Los brasileños ya cuentan con el respaldo de la Ley de Acceso a la Información para obtener datos y documentos que no sean secretos de estado sin tener que justificar su solicitud. La norma entró en vigor el miércoles 16 de mayo, ubicando a Brasil en el grupo de los 91 países que cuentan con ese tipo de legislación, informó el diario Zero Hora. El decreto que reglamenta la ley fue firmado hoy por la presidente Dilma Rousseff.
El largo viaje para la aprobación de esta ley contó con el apoyo de organizaciones como la la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por sus siglas en portugués), la ONG Artigo 19 y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, además de periodistas como Fernando Rodrigues, quién lideró la campaña por el derecho a la información en Brasil.
La norma brasileña garantiza el seguimiento de gastos financieros y contratos, datos generales de programas, actividades, proyectos y obras y abarca todos los niveles del gobierno (municipal, estatal y federal) y las tres ramas del poder público (Legislativa, Ejecutiva y Judicial), un avance con relación a las leyes de otros países como Estado Unidos y Chile. El texto actual se detalla en esta publicación de Artigo 19 y en esta cartilla de la Contraloría General de la Unión (CGU). Los sitios web portal G1 y Povo Online también compilan los principales puntos de la ley para facilitar su entendimiento. El texto completo se puede encontrar en este link del sitio web del Palacio de Planalto.
El sitio web Contas Abertas aclaró que, entre los principios básicos de la ley, que debe gestionar la manera como la información estará disponible, se encuentran el “cumplimiento de publicar como precepto general y del sigilo como excepción”; “divulgación de información de interés público, independientemente de las solicitudes”; “uso de medios de comunicación disponibles gracias a las tecnologías de la información”; “fomentar el desarrollo de una cultura de transparencia en la administración pública” y “desarrollo del control social de la administración pública”.
Aunque la ley había sido aprobada en noviembre del año pasado, con un plazo de 180 días para que las entidades gubernamentales se prepararan antes de que entrara en vigor, no todos los organismos públicos lograron hacerlo para atender las demandas de los ciudadanos. El principal cuello de botella está en los niveles estatales y municipales, que no siempre cuentan con el acceso a Internet o la reglamentación local para poner en práctica la nueva ley, explicó el portal Terra.
El Gobierno Federal parece estar más preparado para cumplir con el reglamento en busca de una mayor transparencia, y ya cuenta con una plataforma digital desarrollada para supervisar y controlar las solicitudes con base en la nueva ley, el Sistema Electrónico de Servicio de Información al Ciudadano (e-SIC). En su primer día de funcionamiento, el sistema registró 708 consultas hasta las 18h, según el balance divulgado por la Contraloría General de la Unión (CGU).
De todas maneras, todavía no es posible saber si Brasil entrará o no en la lamentable estadística divulgada recientemente por la agencia Associated Press (AP), la cual muestra que más de la mitad de las leyes de acceso a la información en América Latina no se cumplen. En opinión del politólogo Greg Michener, la aplicación efectiva de la ley depende de la divulgación de la prensa y de su acogida por parte de la sociedad.
La entrada en vigencia de esta nueva ley fue celebrada por organizaciones y ciudadanos en las redes sociales. El hashtag #QueremosSaber fue uno de los Trending Topics (tema más comentado) en Twitter al final de la tarde. El siguiente Storify presenta algunos de los comentarios hechos vía Twitter.
