El desenlace del juicio del presidente Rafael Correa contra el diario El Universo en Ecuador sigue en suspenso, pues una audiencia programada para este martes 24 de enero fue suspendida debido a que uno de los tres jueces se reportó enfermo, según informó la agencia de noticias EFE.
La Corte Nacional de Justicia ahora decidirá el jueves 26 de enero si ratifica o revoca una condena a tres años de prisión y una multa de $40 millones de dólares contra tres directores del periódico así como un exeditorialista, de acuerdo con El Comercio. El juicio gira en torno a la columna No a las mentiras que escribió Emilio Palacio, y en la cual calificó al presidente de dictador y de cometer crímenes de lesa humanidad durante la sublevación de policías del 30 de septiembre de 2010.
En su cuenta de Twitter, el presidente Correa cuestionó el martes 24 si el juez enfermo, Luis Enrique Pacheco, sufre problemas de presión alta o "alta presión" mediática; y rechazó la oferta del director diario, Carlos Pérez, de firmar una disculpa si el mandatario desiste las demandas contra periodistas, cumple con la ley de acceso a la información pública vigente, y permite una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU sobre el proyecto de la Ley de Comunicación, según reportó El Universo.
Mientras tanto, los hermanos César y Nicolás Pérez, directores de El Universo, viajaron a Ginebra y Washington D.C. para reunirse con organizaciones internacionales para explicar el juicio que hay en su contra y solicitar apoyo, de acuerdo con El Universo. En la agenda tenían planeado una visita al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Unesco, y la Comisión Internacional de Juristas.
Antes, el caso ya fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; las organizaciones Human Rights Foundation y Human Rights Watch han intercedido a favor de despenalizar la difamación en Ecuador; mientras que la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Comité para la Protección de Periodistas han expresado su preocupación por la situación de la libertad de expresión en el país andino.
No obstante, el gobierno de Correa ha iniciado una campaña de desprestigio contra la relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, e incluso propone cambios a la relatoría que podrían debilitar su ámbito de acción en el continente.
