Desde que el gobierno salvadoreño impuso la cuarentena domiciliaria obligatoria el 21 de marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, una serie de restricciones del Ejecutivo ha venido afectando de diversas formas el acceso a la información y a la libertad de expresión.
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: Carlos Barrera/El Faro. (Cortesía.)
“Normalmente este ya era un gobierno muy opaco; está siéndolo más durante la respuesta a la epidemia”, dijo José Luis Sanz, director del sitio de periodismo investigativo salvadoreño El Faro, al Centro Knight.
Sanz señaló que principalmente está sucediendo por el lado de la criminalización y estigmatización del trabajo periodístico y con bloqueos de información.
“Desde que empezó la cuarentena, El Faro ha seguido recibiendo el tipo de presiones o de señalamientos desde el entorno del gobierno, que han sido habituales. Sobre todo, proviniendo del Secretario de Prensa o de otras personas cercanas al presidente [Nayib] Bukele, que nos señalan y nos acusan de tener agenda oculta, o de ser parte de un supuesto eje de ataque al gobierno”, dijo Sanz.
Hubo mucha improvisación al principio de la pandemia por parte del gobierno, dijo el gerente de redacción del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, Luis Laínez, al Centro Knight. “Había, por ejemplo, garantía para el movimiento de periodistas, pero se quedaba hasta ahí, sin tomar en cuenta a trabajadores de los medios de comunicación (en nuestro caso, operarios de la imprenta y otros colaboradores, incluyendo los vendedores de periódicos)”, dijo.
De acuerdo con Laínez, un nuevo decreto permite ahora que los periodistas y los trabajadores de medios puedan circular con su pase de prensa.
Sin embargo, la presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, dijo al Centro Knight, que los casos más recurrentes de represión a periodistas en el contexto de la cuarentena domiciliaria obligatoria se dan al interior del país.
“El pasado fin de semana, elementos de seguridad le dijeron a un periodista de un medio comunitario asociado a Arpas (Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador), que su credencial de periodista no tenía validez por ser de medios que para ellos son críticos al actual gobierno”, sostuvo Cárcamo.
En el contexto de COVID-19, “como APES consideramos que no hay garantías a la libertad de expresión, por el contrario, hay un aumento de vulneraciones al derecho de la libertad de expresión, libertad de prensa y al derecho de acceso a la información”, dijo Cárcamo.
“También hemos registrado un aumento de casos de acoso digital y amenazas a periodistas, en su mayoría mujeres, por parte de cuentas de Twitter falsas”, dijo.
De acuerdo con Cárcamo, según los datos registrados por el centro de monitoreo de atención a periodistas de APES, del 21 de marzo hasta el 21 de abril, se han registrado 30 vulneraciones contra periodistas en el país, constatando un mayor abuso de poder por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y por parte de elementos de las Fuerzas Armadas (FAES) contra la prensa.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, publicó recientemente que desde que se inició la cuarentena domiciliaria obligatoria el 21 de marzo, hasta el 20 de abril, ha registrado 581 casos de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional, 100 de ellos son violaciones al derecho de acceso a la información.
En un comunicado del 17 de abril, la Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador, denunció el acceso limitado a la información oficial para periodistas en las conferencias de prensa del gobierno desde que se declaró el estado de emergencia debido a la epidemia del nuevo coronavirus. También lamentó el cierre del grupo de WhatsApp para periodistas que existía con Prensa de la Presidencia de la República y Seguridad Nacional, que “aunque con deficiencias, atendía las necesidades y consultas”, indicó el comunicado.
La Mesa está conformada por la PDDH, APES, Colectiva de Mujeres Periodistas, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Arpas, y Asociación de periodistas independientes de El Salvador (Aspies).
De acuerdo con el documento de la Mesa, también se han suspendido las operaciones de las oficinas de acceso a la información pública.
“Este país, El Salvador, aprovechando la pandemia ha suspendido la posibilidad de que los ciudadanos soliciten información pública a través de las oficinas de acceso a la información pública y eso es gravísimo”, dijo César Fagoaga, jefe de redacción del sitio salvadoreño de periodismo investigativo Revista Factum, al Centro Knight.
“Es gravísimo porque el funcionamiento del gobierno no puede negar información pública, el gobierno de El Salvador deliberadamente lo está haciendo. Nosotros sí estamos bien preocupados por lo que está pasando, creo que organizaciones de fuera también lo han comenzado a ver”, subrayó.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo recientemente vía Twitter que las medidas impuestas por Bukele para enfrentar la epidemia de COVID-19 en El Salvador son “reglas draconianas”.
Cárcamo señaló que los salvadoreños están enfrentando dos pandemias, “la primera es por COVID-19, y la segunda pandemia es la de una figura que no cree en la democracia y amenaza con instaurar una dictadura en el país”. “Ya lo demostró [el presidente] el 9 de febrero, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con militares. Lo hizo el 15 de abril cuando dijo que no acataría las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que no están en contra de las medidas contra el COVID-19, sino que pide que se respeten los derechos humanos”, subrayó.
Foto: Salvador Meléndez/Archivo FACTUM. (Cortesía.)
Las sentencias antes mencionadas de la Sala de lo Constitucional, a través del Hábeas Corpus 148 de 2020, aprobaron una ley para regular las detenciones arbitrarias, dijo Fagoaga.
El 15 de abril, Bukele anunció vía Twitter que no acatará la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena al presidente, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional Civil a proteger los derechos humanos y no “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden cuarentena domiciliaria”, publicó El Faro.
“Pero lo que vimos ahora el 15 de abril es algo que realmente, para mí, abre completamente la puerta al autoritarismo que es desoír una sentencia de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal de justicia de El Salvador, no se puede apelar la decisión de la sala, todo funcionario está obligado a acatarla, y el Presidente ha dicho que no la va a cumplir”, dijo Fagoaga.
Asimismo, hay declaraciones estigmatizantes de Bukele contra periodistas independientes y desde su cuenta personal de Twitter ha bloqueado a algunos periodistas, de acuerdo con Cárcamo. “El Secretario de Prensa también da declaraciones estigmatizantes y acusa a los medios de responder a intereses políticos o de encubrir a las ONG”, añadió.
En la segunda semana de abril, el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, llamó a Arpas un “brazo mediático de la izquierda”, además de señalar que el rol de la prensa no es ser oposición, según la asociación de radiodifusión. Estas declaraciones en Twitter las realizó luego de que Arpas publicara un artículo de Reporteros Sin Fronteras en el cual la organización defensora de periodistas pedía al gobierno de Bukele mayor transparencia y que permitiera a los periodistas cubrir la información sobre el nuevo coronavirus.
Respecto a El Faro, Sanz dijo que si bien no han recibido intentos de hackeo en sus servidores, varios de sus periodistas han detectado en los últimos días intentos de hackeo en sus cuentas de redes sociales. “Intentos para entrar a sus redes sociales desde servidores en Vietnam o en países distintos. Hay un periodista nuestro que se encuentra en México, que recibió intentos de entrar a sus cuentas desde El Salvador”, agregó.
“Lo que vislumbramos es que se van a mantener las limitaciones y que además, los casos de abuso de fuerza, de abuso de poder que se están detectando con ciudadanos comunes por parte del Ejército o la Policía, o el establecimiento de toques de queda o de cercos militares en ciertos municipios, se puede ir convirtiendo cada vez más en un obstáculo para nuestra labor [periodística]”, dijo Sanz.
El gobierno actual es muy peculiar en su forma de comunicar, “la mayoría de las veces unilateral”, dijo Laínez de La Prensa Gráfica, “pero no hemos tenido intimidaciones de parte del gobierno”. Sin embargo, dijo que existen grupos en redes sociales que atacan al periódico y que algunos se identifican con el gobierno, pero sin tener un vínculo orgánico.
“Estamos ante un gobierno que no es transparente, que desinforma, incluso el mismo presidente publica fake news desde su cuenta de Twitter, hay una centralización de información desde Casa Presidencial en la capital”, dejando sin fuentes locales a los periodistas del interior, dijo Cárcamo.
“Nos preocupa que aumenten las represiones a la prensa, el abuso de poder de parte de las fuerzas de seguridad pública, que los ataques digitales a periodistas pasen al plano físico, y que se utilicen los aparatos del Estado para acosar a la prensa independiente, e incluso amenacen con cerrar algunos medios críticos o se apliquen medidas de espionaje hacia ese tipo de periodistas independientes”, dijo Cárcamo.
Señaló además que ha habido intentos de dialogar con el gobierno sobre su política de comunicación con la prensa, pero que no han tenido respuesta. También han insistido con la Fiscalía General de la República para que instale una unidad especializada para investigar las vulneraciones hacia periodistas, y tampoco han tenido éxito.
Lo que preocupa a Laínez respecto de las restricciones de la cuarentena es que estas “están ahogando los ingresos de los medios de comunicación, desde los más grandes hasta los más pequeños, debido a la paralización de la economía”. “Para los medios de comunicación, en todo caso, es un panorama muy lúgubre y no se escapará al fenómeno mundial de reducción de operaciones o ceses de empleados, por la imposibilidad de pagar salarios debido a la merma sustancial de ingresos”, acotó.
*El Centro Knight intentó sin éxito comunicarse con la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.
