En un poco más de un mes después de haber devuelto el esquema de protección que le había otorgado la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia luego de denunciar irregularidades en este, la periodista Claudia Julieta Duque ya ha sufrido “dos incidentes de seguridad delicados”.
Una situación que le genera más preocupación luego de que el pasado 7 de marzo una juez le negara una tutela (mecanismo legal en Colombia que busca proteger los derechos fundamentales) en contra de la UNP por la violación a los derechos a la intimidad, habeas data, libertad periodística y seguridad personal.
Claudia Julieta Duque. (Twitter).
En la tutela, entre otras cosas, Duque pedía que se ordenara a la UNP restablecer el esquema de protección sin el GPS instalado en el vehículo que hace parte de este. En sus consideraciones, la juez señaló que no está en su competencia decidir sobre cuáles son los mecanismos de protección propicios – haciendo referencia al Comité encargado de evaluar la situación de seguridad de las personas amenazadas – y enfatizó que la UNP ha estado en disposición de ofrecer la protección a la periodista, según la decisión a la que tuvo acceso LatAm Journalism Review (LJR).
Para Duque, los argumentos expuestos por la juez desconocen su situación particular de seguridad, como por ejemplo que a raíz de la concertación realizada entre el Estado y la periodista en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la evaluación de seguridad de Duque es hecha por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y no por la UNP.
“La UNP y la juez descargan en mí la responsabilidad de la protección. ‘Es culpa de ella haber entregado el esquema. Entonces se están cumpliendo las medidas’. Es ridículo. Esto es muy grave”, dijo Duque en una entrevista con LJR. “Esto es una carta blanca para que me pase cualquier cosa y la UNP se lave las manos diciendo ‘mira, pero fue que ella renunció’. Y esto no es una renuncia voluntaria, esto es una renuncia forzada ante una situación muy grave”.
La renuncia de Duque a su esquema de seguridad —que tuvo lugar el pasado 8 de febrero— se dio después de que ella y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunciaran la recolección masiva de datos sensibles de la periodista que no sólo la ponían en riesgo a ella, sino a sus familiares y fuentes periodísticas, según la denuncia del momento.
En octubre de 2021, la FLIP alertó que la UNP había recolectado más de 25 mil registros de Duque entre febrero y agosto de 2021 a través del GPS instalado en el vehículo que hacía parte del esquema de protección.
Según una carta pública enviada en ese momento por el director ejecutivo de la FLIP al director de la UNP “el monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos”. Los registros incluyen fecha, hora, dirección de la ubicación exacta, sentido en el que va el vehículo y un enlace de localización en Google Maps, entre otros datos.
También en octubre, la periodista envió un derecho de petición a la UNP solicitando la totalidad de los datos recolectados, retirar el GPS del vehículo, así como tener una reunión para concertar las medidas cautelares de la CIDH.
En su respuesta, la UNP señaló que la información solicitada era de “carácter reservado” y agregó que son de “carácter general y estadístico, y no comprometen información privada de las personas protegidas”, informó la FLIP en un comunicado.
Posteriormente, el 9 diciembre de 2021 se realizó una reunión en Cancillería donde se discutió sobre el uso de los GPS en los vehículos y donde de nuevo Duque solicitó retirar el dispositivo de su vehículo. En ese momento no hubo respuesta final. El 13 de diciembre se volvió a solicitar retirar el GPS y posteriormente la UNP la negó aduciendo que era “la única herramienta con la que cuenta la UNP, para poder controlar la actividad de protección de manera idónea y eficaz”, explicó la FLIP.
Duque dijo a LJR que ella propuso cambiar el GPS por un tacógrafo digital teniendo en cuenta que según la UNP el GPS era usado para controlar velocidad, así como el estado del vehículo. Algo que tampoco fue aceptado por la UNP.
La periodista también aseguró que durante este proceso la UNP ha mentido y no ha cumplido con las medidas cautelares de la CIDH. Por ejemplo, aseguró que entre las personas que han tenido acceso a los datos recolectados por la UNP se encuentra al menos un miembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El DAS, que era el organismo estatal de inteligencia, fue liquidado en 2011 tras escándalos de seguimiento y persecución ilegal a periodistas, políticos e incluso magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras personas. En el caso de Claudia Julieta Duque exfuncionarios del DAS fueron acusados del delito de tortura psicológica agravada en 2013. El crimen contra Duque fue catalogado como de lesa humanidad por la Fiscalía General de Colombia en 2017.
“Ver el nombre de ese hombre ahí, intercambiando información sobre mí, me pareció súper grave, me pareció revictimizante, me pareció una burla total a todo lo que ha sucedido”, dijo Duque. “Entonces ante todo eso yo siento que no tenía otra opción distinta y por eso me vi forzada a entregar el carro, porque yo siento que lo que pasó en estos en estos últimos meses fue una burla de parte del Estado, una burla tenaz”.
La periodista agregó que durante este proceso también se descubrieron otros dispositivos dentro del vehículo, así como que estaba activada una función de apagado remoto, desactivación remota de los seguros de las puertas del vehículo y bloqueo de todos los dispositivos de transmisión de señales (como la del celular). “Con lo cual remotamente se podría detener el carro, desbloquearlo, evitar que el protegido alerte sobre lo sucedido, y realizar atentados o asesinatos”, dijo.
La FLIP, organización que ha acompañado a la periodista en este proceso, manifestó su preocupación por la seguridad de Duque especialmente ahora que no se han adoptado “medidas de protección integrales por parte del Estado”.
“Por eso, le solicitamos a la CIDH que realice un seguimiento especial a las medidas cautelares otorgadas a favor de la periodista, en el que evalúe los riesgos del uso de tecnologías en el mecanismo de protección, y reitere al Estado a que las mismas sean concertadas con la beneficiaria y acordes a su situación de riesgo”.
Duque aseguró que cuenta con el acompañamiento de Brigadas de Paz, una ONG que suele proteger a personas amenazadas en el país como defensores de derechos humanos. Sin embargo, junto a otras organizaciones que han mostrado su apoyo están mirando qué otras opciones de protección podrían tener.
Para la periodista su caso demuestra un tema más global del mecanismo que debería entrar a revisarse. “Aquí estamos, ante una situación de irregularidades muy graves dentro del llamado mecanismo de protección”, aseguró.
LJR solicitó al director de la UNP, Alfonso Campo, declaraciones sobre este tema, pero hasta el cierre de esta nota nunca recibió respuesta.
