Por Lucia Benavides
Más de 10 meses después de que el Grupo Clarín presentara a regañadientes un plan para dividir el conglomerado mediático entre seis empresas para cumplir con la Ley de Medios, el gobierno argentino ha alegado irregularidades en el plan.
La Autoridad Federal de Comunicación y Audiovisuales ( AFSCA ) acusó al grupo, el cual representa el mayor conglomerado mediático en Argentina, de vender licencias de medios a las empresas con vínculos con el Grupo Clarín . El grupo sostiene que ha sido tratado injustamente por el gobierno y que su verdadero objetivo es silenciar las voces "independientes".
La Ley de Comunicación y Servicio Audiovisual ( LCSA ), comúnmente conocida como la Ley de Medios, fue presentada por el gobierno de Kirchner en el 2009 como parte de un intento de diversificar el concentrado panorama mediático del país. La legislación busca dividir espacio radioeléctrico nacional en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado, y organizaciones no lucrativas.
Poco después de que fuera aprobada, la legislación fue celebrada por el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, quien la elogió como "un paso adelante en América Latina en contra de la creciente concentración de medios de comunicación". En el 2013, después que el Grupo Clarín presente una denuncia sobre ciertos artículos de la ley, la Corte Suprema argentina dictaminó que la Ley de Medios es constitucional.
Reporteros sin Fronteras también expresaron su apoyo a la ley, afirmando que "de ninguna manera se busca controlar o censurar contenidos difundidos de manera audiovisual". La ley restringe a 10 el número de concesiones que cualquier emisora de televisión o radio pueda manejar, y el número de servicios de televisión por cable a 24, lo que limita la capacidad de una sola empresa de controlar una red de radio y televisión nacional.
Sin embargo, la legislación ha encontrado una oposición permanente y rígida de los partidarios del Grupo Clarín, quienes creen que la ley está siendo utilizada como un pretexto para atacar a las publicaciones que critican a la administración Kirchner.
El Grupo Clarín ha condenado reiteradamente la legislación como un ataque directo del gobierno hacia los medios de comunicación privados y ha acusado al AFSCA de trato injusto. Según el grupo, otros dos grandes conglomerados mediáticos en Argentina, Telefe y PRISA, no se han regido con las mismas normas. Estas especulaciones comenzaron luego de que AFSCA pospuso reuniones con Telefe y PRISA, las cuales estaban programadas para llevarse a cabo el 8 de septiembre.
Pero el Grupo Clarín, que deberá prescindir de una parte de sus licencias con el fin de aumentar la propiedad gubernamental de los contenidos transmitidos, está cada vez más cerca de incumplir la normativa. Recientemente ha dividido sus licencias audiovisuales entre seis empresas y acordó la venta de la unidad 4, que incluye al Canal 13 Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, TyC Sports y Canal Rural a 34 South Media, una empresa con sede en EE.UU. valorada en 31.5 millones de dólares .
Martín Sabbatella, director del AFSCA, ha dicho que la agencia también estudiará a las empresas que van a comprar licencias de Grupo Clarín, afirmando que " tienen que cumplir con la ley, no simular que están cumpliéndola". También hizo hincapié en que las empresas que estén comprando no pueden tener ninguna relación con el grupo mediático que este vendiendo las licencias.
Mientras Sabbatella sostuvo que todos los grupos de medios de comunicación serían tratados por igual, destacó que la agencia mantendrá una estrecha vigilancia sobre el Grupo Clarín en este proceso debido a su historia de resistencia a la ley .
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
