El pasado 8 de julio, la senadora paraguaya Lizarella Valiente expresó su preocupación por los periodistas y las organizaciones de medios de su país que habían recibido financiación del multimillonario y megadonante estadounidense George Soros.
Durante una audiencia en el Senado, proyectó imágenes en una pantalla destacando a la veterana periodista Mabel Rehnfeldt y su perfil en el del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), apoyado por Soros.
“Y sabemos muy bien Soros a qué ideologías responde”, dijo Valiente, miembro del conservador Partido Colorado. “Financia grandes ONG por todo el mundo, pro-aborto, pro-LGBT, pro-esto, pro-lo otro. Y eso es lo que queremos que la ciudadanía sepa”.
Valiente se pronunciaba en favor del proyecto de ley que el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” en Paraguay.
De acuerdo con los senadores que presentaron el proyecto, esta ley busca regular a las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos y privados de origen nacional o internacional. Con ella, las organizaciones deberán estar incluidas en un registro nacional único, proporcionar detalles de las actividades que realizan y dar informes detallados sobre el uso de los fondos. Establece sanciones para quienes no cumplan.
Periodista paraguaya Mabel Rehnfeldt. (Foto: Cortesía)
Sin embargo, observadores dicen que el control excesivo sobre las organizaciones – que incluye una mayor carga administrativa – tiene como objetivo cerrar el trabajo de la sociedad civil, incluido el de medios y periodistas.
“Yo me sentí ultrajada, me sentí violentada”, le dijo Rehnfeldt a LatAm Journalism Review (LJR) después de verse en la sesión del Senado. “Me tratan a mí como criminal mientras le perdonan a los políticos que realmente están metidos en serias denuncias. Algo está muy mal en Paraguay. Y yo sospecho que se vienen con todo para capturar a la libertad de prensa y capturar la libertad de expresión”.
Varias organizaciones se han pronunciado sobre los efectos negativos que podría tener el proyecto de ley en la libertad de expresión en Paraguay.
Las Relatoras de la ONU para la liberta de expresión, reunión pacífica y defensores de derechos humanos enviaron una carta al presidente de Paraguay, Santiago Peña, señalando que el proyecto le quita independencia a las ONG y que establece multas económicas severas que podrían hacer que el trabajo sin fines de lucro no sea sostenible.
Hugo Valiente, coordinador legal de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, coincide en que el gremio periodístico haría parte de los objetivos a atacar con esta ley.
“Es un proyecto que plantea un escenario de muy alto riesgo por el amplísimo margen de arbitrariedad que permite”, dijo Hugo Valiente a LJR.
Él argumentó que las restricciones establecidas en el proyecto de ley son consideradas inconstitucionales y que su lenguaje ambiguo crea obstáculos para que una organización reciba su personería jurídica e incluso establece vías para perderla en caso de que ya la tenga.
El control en la financiación es tal vez uno de los que más preocupa porque “pone en riesgo total la independencia de la sociedad civil”, dijo Valiente. Tanto medios como periodistas independientes que obtienen gran parte de sus recursos luego de postular a subvenciones o al participar en proyectos transnacionales que tienen apoyo a su vez de organismos internacionales, ven en la ley un obstáculo.
Esto afectaría a periodistas como Rehnfeldt, que pesar de trabajar en un medio tradicional como ABC Color en ocasiones trabaja en proyectos transnacionales con organizaciones como ICIJ o Connectas, y a medios independientes como El Surti o El Otro País – con sede en Atyrá, a 60 kilómetros de la capital Asunción.
Según Andrés Colmán Gutiérrez, cofundador y director periodístico de El Otro País, la afectación estaría en periodistas, medios digitales independientes, pero también proyectos de desarrollo social con comunidades campesinas, indígenas, o con sectores de la sociedad civil en general.
“Todo eso está en riesgo de que se les frene, que se les controle, que se les reprima. Y ese es el peligro que significa esta ley”, le dijo Colmán a LJR.
“Los periodistas vamos a tener una categoría de control extra que no tienen ni los políticos que están permitiendo la infiltración del narcotráfico”, dijo Rehnfeldt quien agregó que esta ley haría más difícil para medios y periodistas la posibilidad de recibir capacitaciones, entrenamientos y herramientas para su trabajo.
“Creo que se está viniendo la noche sobre la libertad de expresión en general y sobre la libertad de prensa en particular”, aseguró.
Otra de las especificaciones en el proyecto de ley que generan preocupación tiene que ver con la información que las organizaciones deberán dar al Estado y que de acuerdo con Valiente es “desproporcionada”. Según dijo, Paraguay cuenta con legislación vigente para que organizaciones de todo tipo (incluidas las sin fines de lucro) entreguen información para frenar el lavado de dinero. Pero esta ley obligaría a entregar información que va más allá de lo tributario y que es considerada sensible.
También preocupan multas de hasta US $370.000 para las organizaciones sin fines de lucro, aunque el proyecto no define qué tipo de delitos, dejando esto a discreción del gobierno.
De acuerdo con Alejandro Valdez, cofundador del medio nativo digital El Surti, este proyecto de ley se enmarca en un contexto político paraguayo liderado por el conservador Partido Colorado en manos del expresidente Horacio Cartes, cuyos miembros controlan tanto el Congreso como la Presidencia.
El expresidente Horacio Cartes, también presidente del Partido Colorado, ha sido investigado por periodistas en su país y fue designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como persona “significativamente corrupta” en julio de 2022.
Expresidente de Paraguay Horacio Cartes en una visita a Ecuador. (Foto: Luis Astudillo C. - Cancillería del Ecuador, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)
Valdez explicó que en Paraguay – un país conservador y con un crecimiento de comunidad evangélica – se ha ido implantando la narrativa en la que hay conspiraciones a nivel global como la Agenda 2030 de la ONU a través de la cual se pretende controlar vidas y costumbres nacionales. Esto se lograría a través del financiamiento de activistas y periodistas. Esta voz ve en la defensa de derechos una amenaza a los “valores tradicionales”.
Algunos senadores de Paraguay como Gustavo Leite, uno de los promotores del proyecto, fueron oradores en un congreso en el que fue anfitrión el presidente ultraconservador de Hungría, Víktor Orbán.
La promulgación de este tipo de proyectos de ley y una retórica cada vez más nacionalista se ha acelerado al tiempo que llegan más sanciones administrativas y financieras de parte de Estados Unidos al expresidente Cartes. De hecho, el pasado 8 de agosto, Paraguay le pidió a Estados Unidos acelerar la salida de su embajador.
“Están convirtiendo un problema de una empresa privada en un hecho de interés nacional como si fuera que están afectando a Paraguay como país”, dijo Jazmín Acuña, cofundadora y codirectora editorial de El Surti.
“Creo que sería la mejor muestra hoy de solidaridad, la de poner los ojos también en este pedacito de Suramérica”, agregó Acuña. “También las expresiones de solidaridad con el periodismo nos vendría muy, muy bien porque hoy por hoy es uno de los pocos espacios que queda independiente al poder de turno”.
Para Valdez las amenazas a medios se están viendo en toda la región como ya pasó en Nicaragua o Venezuela, y que supone nuevos desafíos para el ecosistema informativo en general.
“Este caso es un capítulo Paraguay, pero es un capítulo de una historia más grande que se está dando en paralelo y en algunos casos como vemos en Hungría quizás de forma coordinada”, aseguró.
LJR solicitó declaraciones al senador Leite, pero no recibió respuesta antes del cierre de este artículo.
El proyecto de ley está ante la Cámara de Diputados. Dadas las abrumadoras mayorías del Partido Colorado, es probable que el presidente la sancione este año. Si bien es probable que los tribunales se pongan del lado del partido gobernante, las organizaciones independientes dicen que están preparando demandas para impugnar su constitucionalidad.
