienes solo podrán quejarse ante este Jurado, publicó la ANF.
En ese respecto, Peñaranda precisó que de concretarse una acción judicial en su contra, esta deberá ser vista por el tribunal de imprenta de la ciudad de La Paz y no por la justicia ordinaria.
“Este juicio no se ha iniciado, solo es un anuncio mediante carta notariada. Por lo tanto, no se puede decir que propiamente se ha iniciado el proceso”, dijo Peñaranda. Y, añadió, “aparentemente, se me va a convocar oficialmente en los próximos días para eso”.
Además de las asociaciones de periodistas, Peñaranda también ha recibido el respaldo de sus colegas y de organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para América Latina de HRW, dijo vía Twitter que si hubiera un estado de derecho sólido en Bolivia, esta “denuncia disparatada” no le preocuparía. “Pero como @evoespueblo (Evo Morales) tiene control sobre muchos jueces, la libertad de Peñaranda está en riesgo”, publicó.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también señaló a través de Twitter que siguen con preocupación el anuncio de juicio penal contra Peñaranda, “por un artículo sobre contrataciones que pide rendición de cuentas a la empresa estatal”.
