Treinta años después de la desaparición de la periodista, activista y poetisa guatemalteca Alaíde Foppa, organizaciones periodísticas y de derechos humanos apoyaron a su familia al presentar una demanda ante la Corte Suprema para investigar qué fue lo que sucedió con ella, reportó IFEX. La familia presentó el recurso legal el miércoles 24 de noviembre el 2010, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Aunque hayan transcurrido tres décadas desde su detención y desaparición forzada, los responsables de este crimen de lesa humanidad que continúen con vida deberán ser juzgados y, en caso de ser hallados culpables, condenados”, dijo la familia en un comunicado. "Si queremos una Guatemala democrática donde el Estado, lejos de agredir, proteja a sus ciudadanos, no debemos permitir que los crímenes cometidos en el pasado reciente queden impunes. Debe impulsarse la justicia y el fin de la impunidad y solamente así garantizaremos un mejor futuro y la garantía de un “Nunca Más”, el mismo nombre de la campaña en contra de los crímenes de lesa humanidad en Guatemala.
Foppa, una periodista, poetisa y defensora de los derechos de las mujeres, fue detenida ilegalmente y desaparecida en diciembre de 1980, presumiblemente por agentes del Estado, según Cerigua. Otra demanda para exigir justicia en el caso fue presentada en 1999 antes tribunales españoles.
elPeriódico reporta que Foppa desapareció poco después de regresar a Guatemala, después de haber estado exiliada en México, para exigir justicia por el asesinato de su hijo, Juan Pablo Solórzano Foppa, en 1980. Otro de sus hijos, Mario Solórzano Foppa, que era editor del periódico Nuevo Diario y director del noticiero de televisión Estudio Abierto, fue acribillado en 1983. Los cuerpos de Foppa y sus hijos nunca fueron encontrados, dijo EFE.
La desaparición de Foppa y sus hijos ocurrió durante los 36 años de guerra civil en la nación centroamericana, que dejó más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por Naciones Unidas, responsabilizó al gobierno por el 93 por ciento de los crímenes de guerra y dictaminó que se habían perpetrado “actos de genocidio” en contra de la población de origen maya.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
