La reciente firma de una resolución por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) formará parte de los argumentos con los que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuará su trabajo en la región.
Así lo considera Edison Lanza, Relator Especial de la CIDH – entidad que hace parte de la OEA – para quien la resolución se convierte en parte del acervo jurídico con el que se puede exhortar a los gobiernos a que la cumplan.
En dicha resolución los gobiernos se comprometen a respetar el derecho a la libertad de expresión, a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas y trabajadores de medios de la región, así como a compartir las mejores prácticas en la materia.
“Me parece que tener una resolución con términos claros, no solo de condena a la violencia contra periodistas, sino con compromisos de avanzar en materia de prevención de esta violencia, de protección con mecanismos especiales, etc., y de procuración de justicia es un argumento, de algún modo, de derecho internacional que los propios Estados se han auto obligado a observar este tipo de estándares”, dijo Lanza al Centro Knight.
La resolución sobre la Promoción y Protección de Derechos Humanos, firmada el pasado 21 de junio, condena todos los tipos de agresión contra los trabajadores de los medios y reconoce la necesidad de que el periodismo se ejerza en un ambiente libre de presiones obligando a los Estados a garantizarlo así.
“[Resuelve] reafirmar que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento, e instar a los Estados a implementar medidas integrales de prevención, protección, investigación y sanción de los responsables y a poner en práctica estrategias para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, compartiendo buenas prácticas, entre otras, i) la creación de fiscalías especializadas independientes; ii) la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos; y, iii) la formación continua de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas en libertad de expresión y seguridad de periodistas”, establece la resolución.
Para Lanza, quien lleva tres años en el cargo y quien recientemente fue reelegio por la CIDH, es precisamente lo establecido en la resolución de compartir buenas prácticas así como la creación de fiscalías o unidades especializadas en este tema, lo que permitirá abrir el diálogo con los Estados en compañía de la sociedad civil con el propósito de lograr avances en este tema.
“No tenemos la facultad de ordenarle a los Congresos o al Ministerio Público qué hacer directamente, pero sí lo podemos hacer a través de las distintas facultades que tiene la Comisión y la Relatoría”, dijo Lanza haciendo referencia a las visitas oficiales que tiene planeado realizar este año.
Así por ejemplo, en Guatemala y Paraguay la Relatoría espera que se avance en la formalización de mecanismos de protección para periodistas los cuales se han venido discutiendo al interior de cada uno de estos países. En México, a donde irá en compañía de la Relatoría de las Naciones Unidas, evaluarán el mecanismo que ya funciona en el país “a la luz de los estándares interamericanos y de esta resolución que también se aprobó”.
Para Lanza la resolución también tiene una significancia especial toda vez que reconoce el trabajo de la Relatoría, que cumplió 20 años, como el órgano experto en diseminar estándares de libertad de expresión en la región.
“No es nada menor a 20 años de creada que se renueve la confianza y el mandato para trabajar en este sentido, y la Relatoría lo va a hacer de distintas maneras”, dijo Lanza quien agregó que uno de estos mecanismos es a través de la promoción de casos ante la Comisión y esta a su vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Todos estos estándares también son muy útiles justamente para ponerlos de presente a la Corte que en la resolución de casos específicos de violaciones a los derechos de los periodistas que no han sido resueltos y que no han logrado satisfacción a nivel nacional deberán aplicar también estos compromisos que los propios Estados en la OEA han adquirido”, aseguró el Relator Especial.
Precisamente, los próximos 22 y 23 de agosto, la Corte IDH realizará la audiencia pública en el caso Nelson Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia. Carvajal Carvajal era director del Noticiero Momento Regional y de las radiorevistas Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica de la emisora Radio Sur de RCN Radio, en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, y fue asesinado el 16 de abril de 1998.
“Lo que queremos establecer es cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de investigación en este tipo de casos. Este es el primero en el sistema interamericano que se trata de un periodista asesinado, por agente no estatales, que permanece impune. Entonces este un caso concreto donde se va a tratar [lo establecido en la resolución]”, agregó.
La violencia contra periodistas y lograr justicia en estos crímenes es un tema “prioritario” para la Relatoría, según Lanza. En la actualidad, uno de sus mayores preocupaciones se enfoca en México en donde “el recrudecimiento de la violencia” ha dejado un saldo de al menos seis periodistas asesinados, según los registros de esta oficina. Algunos de estos asesinatos han sido de periodistas “realmente emblemáticos que tenían una enorme importancia e influencia para el derecho a la información de sus estados”, dijo Lanza al referirse a los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez.
Sin embargo, el Relator Especial señaló que también hay otros tipos de agresiones a la libertad de expresión en la región que les preocupa como es el caso de Venezuela, “que merece un capítulo aparte”, toda vez que allí hay un “deterioro absoluto” de este derecho. O el de Colombia en donde a pesar de que de no se han registrado asesinatos, sí hay “un incremento de la polarización del discurso [que] tiene como objetivo silenciar a periodistas”.
Atención especial le merece Estados Unidos que al abandonar “su liderazgo en materia de protección a la libertad de expresión y el papel del periodismo” ha enviado una mensaje perjudicial para el resto de países de la región.
Aunque esta resolución aborda otros temas además de la violencia contra periodistas, no es la primera en ser aprobada por la OEA sobre este problema. En 1998, la organización aprobó la primera resolución en el marco de la conferencia internacional Crímenes sin castigo contra periodistas que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organizó en 1997 en Guatemala, informó la agencia EFE.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
