La peruana Zuliana Lainez es la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Detrás de los cargos de liderazgo hay una larga carrera como periodista, docente y sindicalista. En entrevista con LatAm Journalism Review (LJR), Lainez habla sobre la situación actual del periodismo independiente en América Latina, el persistente acoso judicial contra la prensa, y la actual crisis de confianza hacia los medios en Perú.
La agresión contra periodistas es persistente en Perú. Según datos de la ANP, desde diciembre de 2022 han sido atacados 183 periodistas y medios de comunicación en la cobertura de las protestas sociales en el contexto de la crisis política, siendo los ataques más frecuentes la agresión física y verbal. “Deja de grabar, vete a un lado o te golpeo la cabeza”, son las amenazas de un efectivo policial contra una fotoperiodista que cubría las protestas en Cusco, según recogió la ANP.
“Con lo que más tenemos que confrontar los periodistas en este momento es con la desconfianza de la gente. Hay un clima muy hostil. Vas a cubrir las protestas y si la policía ve prensa, va con todo porque no quieren que quede registro de las violaciones a los derechos humanos. En las protestas la gente está enojada, te pueden golpear”, explica Lainez.
Actualmente, el país andino está viviendo una vuelta a las protestas y movilizaciones contra el régimen de Dina Boluarte, en las que se exige el adelanto general de las elecciones. El 19 de julio de 2023 miles de peruanos se movilizaron en las 24 regiones del país, siendo el Centro Histórico de Lima el punto central de la protesta. Se le llamó la “Tercera Toma de Lima”. A pesar de que las crónicas periodísticas de ese día cuentan que la marcha se desarrolló pacíficamente, la policía y los militares reprimieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones.
El Observatorio de Libertad de Prensa de la ANP registró que en la manifestación del 19 de julio en Lima se atacaron a siete periodistas. Seis de los ataques fueron perpetrados por civiles, y uno por agentes de la policía, según ANP. Entre estos ataques hubo robos de herramientas de trabajo y equipos periodísticos, además de insultos y agresiones físicas contra los periodistas. Uno de los casos que más repercusión mediática tuvo fue el de Gabriela Ramos Carbajal. A esta periodista independiente la Policía le disparó cinco veces con perdigones generándole heridas en la espalda, brazos y cara. La periodista fue trasladada al hospital para ser atendida y, según fuentes de la Policía, ya fue dada de alta.
A pesar de la represión y de que se esté limitando el derecho a la protesta por parte del régimen de Boluarte, la Confederación General de Trabajadores del Perú fijó nuevas manifestaciones a nivel nacional para los días 27, 28 y 29 de julio. En ese contexto de crisis social y política, a comienzos del mes de julio se conoció la reunión que mantuvo el Ministerio de Cultura de Perú con integrantes de la asociación La Resistencia, un grupo de extrema derecha asociado al ataque de periodistas, entre otras personalidades públicas.
El descontento de la población peruana con los medios de comunicación y las agresiones de civiles contra la prensa en las manifestaciones se refleja en los resultados de la encuesta nacional realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en mayo de 2023. Los resultados demuestran que el 65% de la población contestó que los medios de comunicación informaron de manera parcializada las noticias de las protestas sociales.
Perú está viviendo su segunda peor crisis de confianza hacia los medios de comunicación, según Lainez. Esta empezó cuando “los medios masivos desinformaron abiertamente para favorecer a la candidatura de Keiko Fujimori” en la campaña electoral de cara a las elecciones generales de 2021. La primera crisis fue en el 2000, época en la que el entonces presidente Alberto Fujimori fue destituido por el Parlamento luego de verse envuelto en un escándalo de corrupción.
Lainez ejerce la militancia desde los comienzos de su formación y a los 28 años fue elegida como secretaria general de la ANP. En el 2021 fue electa presidenta, un rol que hasta ese momento no había ocupado ninguna mujer en 93 años de historia de la organización gremial. A su vez, por su rol en la FIP, en mayo de 2023 visitó Palestina, cuando se conmemoró un año del asesinato de Shireen Abu Akleh, la reportera de la cadena Al Jazeera que fue asesinada a disparos mientras cubría una incursión militar de Israel en la Cisjordania ocupada.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés). (Foto: Cortesía de Zuliana Lainez)
Ella también ha trabajado en periódicos, en radio, como docente de periodismo, y es conferencista especializada en seguridad de periodistas y libertad de expresión. Por eso cuenta con detalle la noticia que recibió recientemente cuando se encontraron restos humanos en la ciudad de Huacho, en el departamento de Lima, Perú. Se presumió que podían ser del periodista Pedro Yauri, desaparecido forzadamente en junio de 1992 a manos del Destacamento Colina, un grupo paramilitar impulsado por el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.
“En el siglo XXI, Perú tiene tres periodistas en condición de desaparecidos. Uno de ellos es el colega Pedro Yauri, pero los restos que aparecieron recientemente se identificó rápidamente que no eran suyos. Entre 1980 y el 2000, el peor periodo de violencia en el país, tuvimos más de 50 periodistas asesinados, y solo tenemos un caso donde hay justicia al 100%. Se consiguió este año”, dice Lainez.
“La situación del periodismo independiente en América Latina es complicadísima”, asegura Lainez. “Hay una situación paradójica. Necesitamos más que nunca al periodismo, estamos en momentos bien críticos en la región desde todo punto de vista. Ejemplos son la crisis política y social en Perú, o la represión social en la provincia de Jujuy en Argentina. Siempre las primeras víctimas de estos procesos es la gente de prensa. Los medios masivos son aliados del poder, y el periodismo independiente es un soplo de esperanza que plantea pluralidad y no está sujeto a intereses corporativos”.
Sin embargo, uno de los mayores retos del periodismo independiente sigue siendo la sostenibilidad económica. “Para muchos medios los grants son los soportes de las publicaciones, pero no duran para siempre. Hay publicaciones que empezaron bien con estos grants, pero ahora con el foco en [la invasión en] Ucrania los fondos están girando hacia esa región”, dice Lainez. “Que las suscripciones puedan mantener a un medio al 100% es un escenario muy restringido. América Latina no es una región que esté dispuesta a pagar por información”.
Así y todo, según la vicepresidenta de la FIP, en el podio de los retos que enfrenta el periodismo en la región está el acoso judicial. Es decir, la persecución y el ejercicio abusivo de la justicia. Casos como el de José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico de Guatemala que fue sentenciado a seis años de cárcel por lavado de dinero, son paradigmáticos. Desde Perú, Lainez cuenta que “en temas de acoso judicial en la ANP estamos sobregirados, nos llegan más de 30 casos al año. No los llegamos a atender todos”. Y hace hincapié en que el acoso judicial “tiene un triple impacto cuando es contra un periodista independiente, porque no tienen un equipo jurídico con el que enfrentar las querellas”.
En la ANP han documentado las querellas presentadas contra periodistas y medios en Perú entre 2019 y 2022. Tienen contabilizados 109 casos en esos años, de los cuales el 80% fueron querellas iniciadas por funcionarios públicos, personajes públicos, o sus familiares. En este escenario, en el 2022, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para elevar las penas de cárcel de tres a cuatro años por difamación por información publicada en medios de comunicación, redes sociales o páginas web. La ANP manifestó su rechazo contra esta propuesta. “Lo primero que hicimos fue decir que en un país en el que el acoso judicial está tan normalizado, este proyecto de ley es un peligro para la libertad de prensa”, explica Lainez.
La presidenta de ANP sigue contando: “Con el marco legal actual los procesos contra periodistas y medios suelen durar un promedio de cuatro años. Al final de ese proceso el 90% de los periodistas salen absueltos. No se lleva a difamadores a tribunales, solo se lleva a periodistas por hacer su trabajo. Nos llevan para quitarnos la tranquilidad”. Para ella, “asumir una defensa legal tiene un impacto económico. Si se hubiera aprobado la ley que proponían los procesos se extendían a 6 años, la tortura iba a ser mayor. Felizmente archivaron este proyecto de ley”.
Frente a la situación de precariedad y violencia a la que están expuestos los y las periodistas cuando ejercen el oficio, Lainez es categórica al decir que la organización del gremio es clave. Ella pone como ejemplo la situación de los fotorreporteros que cuando van a cubrir las manifestaciones en las calles “van juntos, se organizan en el terreno”.
Otro de los consejos de la presidenta de la ANP es no normalizar las agresiones: “Cuando te pase algo, hay que denunciar inmediatamente. Hay que denunciar de manera formal, que el Ministerio Público asuma su responsabilidad y se intente identificar estos casos. Porque como todos suelen quedar impunes, las fuerzas del orden van con todo”.
Finalmente, Lainez hace especial hincapié en el apoyo psicológico para periodistas que cubren violencias y manifestaciones. “Los periodistas estamos muy enfocados en entrenamientos de seguridad, y pensamos muy poco en la contención emocional. No somos superhéroes, y son muy frecuentes los momentos de tensión absoluta”, dice.
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Florencia Pagola es una periodista independiente de Uruguay. Investiga y escribe sobre derechos humanos y libertad de expresión en América Latina.
Imagen de banner: Quispe Keen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
