Las fricciones entre la policía, los manifestantes y los fotoperiodistas que documentan marchas y protestas sociales pacíficas o turbulentas no son ninguna novedad en los países de América Latina. Sin embargo, a pesar del apoyo que puedan recibir de organizaciones civiles locales e internacionales, muchos fotoperiodistas terminan luchando solos contra la adversidad.
Fotoperiodista argentino Juan Pablo Barrientos siendo agredido con gas pimienta por la policía durante una protesta en Buenos Aires, Argentina. (Foto: Diego Bernárdez)
En su misión de documentar los hechos, muchos fotoperiodistas sufren agresiones o detenciones por parte de la policía, la eliminación de sus fotos, la confiscación o destrucción de sus equipos y hasta agresiones físicas que pueden ser mayores.
En Venezuela, el fotoperiodista Rafael Hernández es uno de los pocos fotoperiodistas afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). Para él, trabajar en la calle es una lucha constante contra las medidas arbitrarias de las fuerzas de seguridad.
“Hay momentos en que es preferible no decir que eres periodista o fotoperiodista y hay momentos en que es mejor hacerlo”, dijo Hernández a LatAm Journalism Review (LJR). Esto se debe a que en muchas protestas hay simpatizantes del gobierno que atacan a la prensa. “Incluso también simpatizantes de la oposición agreden a la prensa”, señaló.
Para cada cobertura, Hernández evalúa el riesgo que podría correr, y según eso muestra o no su credencial de prensa. No suele identificarse con el medio para el cual colabora sino con su pase de prensa del SNTP o con el de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
En septiembre de 2020, unos agentes de seguridad borraron las fotografías que Hernández había tomado de los exteriores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas.
“Cuando me sucede algo así, bajo la guardia, trato de salir un poco menos a la calle para enfriar la situación”, dijo Hernández, al añadir que durante la pandemia el control en las calles es mayor.
Imagen de fotoperiodista Rafael Hernández durante una manifestación en Caracas, Venezuela, en abril de 2017. (Foto: Rafael Hernández)
“Uno vive en constante miedo o preocupación cuando cubre en la calle, no solo porque aquí en Venezuela el índice delictivo es muy alto, sino también porque las autoridades generalmente no te permiten hacer tu trabajo. Por eso tratamos siempre de estar en grupos o en parejas, y evaluar los factores de riesgo antes de enfrentar una cobertura”, explicó.
Además del SNTP, las organizaciones locales sin fines de lucro Redes Ayuda, IPYS Venezuela y Espacio Público son algunas de las organizaciones que se mantienen vigilantes y apoyan a los periodistas que enfrentan problemas debido a su trabajo, de acuerdo con Hernández.
“Básicamente en los temas de fotoperiodistas hemos ofrecido soporte legal”, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, a LJR. “Hemos documentado casos de fotoperiodistas desde hace bastantes años”.
En relación con los equipos de trabajo perdidos, Espacio Público ayuda a periodistas y fotoperiodistas a preparar formularios y contactar a organizaciones internacionales que tienen fondos para reemplazo de equipos, generalmente para los independientes que no están contratados por ningún medio o agencia, dijo Correa.
En Argentina, una de las organizaciones que sirve de apoyo a los fotoperiodistas es la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra). Esta asociación de fotoperiodistas, que tiene actualmente cerca de mil miembros activos a nivel nacional, se creó en 1942 para defender y regular los derechos de los reporteros gráficos del país.
“Como fotoperiodistas, nosotros sabemos que en nuestro trabajo –que a veces es de roce y de fricción con las fuerzas de seguridad– puede haber lesiones aleatorias de un policía fuera de sí y otras situaciones en las que vemos como una actitud dirigida de la fuerza policial, en general, sobre nosotros”, dijo el presidente de Argra, Daniel Vides, a LJR. “Eso lo vivimos claramente [en Argentina] en los sucesos de 2001, desde la caída del gobierno de [Fernando] de la Rúa, en que fuimos objeto de la represión, y volvió a ocurrir durante el macrismo”.
En 2017, durante el gobierno del entonces presidente de Argentina Mauricio Macri se aprobó una reforma de la ley de pensiones de los jubilados que desató protestas sociales que fueron reprimidas con una fuerte presencia policial.
De acuerdo con Vides, durante esas protestas hubo muchos fotoperiodistas heridos que recibieron múltiples impactos de balas de goma en el cuerpo que les causaron daños irreversibles.
Juan Pablo Barrientos, fotoperiodista argentino que antes colaboraba para Revista Cítrica, recibió 21 impactos de balas de goma en el cuerpo en una de las manifestaciones por la ley de pensionistas. “Yo ese día recibí 21 balazos de goma, 10 en la espalda y 11 de frente. Y tengo la foto del policía que me está tirando”, contó Barrientos a LJR.
“Hubo ahí una cantidad de fotógrafos heridos que nunca había habido en Buenos Aires”, dijo Barrientos. Durante el gobierno de Macri, dijo Barrientos, la cantidad de efectivos policiales en las calles durante manifestaciones fue mucho mayor.
Barrientos, quien tiene ahora 47 años y empezó a hacer fotos desde los 19, ahora trabaja compartiendo equipo fotográfico con algunos de sus colegas. En una de las últimas manifestaciones que cubrió, la policía le rompió su equipo fotográfico, según contó el fotoperiodista.
Vendedor de vegetales luego de ser rociado con gas pimienta durante la protesta pacífica “El verdurazo” en Buenos Aires, Argentina, febrero de 2019. (Foto: Juan Pablo Barrientos)
Mujer recogiendo berenjenas en “El verdurazo”, protesta pacífica de los vendedores de vegetales, en Buenos Aires, Argentina, febrero de 2019. (Foto: Bernardino Ávila)
En febrero de 2019, en una protesta en Buenos Aires que se conoció como ‘el verdurazo’, Barrientos y su colega Bernardino Ávila tomaron fotos que tuvieron bastante impacto en la población, contó Vides.
Entre esas escenas, las fotos mostraban a una anciana recogiendo una verdura del suelo, con un grupo de policías armados detrás, y otra que mostraba a la policía echando gas pimienta a uno de los vendedores que cargaba un cajón de lechuga.
‘El verdurazo’ fue una protesta pacífica de trabajadores rurales que empezaron a vender sus verduras a precios bajos en la icónica Plaza de Mayo, en protesta al paro de las entidades del campo.
Pocos días después, cuando Ávila y Barrientos cubrían una marcha pequeña frente al Congreso, según Barrientos, la policía los abordó señalándolos y los detuvo. “Había un montón de fotógrafos, pero nos detienen a nosotros dos”, dijo Barrientos.
Luego de recibir golpes y ser esposados, Barrientos y Ávila permanecieron detenidos por varias horas, publicó Página 12.
“A raíz de mi detención me armaron una causa por ‘resistencia a la autoridad’ y ‘agresión a la policía’ que, si bien fui sobreseído y la causa archivada, aún figuro en los archivos de la policía”, dijo Ávila a LJR.
“Cada vez que un agente del orden se fija en mis antecedentes esto da para preguntas molestas y aclaraciones que no tendrían que suceder. Por lo tanto, tengo que cuidarme de no caer en provocaciones o situaciones que lleven a un choque con la policía, cosa que en mi trabajo es habitual”, añadió.
Fotoperiodistas argentinos Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos siendo detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, febrero de 2019. (Cortesía)
Barrientos, que fue procesado por los mismos cargos que Ávila, sufrió el daño permanente de su equipo, según contó.
“A partir de ese momento uno, digamos, refuerza sus ideales. Evidentemente estoy haciendo bien las cosas, decís. Si molesto, es porque estoy haciendo bien las cosas, porque a esta gente le molesta que uno trabaje bien”, expresó Barrientos.
Luego de esta detención, Barrientos se cuida más, por su familia, sus hijos, y por la gente que tiene alrededor, que a veces recibe amenazas en redes sociales, dijo.
Una reforma en los planes de pensiones de los jubilados también desató una ola de protestas y represión en Nicaragua, en abril de 2018.
El fotoperiodista nicaragüense Alfredo Zúniga, de 35 años, cubrió las protestas y la crisis política de 2018 a 2020 como colaborador de Associated Press. “En las fases de mayor violencia, [lo hice] siempre con chaleco antibalas, casco y máscara antigases”, dijo Zúniga a LJR.
Aún así, Zúniga ha recibido múltiples agresiones durante su cobertura de las protestas. “Cuando estalló la crisis política del 2018, grupos de choque del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) me agredieron, me rompieron la cabeza con un tubo y me robaron mis equipos. Me han tomado del cuello, me han puesto pistolas en la cabeza, me amenazaron con desaparecerme, etc.”.
Para cubrir la situación actual de Nicaragua, muchos periodistas y fotoperiodistas tienen que andar escondidos, hacer rápido su trabajo y tener sumo cuidado de que no los vean o agredan los paramilitares motorizados, los agentes policiales o los simpatizantes del Presidente Daniel Ortega, explicó Zúniga.
Óscar Navarrete, fotoperiodista del diario nicaragüense La Prensa desde 2003, dijo a LJR que usar chalecos antibalas y cascos durante las protestas en su país a veces es “insuficiente” cuando los niveles de represión son altos.
Represión policial en Managua, Nicaragua. (Foto: Óscar Navarrete)
Zúniga señaló que una de las organizaciones que los ha apoyado durante los momentos duros de su labor es Riesgo Cruzado de El Salvador, que brinda mecanismos de protección y prevención para periodistas. Asimismo, añadió, él y muchos de sus colegas crearon la Asociación de Corresponsales de Agencias Extranjeras en Nicaragua (ACEN).
Actualmente, Zúniga es fotógrafo para la Agencia France Presse (AFP) en Mozambique, porque trabajar en Nicaragua se tornó muy difícil. Por la represión política y la crisis social y económica que vive el país, muchos de sus colegas de medios nacionales han tenido que exiliarse por asedio y persecución del gobierno de Ortega, comentó.
“Muchos colegas se han exiliado en medio del dolor de abandonar sus hogares, sus familias y su profesión, en mi caso particular no contemplo, ni he contemplado la idea del exilio, si me toca morir por mi profesión lo haré; ya he recibido amenazas y he sido agredido por paramilitares y policías”, dijo Navarrete.
Para los fotoperiodistas en México, la situación no es menos difícil.
En los últimos años, México se ha consolidado como uno de los países más mortíferos para el periodismo en el mundo, de acuerdo con diversas organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Artículo 19 de México es una de las organizaciones que ayuda a visibilizar los casos de periodistas y fotoperiodistas agredidos o amenazados, emitiendo alertas públicas o creando puentes con entidades estatales para ayudar según sea la necesidad del caso. También ofrece apoyo legal y a veces logra conseguir fondos para reponer el equipo de trabajo que haya sido destruido durante la cobertura.
“Tenemos o hemos llegado a tener apoyos de financiadores, fondos pequeños, para apoyo en situación de emergencia”, dijo Itzia Miravete, coordinadora de prevención de Artículo 19 México, a LJR. “Depende de las capacidades de la persona, depende de la agresión, si es detenida o detenido”.
Para protestas, específicamente, Artículo 19 México forma parte del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, junto con el colectivo Marabunta, el Centro Prodh, entre otros, además de formar parte y coordinar la Red Rompe el Miedo. Esta red está conformada por periodistas y defensores de la libertad de expresión cuyo fin es ayudar a prevenir que los trabajadores de la prensa sufran detenciones o agresiones.
Félix Márquez, fotógrafo independiente y colaborador de Associated Press en Veracruz, México, forma parte de Frontline Freelance México, una organización joven creada por fotoperiodistas independientes con el fin de organizarse para hacer respetar su trabajo.
Márquez, quien pertenece al comité de capacitación de esa organización, explicó a LJR que han estado capacitando a fotoperiodistas mujeres que, en su mayoría han sufrido agresiones al cubrir las multitudinarias marchas feministas de 2020.
Andrea Murcia, fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro, y Nayeli Cruz, corresponsal de El País en México, han sufrido en carne propia los golpes e insultos de tono machista por parte de agentes policiales durante las protestas feministas, según contaron.
Policía agrediendo una joven de 16 años durante una manifestación, México 2020. (Foto: Andrea Murcia)
A ambas en distintos momentos de las marchas, los policías las han empujado con sus escudos, y han caído al suelo impactando fuerte contra el piso, de acuerdo con su relato. En el caso de Murcia, según contó la fotógrafa a LJR, sufrió golpes en la cara cuando el policía golpeó su cámara fotográfica con su escudo cuando estaba fotografiando la agresión a una menor. “Tuvieron que coserme el labio”, dijo Murcia.
La fotoperiodista trabaja por lo general en Ciudad de México. En medio de todo, Murcia se siente afortunada de que trabaja en la capital. “Soy consciente de que mis compañeros de los estados de Veracruz, de Guerrero, de Jalisco, realmente sí sufren. Sí sufren violencia a diario y precarización en el trabajo”.
Con la pandemia, dijo Murcia, el impacto en la capital ha sido la disminución de los sueldos, en el caso de muchos de sus colegas, además de tener que seguir saliendo a la calle para hacer las fotos. “Nosotros como fotógrafos estamos expuestos. No somos inmunes”.
Cruz, quien hace temas de más largo aliento cuando no cubre manifestaciones, contó a LJR que tras una protesta del colectivo feminista Manada Periferia en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Ecatepec, la policía intentó ahorcar con su credencial de prensa a una de sus colegas mientras ella intentaba irse del lugar en su auto.
En su momento, la municipalidad de Atizapán negó la participación de agentes de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito local en la escena, según reportó El Sol de México.
“El tema de ser fotógrafa y estar con la cámara, pues es inevitable, no es como un redactor que se puede infiltrar un poco más en las marchas, de alguna forma, entre las personas o en lo que esté sucediendo. Lo que pasa con nosotros con la cámara, es pues que hacemos presencia”, dijo Cruz.
*LJR intentó sin éxito comunicarse con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de Argentina y con la Policía del Ayuntamiento de Atizapán de México.
