“Mi procesamiento había creado miedo entre muchos periodistas y ahora el horizonte es más seguro”, dijo el periodista argentino Daniel Santoro sobre la revocación de su caso ante los tribunales.
Periodista argentino Daniel Santoro. (Cortesía del diario Clarín)
Hasta el viernes 11 de diciembre, Santoro estaba siendo procesado por extorsión, coacción y espionaje, tenía prohibición de salida del país y un embargo suspendido por 3 millones de pesos argentinos (cerca de US $36 mil) sobre sus bienes.
Sin embargo, como un “hito en la defensa del periodismo”, según dijo el periodista del diario Clarín, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió revocar su procesamiento, el cual llevaba ya más de un año.
El fallo defiende el secreto de las fuentes periodísticas como algo “indispensable para un adecuado ejercicio del trabajo periodístico”, señaló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), al tiempo que separa la responsabilidad del periodista respecto de sus fuentes. Según Adepa, esta confusión está presente en muchos juicios contra periodistas.
En agosto de 2019, el juez Alejo Ramos Padilla del tribunal de la ciudad de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, llamó a testificar a Santoro en el caso contra Marcelo D’Alessio, alguien que, según varios medios argentinos, se hacía pasar como abogado, agente de Inteligencia y hasta de agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Argentina.
Santoro fue procesado en el juicio contra D’Alessio como cómplice de intento de extorsión a dos empresarios, de acuerdo con La Nación. “El juez pidió un registro de todas mis llamadas entrantes y salientes de los últimos tres años, medida a la que me opuse rotundamente”, dijo Santoro a LatAm Journalism Review (LJR). “Eso violaba el secreto profesional periodístico que ampara la Constitución de la Argentina en el artículo 43”.
La Constitución de la Nación Argentina señala en el Artículo 43 que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
Asimismo, el juez Ramos Padilla ordenó a la Comisión Provincial de la Memoria que analizara las notas periodísticas de Santoro para ver si hubo complicidad con los delitos que se le imputan a D’Alessio.
“Yo tengo obviamente, después de treinta años de ejercicio del periodismo, más de cien fuentes de información; yo escribo doscientas notas por año y el juez empezó a urgar en 3 o 4 notas en donde, efectivamente, D’Alessio había sido mi fuente de información”, dijo Santoro.
Durante el juicio, de acuerdo con Santoro, todos los medios simpatizantes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hicieron una campaña de desprestigio contra él. “Demolieron mi figura pública acusándome de las peores cosas que vos te podés imaginar”, dijo Santoro y añadió que también recibió insultos en redes sociales y hasta amenazas de muerte.
“Entiendo que soy una figura pública y que se debata [sobre mí] …, pero no que metan a mi familia. Nunca me había pasado. Yo he sufrido decenas de ataques, de presiones, de hackeos de mi teléfono, pero nunca se habían metido con mi familia”, dijo Santoro sobre algunas publicaciones en las que aparecía su dirección, y fotos personales, etc.
Sin embargo, dijo Santoro, “en ningún momento de la causa se puso en tela de juicio el hecho de la calidad de mis notas, sino que lo que decían es que esas notas eran para hacer acciones de operación psicológica contra el gobierno de Cristina [de] Kirchner”.
En octubre de 2020, el juez amplió los cargos por los cuales Santoro estaba siendo juzgado, acusándolo, además de extorsión y coacción, de ser miembro de una asociación ilícita de espionaje a funcionarios.
Al respecto, Adepa dijo que el procesamiento estaba asentado en suposiciones, datos falsos y en una fuerte politización de las interpretaciones de los hechos.
Santoro resaltó que fue muy importante en su caso la intervención que hizo en su defensa el entonces Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, ante el juez Ramos Padilla.
La Relatoría exigió a las autoridades evitar que Santoro sea blanco de acoso judicial y otro tipo de hostigamiento, publicó el diario Clarín en abril de 2020. “Esta Oficina reitera el importante papel que desempeñan los medios de comunicación para la democracia, en especial cuando se trata de un periodismo de investigación activo”, señaló la Relatoría en ese entonces, de acuerdo con el diario argentino.
Asimismo, la Relatoría se pronunció en ese entonces sobre el secreto profesional periodístico al sostener que la protección de las fuentes periodísticas “constituye un derecho a la libertad de expresión, dado su valor inestimable para que la sociedad acceda a información de interés público, que sin esa protección, difícilmente tomaría estado público”, publicó Clarín.
El abogado colombiano Pedro Vaca, quien asumió el cargo de Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH a principios de octubre de 2020, saludó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata a favor de Santoro vía Twitter, por “resguardar la libertad de prensa”.
Este fallo, continuó Vaca, “despeja serias preocupaciones sobre el uso del poder judicial para censurar”. El procesamiento de Santoro contravenía los estándares internacionales y ponía “en jaque” al periodismo de investigación en Argentina, expresó.
Santoro también recibió el apoyo de editores y periodistas de reconocidos medios y organizaciones de América Latina, como Abraji de Brasil, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), entre otros.
De acuerdo con Santoro, él fue involucrado en este caso judicial como consecuencia de sus investigaciones, no solo las propias sino también por las de su equipo. Como editor del equipo de judiciales de Clarín, dijo Santoro, tienen una cobertura de seguimiento a los más de cien exfuncionarios de Cristina de Kirchner que están siendo procesados por presuntos actos de corrupción. “La expresidenta, en particular, tiene ocho procesamientos judiciales”, dijo.
“Entonces, obviamente, yo soy una cara visible de aquellos periodistas que no aflojamos y que no vamos a bajar los brazos”, dijo Santoro.
Los periodistas de investigación tienen que meterse “en el barro” para conseguir información, dijo Santoro. “No hablamos solamente con el vocero del Presidente, el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, no, no, hablamos con multiplicidad de fuentes. Y los periodistas no somos responsables por lo que hacen nuestras fuentes”.
Y la relación entre un periodista y su fuente no es de un solo sentido, dijo Santoro. “Yo a una fuente la llamo veinte veces antes de publicar una nota e intercambio información”.
“Acá ha habido cinismo y mala fe para desprestigiarme a mí y para hacer caer la causa de ‘Los cuadernos de las Coimas’”, dijo Santoro. El reportaje mencionado, del periodista Diego Cabot del diario La Nación, dio paso a una de las investigaciones judiciales más importantes del país, de acuerdo con Santoro, sobre presuntos casos de corrupción de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Como consecuencia de su procesamiento y a pesar del fallo a su favor, Santoro dijo que esto ha intimidado a los periodistas que cubren noticias judiciales. “Siempre había 20, 30 periodistas buscando noticias y ahora los que quedamos los contamos con los dedos de la mano, es por una cuestión de miedo a la Justicia”.
El procesamiento de Santoro no ha concluido. Algunos de los querellantes del caso pueden apelar, aunque las probabilidades son pocas porque el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata fue contundente, señaló Santoro. Falta, sin embargo, un paso final para que el caso quede cerrado, que es el sobreseimiento, es decir que la investigación judicial contra Santoro se dé por terminada.
Fernando Ruiz, presidente del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), dijo a LJR: “Estamos muy, muy contentos con el fallo. Realmente creemos que fue un fallo muy, muy valiente. Pero todos sabemos que la situación en la Argentina no está bien y se puede poner peor, porque hay algunos sectores del Poder Judicial que utilizan el derecho penal para criminalizar el periodismo y a su vez no le tienen ningún respeto al concepto constitucional”.
Charla con expertos y periodistas sobre el "fallo Santoro", organizada por la Universidad Austral de Argentina. (Captura de pantalla)
En una charla organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, ‘Libertad de prensa y secreto de fuentes’, sobre el juicio contra Santoro y el fallo a su favor, Mauricio de Núñez, abogado penalista y defensor del periodista en el juicio, argumentó que la acusación contra el periodista tenía como objetivo perjudicar a otras investigaciones en curso.
No obstante, Ruiz explicó en esa charla que “el fallo de los tribunales de Mar del Plata está sentando una doctrina que va a funcionar como una barrera de defensa importante, no solo para Santoro, sino para todos los periodistas de investigación que tratan de eliminar las zonas oscuras en la corrupción pública”.
Según Ruiz, el caso D’Alessio era un caso judicial político que se volvió un caso de criminalización del periodismo con un fuerte apoyo político. “Estos son intentos para destruir la reputación de periodistas que lideran las investigaciones contra la corrupción”, señaló Ruiz.
El abogado y exconstituyente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina Antonio María Hernández, quien redactó el artículo 43 de la Constitución, dijo en la charla que, en su opinión, el fallo para Santoro sería confirmado eventualmente por la Corte Suprema porque la argumentación de la Cámara está bastante bien sustentada.
“Lo primero que hace un sistema autoritario es avanzar sobre la libertad de prensa”, resaltó Hernández.
