Por Dylan Baddour
Una votación que podría alterar las leyes que gobiernan los medios en Ecuador ha desatado el temor de que el fin de la prensa libre está muy cerca en esa nación andina
El Tribunal Constitucional declaró recientemente que la Asamblea Nacional podría pasar por alto un referéndum público para decidir si la Ley de Comunicaciones de 2013 - que categoriza a los medios como un "servicio público " sujetos a la regulación del gobierno - se convertirá en parte de la Constitución Nacional.
De acuerdo a los críticos, la enmienda constitucional representa una nueva jugada en el desmantelamiento gradual del periodismo crítico en Ecuador. Los defensores de las libertades de prensa señalan que la decisión podría abrir el camino para el monopolio estatal de los medios, una tendencia que se presenta en otras naciones de izquierda aliadas de la región.
Las compañías privadas de medios ya han sido debilitadas en los siete años bajo la ‘revolución ciudadana’ de Rafael Correa. El presidente ha reprendido constantemente a los medios privados del país, acusándolos de servir los intereses de sus acaudalados dueños en detrimento del pueblo.
Pero los periodistas insisten en que el líder del Ejecutivo busca silenciar a los disidentes y establecer un control mayor sobre la prensa del país, que ha comenzado a ser menos crítica con el gobierno en años recientes.
“En este momento, hay unos pocos medios privados que resisten y mantienen cierta independencia. Pero esos pocos han venido aislándose cada vez más por estos días”, dijo César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, en una entrevista concedida al Centro Knight para Periodismo en las Américas. “Hay muy pocos medios independientes con un ojo crítico sobre el gobierno”, dijo.
Ricaurte agregó que la Ley de Comunicación – con 119 artículos desplegados en 24 páginas – está siendo utilizada subjetivamente para sancionar a publicaciones que contradigan la línea oficial, como un mecanismo de presión para que revisen sus contenidos. Prueba de ellos es que los medios más críticos al gobierno ecuatoriano han tenido que cerrar sus operaciones. El diario Hoy, con 34 años en el mercado y conocido por sus posturas críticas contra el gobierno, dejó de imprimir sus páginas en junio. Fue el último y el más grande de los cinco principales periódicos ecuatorianos que han tenido que cerrar en años recientes.
“La situación es que el sistema autoritario se está consolidando a sí mismo”, dijo Diego Menacho en una entrevista con el Centro Knight. “Nuestra perspectiva es que ellos buscan hacer que algunos medios desaparezcan. Y Hoy ya ha desaparecido”.
Menacho, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, terminó su carrera de 20 años como sub-director del diario Hoy en 2007. Dijo que el periódico quebró después de que el gobierno revocara los contratos, intimidara a los anunciantes, bloqueara las líneas de crédito, alegara violaciones al régimen de contribuciones de impuestos y persiguiera directamente a los periodista, todo bajo el amparo de la recientemente aprobada Ley de Comunicación.
A medida que las voces disidentes son eliminadas del escenario mediatico, el gobierno de Correa simultáneamente ha aumentado su conglomerado de medios. En noviembre de 2013, Fundamedios reportó que el estado ecuatoriano era dueño de 21 compañías de medios, aunque Ricaurte asegura que el número ha crecido desde entonces a 30. El reporte también describe las grandes sumas gastadas por el gobierno en publicidad a favor de la administración, especialmente durante el programa semanal de Correa, en donde el presidente es conocido por burlarse de la prensa privada.
“Nunca había habido en la historia reciente de Ecuador un gobierno que tuviera una política que con tanta frecuencia acosara a los medios privados”, dijo Ricaurte. “El presidente ha señalado que la existencia de medios privados de comunicación es un problema, y que a este problema hay que resolverlo aplicando una política de constante presión en contra de esos medios”.
En su aparición en televisión el 2 de noviembre, Correa rompió con rencor una copia del periódico La Hora, denunciando un titular que criticaba el fallo de la corte nacional. Calificó la información como una mentira y la atribuyó a una avanzada en la agenda de la “prensa corrupta” que “busca beneficiar a su candidato banquero”. El espectáculo de destruir y ridiculizar a los periódicos, sin embargo, no es nada nuevo. Esta es la sexta oportunidad en que Correa rompe periódicos frente a la televisión nacional desde 2011.
Menacho prevé que La Hora, por mucho tiempo uno de los objetivos de las diatribas presidenciales, también cerrará sus operaciones en unos pocos meses. Y, como con publicaciones anteriores, saldrá del mercado provocando escasa protesta pública. Esto se debe en parte al hecho de que Correa nunca ha ocultado su aversión hacia la prensa y tampoco su intención de doblegarla como parte de su "revolución ciudadana" que lo eligió como presidente. “Hay muy poca reacción colectiva, dijo Menacho. Hay mucha indiferencia y miedo en el país”.
La reacción de Rafael Correa no sorprende por múltiples razones. Este profesor educado en los Estados Unidos como economista se ganó el apoyo del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su carrera por la presidencia y en 2006 asumió el poder con la promesa de transformar la sociedad ecuatoriana.
En su primer año al frente del gobierno, se deshizo de la mayoría de la deuda externa y convocó a un referéndum que le permitió reformar la Constitución, expandir el control económico del estado y extender la reelección presidencial. Para finales de 2008, el gobierno de Correa había asumido el control de uno de los periódicos más tradiciones de Ecuador y de dos canales privados de televisión. La administración también cerró una estación de radio.
Al principio parecía que Correa seguia siendo apoyado. De acuerdo con un reporte del Washington Post del 2007, la mayoría de los ecuatorianos apoyaba las tempranas medidas de expropiación, mostrando resentimiento contra los millonarios propietarios de medios. Agrupaciones internacionales que velan por los derechos humanos mostraron su preocupación. A medida que otros líderes de izquierda asumieron el poder en Nicaragua y Bolivia, el diario argentino La Nación acusó a Correa y a Evo Morales, en Bolivia, de seguir los pasos de la guerra declarada por Hugo Chávez a la prensa.
En 2004, después de acusar a los medios privados de organizar y fallar en el golpe de estado de 2002, Hugo Chávez pasó leyes que regularían a los medios y forzaría a las estaciones de radio, canales de televisión y periódicos críticos al gobierno a cerrar.
Muchas de la medidas de Correa siguen el mismo ejemplo. Un documento de 2008, Special Rapporteur for Freedom of Expression, ordenado por la Organización de Estados Americanos (OEA), revela que Correa “favoreció ‘severas y profundas’ reformas legales para regular la prensa y evitar la ‘incestuosa’ relación entre los medios de comunicación y los intereses financieros”.
El diario inglés The Guardian reportó en octubre de 2009 que esa política “incluía desmantelar las instituciones del llamado establecimiento, incluidos los medios, al que culpa de haber arrastrado a Ecuador a la decadencia política en la década que precedió a su entrada a la presidencia.
En 2009, Ecaudor se convirtió en miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una alianza política y económica de izquierdas fundada por Hugo Chávez y que hace honor al nombre de Simón Bolívar, el Libertador de Sudamérica.
Este bloque político, conformado por Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros, ha desafiado las preocupaciones de los organismos internacionales defensores de la prensa mientras que continúa acallando la voces independientes de los medios.
“Ahora, sin ninguna duda, los países del ALBA tienen una agenda que incluye confrontar a los medios. Esa agenda fue creada y promovida en Cuba por los hermanos Castro y por Hugo Chávez en Venezuela, en contra de los que ellos llamaban la ‘hegemonía en la comunicaciones’”, dijo Caudio Paolillo, quien preside el comité de liberta de prensa e información de IAPA, en un email enviado al Centro Knight.
Paolillo dijo que las naciones del ALBA siguen la filosofía de que los medios privados son ‘desestabilizadores y colonialistas’ y creen que la comunicación de masas debe ser un servicio provisto por el Estado.
“Bajo este concepto, los gobiernos se otorgan a sí mismos poderes para crear sus propios medios, los cuales en lugar de ser medios públicos como ocurre en cualquier democracia republicana, son usados como órganos de propaganda del gobierno”, agregó.
En este contexto histórico Correa ha usado la Ley Orgánica de las Comunicaciones, aprobada en 2013 cuando su partido, Alianza País ganó la mayoría en el Congreso para acentuar el control de la administración sobre la prensa. La ley define la comunicación de masas como un servicio público y establece normas éticas y sociales por las cuales los medios deben guiarse para operar.
A pocos meses de haber aprobado la ley, el gobierno había expropiado y prometido redistribuir 55 estaciones de radio y televisión, acusándolas de violaciones técnicas en la inscripción de sus frecuencias de emisión.
Organizaciones internacionales han llamado a la Ley Orgánica de las Comunicaciones una ley mordaza, una normativa diseñada para silenciar a los críticos. El Comité para la Protección de Periodistas asegura que las normas dentro de la ley están llenas de lenguaje ambiguo y que ha acarreado multas y sanciones contra los medios de noticias independientes.
“Bajo la ley, a los medios se les pide que publiquen información en beneficio e interés público. ¿Quién determina el bienestar del público? ”, preguntó Menacho. “El estado es quien lo determina. Es completamente subjetivo”.
Menacho y Ricaurte hacen parte de las 60 personalidades públicas de Ecuador que demandaron la decisión de la Corte Constitucional, tildando de inconstitucional a la Ley de las Comunicaciones de 2013. La corte eventualmente descartó su demanda, pero ahora temen que el congreso intente reformar la Constitución para definir las comunicaciones de masas como un servicio público en la Carta Magna, una movida que ajustaría aún más el control del gobierno sobre los medios.
Si el periodismo se convierte en un servicio público, Menacho y Ricaurte insisten, el gobierno puede legalmente imponer medidas arbitrarias de decencia e interés público para silenciar las voces que critiquen las políticas oficiales o cuestionen las decisiones del partido.
De acuerdo con Ricaurte, cerca de 150 cargos han sido presentados contra los medios bajo el amparo de la legislación desde su ratificación. Estos cargos han dado como resultado 32 sentencias, dos contra canales controlados por el gobierno y 30 contra medios independiente privados, por violaciones éticas.
El primer caso ajustado a la Ley de las Comunicaciones fue el de Xavier Bonilla, un caricaturista del periódico El Universo a quien se le ordenó retractarse y rectificar en enero una caricatura en la que aparecían oficiales de la policía confiscando una computadora y otros equipos de un periodista.
Pero la lista de ejemplos es interminable. El periodista y activista Fernando Villavicencio fue encarcelado por 18 meses bajo los cargos de difamar a Correa, y el tabloide Diario Extra fue multado con el 10 por ciento de sus últimos tres meses de ingresos por obedecer la orden del gobierno de editar dos titulares.
Adicionalmente Correa amenazó con sanciones contra tres periódicos que considera han violado su obligación de publicar artículos de interés público, porque considera que no han dado suficiente cobertura a la demanda de su gobierno contra la compañía de petróleos estadounidense Chevron.
La forma como la ley ha sido selectivamente usada por la administración Correa genera hondas preocupaciones sobre los efectos a largo plazo que podría tener la legislación sobre la prensa ecuatoriana.
“La Ley de las Comunicaciones es aplicada con el propósito de establecer ejemplos y de disciplinar y domesticar a los medios privados”, dijo Ricaurte. “Quieren crear una política del miedo hasta que los medios privados utilicen el lenguaje que el gobierno prefiere”.
Así como Correa sigue proclamando que está democratizando a los medios, eliminando los monopolios creados por propietarios privados, y combatiendo la influencia de la riqueza privada en las comunicaciones, sus propios medios han crecido y la diversidad de compañías, antes más abundantes en la prensa ecuatoriana, se han reducido notablemente.
“El gobierno dijo que, en este proceso de democratización, habría una redistribución de las frecuencias de transmisión. Ahora, un años después de la aprobación de la Ley de las Comunicaciones, menos del cinco por ciento de las frecuencias han sido redistribuidas; las frecuencias que han sido confiscada a los medios privados están bajo el control del Estado”, dijo Menacho.
“Lo que se ha formado ahora en Ecuador es un nuevo monopolio de medios bajo un solo propietario – el estado”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
