Se cumple casi un mes desde que el periodista, fundador y presidente de elPeriódico de Guatemala, José Rubén Zamora Marroquín, fuera detenido, acusado por el Ministerio Público del país de presunto lavado de dinero. Desde el mismo momento de su detención, así como del allanamiento de su casa y de las oficinas del medio, organizaciones internacionales y nacionales, así como su defensa han catalogado el caso como un paso más en la persecución del gobierno del presidente Alejandro Giammattei contra la prensa del país.
Con el ánimo de hablar sobre su caso y “mantener la llama encendida”, como apuntó Carlos Jornet, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) realizó el panel “Encarcelado por informar: autoridades guatemaltecas apuntan a destacado periodista”, el pasado 24 de agosto.
Moderado por la periodista mexicana Carmen Aristegui, el panel contó con la presencia de Lucy Chay, subdirectora de elPeriódico; Carlos Dada, director de El Faro de El Salvador; y José Carlos Zamora, director de comunicaciones de Exile Content Studio e hijo de José Rubén Zamora Marroquín.
José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, fundador y director de elPeriódico. (Foto: Cortesía)
Zamora comenzó explicando la difícil relación entre elPeriódico y el gobierno a causa de las investigaciones periodísticas. De acuerdo con cifras del medio, de las 137 semanas que lleva la presidencia de Giammattei, elPeriódico no ha dejado de publicar en ninguna semana alguna investigación sobre presuntos casos de corrupción: procesos irregulares o contratos otorgados a amigos de la administración hacen parte de las constantes denuncias.
La investigación publicada por elPeriódico que habría sido el “punto de quiebre”, según Zamora, estaba relacionada con un negocio con una empresa rusa para explotar una mina. Un negocio en el que el Presidente presuntamente recibió dinero.
Tras esta y otras investigaciones, el pasado 29 de julio el Ministerio Público “logran armar un caso con base en unos hechos reales que logran retorcer y luego le agregan algunas pruebas ilegales y otras fabricadas”, dijo Zamora en el panel.
El caso de la fiscalía contra Zamora Marroquín, que fue armado en 72 horas, según una investigación de El Faro, tiene como base el testimonio de una sola persona y la entrega de un dinero que Zamora Marroquín sí realizó, en cambio de un cheque, como parte de procedimientos adoptados en el marco de un boicot financiero contra el medio.
Según Zamora, “elPeriódico durante toda su historia ha experimentado distintos tipos de persecución por parte del Estado”. Además de amenazas, secuestros, intentos de asesinatos, entre otros ataques, una de las últimas estrategias es el boicot comercial. El Gobierno, según Zamora y Lucy Chay, les prohíbe a las grandes empresas pautar en el medio.
“[Esto] llevó a que muchos empresarios, que creen que elPeriódico juega un papel fundamental en la democracia de Guatemala, quieran apoyar pero sin que se sepa porque temen a las represalias del Estado”, explicó Zamora, quien puso como ejemplo a un empresario que perdió su licencia por un año luego de haber continuado pautando con el medio.
Fue en ese contexto que Zamora Marroquín recibió una donación en efectivo de un empresario. “Hay que hacer énfasis en que son fondos lícitos y bancarizados, provienen del sistema bancario”, agregó Zamora. Como se trataba de dinero en efectivo, el director de elPeriódico buscó una manera para reingresarlo al sistema bancario, para entre otras cosas, pagar la nómina de los periodistas. Es allí cuando aparece la figura de Ronald Giovanni García Navarijo, un exbanquero que Zamora Marroquín conocía de tiempo atrás porque había sido gerente del Banco de los Trabajadores y por haber sido fuente de elPeriódico.
Según la narración de Zamora, García Navarijo le ofreció a Zamora Marroquín ingresar esa donación al sistema bancario – algo que no se vio sospechoso debido a su pasado como bancario. Zamora Marroquín le entregó el dinero a García Navarijo y este le dio un cheque que debía ser consignado en la cuenta de elPeriódico. Este paso nunca se completó porque el cheque no tenía fondos.
Estos dos puntos los resalta Zamora para asegurar que el delito del lavado de activos no se cumple en el caso de su padre: primero, porque el dinero tiene un origen lícito y se encontraba en el sistema bancario (de hecho, la foto original del Ministerio Público muestra el dinero con cintillos bancarios los cuales desaparecieron en la primera audiencia de su padre). Y segundo, que el dinero nunca llegó al sistema bancario debido a que la cuenta no tenía fondos.
“La verdad es que Navarijo estafó. Él recibió el dinero en efectivo – bancarizado, legal y legítimo –, y dio un cheque sin fondos”, dijo Zamora, quien agregó que actualmente creen que todo “fue un montaje del Ministerio Público”.
A pesar del caso débil que tienen, según Zamora, la justicia le otorgó al ministerio público el plazo máximo que existe en la legislación de Guatemala para que arme el caso, es decir, tres meses. También decidió que esos tres meses Zamora Marroquín los debe pasar en una cárcel y no en prisión domiciliaria, por ejemplo, como lo hubieran hecho en otros casos.
“Desde el principio este proceso ha incumplido con todos los requisitos legales y tiempos procesales”, agregó Zamora.
“Sí creemos que la intención no solo es la detención de José Rubén Zamora, sino matar y asfixiar a elPeriódico, que ha sido un medio dedicado a la fiscalización, a la investigación de todos los casos de corrupción en el país. Y definitivamente si lo están haciendo con nosotros, que ya tenemos 26 años de estar fiscalizando al gobierno, van a seguir con otros medios”, dijo enfáticamente Chay, subdirectora del medio. “Esto apenas empieza, no está terminando”.
Chay habló de las condiciones en las que el equipo actualmente hace periodismo: sin recibir salario por la congelación de cuentas y con mucho temor de lo que pueda suceder. Por ejemplo, días después de que descongelaron las cuentas del medio, detuvieron a la directora financiera del periódico, lo que afectó de nuevo el funcionamiento normal del medio.
“Estamos trabajando lentamente. Es un proceso bastante duro para la redacción que ha trabajado unida. Y sí hay temor y creemos que ese mismo temor nos está haciendo trabajar y nos ha hecho trabajar durante todo este tiempo”, señaló. “La convicción de la redacción y de todo el equipo es seguir trabajando y ver cómo podemos seguir funcionando. No sabemos hasta cuánto podamos aguantar, pero seguimos ahí”.
Panel organizado por ICFJ sobre el caso de José Rubén Zamora. Sentido de reloj: Carlos Jornet (SIP), Patrick Buttler (ICFJ), José Zamora (Exile Content), Carlos Dada (El Faro), Lucy Chay (elPeriódico) y Carmen Aristegui (Aristegui Noticias). (Captura de pantalla)
Chay también mencionó los diferentes ataques que ha enfrentado Zamora Marrqouín y el diario. En 2003 su vivienda fue allanada, y él y su familia tuvieron que exiliarse. En 2008, fue secuestrado, drogado y abandonado “como muerto” en una carretera. En 2016, de nuevo tuvo que exiliarse por casi siete meses luego de conocer un complot para atentar contra su vida. Además ha tenido que enfrentar diferentes denuncias penales, una de las más recientes haciendo uso de la Ley de Femicidio. En mayo pasado, el medio conoció que el Ministerio Público estaba planeando un caso en su contra, el cual finalmente se concretó el 29 de julio.
Precisamente sobre el deterioro de Guatemala en su aspecto judicial habló Carlos Dada, de El Faro. En un breve resumen Dada explicó cómo en 2004 el gobierno de Guatemala para recuperar al Estado que parecía estar perdido ante el crimen organizado invitó a las Naciones Unidas a intervenir. Con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se empezó a recuperar.
El gobierno de Jimmy Morales, no obstante, decidió terminar el convenio con la CICIG. “Acto seguido empezó la retoma del aparato del Estado”, dijo Dada quien explicó que la entonces Fiscal General fue destituida y actualmente está exiliada junto al entonces titular de la FECI. La actual Fiscal General, Consuelo Porras, y el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, se encuentran en la lista Engel de Estados Unidos - una lista de funcionarios de Centroamérica señalados de corrupción.
“Son ellos los que hoy están procesando a José Rubén Zamora. Yo creo que es muy importante aclarar esto para darnos cuenta del origen y de la credibilidad que tiene el caso contra José Rubén Zamora”, enfatizó Dada.
Chay agregó que la salida de la CICIG se dio cuando empezaban las investigaciones en contra del expresidente Morales, y que el reemplazo del titular de la FECI llegó cuando se estaba investigando al presidente Giammattei. Actualmente, 24 operadores de justicia se encuentran en exilio, y cinco están siendo procesados, aseguró Dada.
“El caso de mi papá no es solamente el caso contra él. Esto es un ejemplo de lo que está pasando en el país. Es un ataque sistemático a la democracia y un ataque sistemático a la prensa. Giammattei ha perseguido a activistas, luego, como dijeron, ha perseguido a los operadores de justicia que llevaban los casos de corrupción de alto impacto. Y ahora está persiguiendo a la prensa. Es un ataque de un régimen sumamente autoritario, es sistemático, y es en contra de la democracia”, dijo Zamora.
“Es tal vez el mensaje más descarado de un gobierno en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de prensa”, dijo por su parte Chay al finalizar el panel. “Es un mensaje bastante fuerte, no solo para la prensa, sino también para todos las personas que quieran elevar su voz en contra del gobierno o que estén en desacuerdo con el gobierno”.
Un peligro que no se limita a Guatemala que tiene cada vez más periodistas exiliados o enjuiciados, explicó Dada. El periodismo de Nicaragua está casi en su totalidad en el exilio y oficialmente se quedó sin periódicos. En El Salvador hay un sistema de ataque contra toda voz crítica al gobierno. México con sus ataques a periodistas desde la presidencia también se destaca. Brasil, Cuba y Venezuela son referentes por sus ataques a la prensa, e incluso Costa Rica ya empezó a hacer titulares por su relación hostil con la prensa.
“El ataque a la prensa tiene la intención de no permitir una narrativa alternativa a la que se quiere imponer que es la del Estado. Es decir, hoy los gobiernos tienen el patrimonio de la verdad y la ejercen escondiendo toda la información. Y los periodistas que tenemos como función posicionarse frente al poder y exigir la rendición de cuentas, somos un estorbo”, dijo Dada.
Las consecuencias para el periodismo son claras. Primero, los medios acosados y perseguidos así como sus periodistas debido a la preocupación dejan a un lado su rol principal, que es servir a la comunidad con información e investigar la corrupción. También afecta y atemoriza a las fuentes, pero especialmente afecta a la ciudadanía.
“Afecta directamente el derecho de los ciudadanos a estar informados, a que sepan qué se hace con los fondos públicos”, dijo Dada. “Estamos viviendo una situación efectivamente de desmantelamiento de la democracia con regímenes autocráticos y populistas para los cuales el ejercicio periodístico es claramente un estorbo. El objetivo final no es probar que José Rubén Zamora es lavador de dinero. El objetivo final es silenciarnos. Silenciarnos porque nuestras investigaciones afectan directamente su monopolio del poder”.
El panel cerró con unas palabras de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien hizo un recorrido por las tendencias autoritarias contra la prensa en la región, lideradas por el matrimonio Ortega-Murillo de Nicaragua al que catalogó como una “escuela de dictadores”.
“Por todo eso es que tenemos -- nosotros y todos quienes creemos en el valor de la democracia y la libertad -- la obligación y el compromiso de hacer oír fuerte nuestra voz sobre el caso de José Rubén Zamora”, aseguró Jornet. “Que resuene en todo el continente y más allá también, porque seguramente van a coincidir conmigo en que en ese allanamiento, en esa detención, en esa imputación puede reconocerse el comienzo de un proceso tendiente a cerrar el cerco sobre el periodismo libre y avanzar sobre toda institucionalidad democrática”.
