En discursos contundentes, representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo brasileños manifestaron a periodistas de diversas partes del mundo que la desinformación genera problemas urgentes para las democracias y defendieron la necesidad de regular las plataformas digitales.
Los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia y Alexandre de Moraes, y el Abogado General de la Unión, Jorge Messias, argumentaron que el modelo de negocio de las redes sociales fomenta el conflicto y miente en nombre del lucro, y que la autorregulación en el sector ha fracasado.
Los tres intervinieron en el panel inaugural, sobre los impactos de la desinformación en las democracias, en la 12ª edición de GlobalFact, celebrada en Río de Janeiro la mañana del miércoles 25 de junio. Fue la primera vez que la mayor reunión internacional de verificadores de datos, promovida por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) y Poynter, se celebró en Brasil.
Incluso sin dirigir sus discursos específicamente a verificadores de datos ni periodistas, los ponentes ofrecieron a la audiencia internacional una visión de la lógica jurídica y moral que ha guiado las decisiones del STF sobre el tema. De los tres poderes del Estado en Brasil, el tribunal ha sido el más activo en la lucha contra la desinformación, una postura que le ha valido apoyo y críticas tanto nacionales como internacionales, especialmente por las acciones del magistrado Moraes.
Al día siguiente del panel, el STF aprobó por mayoría (8-3) una decisión con un fuerte impacto en el sector: las redes sociales ahora están obligadas a eliminar contenido ilegal, incluyendo la apología de actos antidemocráticos, sin necesidad de una orden judicial previa. La norma contradice un artículo central del Marco Brasileño de Derechos Civiles para Internet de 2014, que establecía que las plataformas digitales solo debían actuar tras una orden judicial. El artículo fue declarado inconstitucional.
La magistrada del STF, Carmen Lúcia, quien actualmente también preside el Tribunal Superior Electoral, inauguró el panel con una reflexión exhaustiva y filosófica sobre los riesgos de la desinformación. Se esperaba que los tres ponentes comparecieran en persona, pero ella y Moraes participaron por videollamada, lo que frustró a quienes acudieron a la Fundación Getúlio Vargas para verlos.
Lúcia afirmó que la difusión masiva de información falsa corresponde a una profunda ruptura con el modelo mundial sobre el que se han estructurado los regímenes democráticos en las últimas décadas. “El modelo mundial acabó. Vivimos en una época diferente”, dijo Lúcia.
Según la magistrada, la desinformación contemporánea no se puede comparar con los “chismes maliciosos” del pasado. La diferencia radica en la escala, velocidad y poder de la manipulación, afirmó.
“[Hoy] existen espacios, entornos y aplicaciones capaces de matar personas sin necesidad de usar armas físicas, visibles y tangibles, mediante acciones que dejan en el anonimato a criminales de todo tipo, incluidos aquellos que intentan destruir las democracias”, dijo.
La magistrada añadió que las mentiras se ven potenciadas por plataformas digitales y algoritmos que operan sin transparencia, guiados por intereses económicos. Esto, afirmó, lleva a las personas a tomar decisiones y comportamientos basados en datos falsos, sin darse cuenta de que su libertad se ha visto erosionada.
Lúcia se refirió a un “servilismo digital” para describir este nuevo estado de sujeción. Describió un cautiverio subjetivo, en el que la autonomía individual se ve socavada por flujos de información manipulados.
“Nos aprisionan con mentiras”, dijo Lúcia. “La persona misma no se percibe como esclavizada, pero no es capaz de pensar críticamente”.
Para ilustrar la naturaleza sistémica del problema, la magistrada estructuró su análisis en torno a las “cinco V” de la desinformación: volumen, velocidad, variedad, viralidad y verosimilitud.
Lúcia dijo que el volumen masivo de contenido imposibilita el juicio crítico constante; la velocidad impide la verificación antes de la toma de decisiones; la variedad fragmenta el sentido de la realidad; la viralidad se refiere al contagio de una enfermedad; y la verosimilitud hace que las mentiras sean más efectivas que los hechos.
El discurso concluyó con una firme defensa de las acciones del Poder Judicial, y en particular del Tribunal Superior Electoral, ante la desinformación durante las elecciones brasileñas de 2022 y 2024. Según la magistrada, el Poder Judicial no sólo tiene legitimidad, sino también el deber constitucional de proteger el proceso democrático de influencias ilícitas.
Comparó las redes sociales con un espacio público que también necesita reglas claras.
“Las empresas también tienen el deber de cuidado. Lo que no está permitido en el mundo real no puede permitirse en el mundo virtual”, dijo Lúcia.
Argumentó que combatir la difusión de información falsa o engañosa no se trata de censura, refiriéndose al periodo del gobierno militar en Brasil, de 1964 a 1985:
“Mi generación sabe lo que es una mordaza. Estamos en contra de cualquier forma de censura. Pero la libertad no es la ausencia de responsabilidad”, dijo.
El nombre más esperado del panel, el controvertido magistrado Alexandre de Moraes, fue el siguiente orador y presentó un duro diagnóstico del papel de las redes sociales en la erosión de la democracia y la difusión del discurso de odio.
Mientras hablaba, mostró una secuencia de diapositivas con tuits racistas — ilegales en Brasil— e imágenes de la destrucción causada por los ataques a los Tres Poderes del Gobierno el 8 de enero de 2023, para ilustrar lo que llamó el fracaso total de la autorregulación por parte de las plataformas.
Moraes comenzó con una pregunta provocadora: “¿Qué redes sociales queremos para nuestra sociedad?”. Añadió que, si estuviéramos satisfechos con la situación actual, eventos como GlobalFact no serían necesarios.
Las redes, afirmó el magistrado, se han utilizado con fines ilícitos, subordinándose a una lógica de lucro y poder político que favorece la viralización de contenido violento, misógino, racista y antidemocrático. “Lo que da likes o da dinero. Y lo que da dinero da poder económico y político”, dijo Moraes.
El juez, quien también es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de São Paulo, dedicó gran parte de su presentación a abordar los límites de la libertad de expresión según las leyes brasileñas. Este es uno de los puntos más controvertidos de las posturas de Moraes a nivel internacional. La libertad de expresión en Brasil está mucho más restringida que en Estados Unidos, y una serie de comportamientos, como los discursos racistas y antisemitas, son delitos en Brasil.
“La libertad de expresión, y siempre lo repito, no es libertad de agresión, incluso contra la democracia”, dijo Moraes.
Al igual que Lucía, Moraes afirmó que las mismas leyes que rigen la libertad de expresión en el mundo real deberían aplicarse al espacio digital.
“Si usted no puede atacar los pilares de la democracia en el mundo real, porque eso es un delito, usted no se puede esconder cobardemente tras perfiles falsos y atacar la democracia en el mundo virtual”, añadió.
El magistrado enfatizó que el modelo de negocio de las grandes tecnológicas (big techs) se beneficia del conflicto y la polarización, y no de la verificación de datos, lo que las distancia del periodismo tradicional. Las redes sociales, dijo, no son neutrales, sino que tienen intereses económicos e ideológicos, lo que conlleva riesgos de manipulación algorítmica en la formación de la opinión pública, especialmente en contextos electorales.
El magistrado citó el caso de 2022, cuando, según él, las grandes tecnológicas actuaron para sabotear el intento del Congreso de votar sobre la urgencia de un proyecto de ley para regular las plataformas.
Dijo que las empresas habían publicado “noticias fraudulentas” contra miembros del Congreso y que esta presión digital había provocado que estos se retractaran por temor a represalias en redes sociales durante el año electoral.
Moraes finalizó su discurso reafirmando la urgente necesidad de regulación estatal. Afirmó que otros medios de comunicación, como la radio y la televisión, se rigen por leyes, y que lo mismo debería aplicarse a las plataformas digitales.
“No existe actividad económica en la historia de la humanidad que haya impactado a miles, o en nuestro caso, a miles de millones de personas, que no haya sido regulada. Todas las actividades, absolutamente todas, han sido reguladas”, dijo Moraes. “Hay reglas en la televisión; la televisión no es un territorio sin ley, y esto no viola la libertad de expresión. Esto aplica a la radio, la televisión, y también debería aplicarse a las redes sociales y a las big techs”.
El Abogado General – responsable de liderar la institución que representa a la Unión, tanto judicial como extrajudicialmente, en defensa de sus intereses y garantizando la legalidad de sus actos – Jorge Messias, clausuró el panel argumentando que, si bien no es algo nuevo, la desinformación se ha agravado dada la actual lógica económica de las plataformas.
“El problema no es la tecnología en sí, sino el negocio que la sustenta”, dijo Messias. “Estas empresas siguen un manual y una doctrina económica y tecnológica guiada únicamente por el sesgo de lucro”.
Sin especificar qué tecnologías alternativas deberían desarrollarse, Messias afirmó que, mientras Brasil no desarrolle sus propias tecnologías de comunicación, será vulnerable. “Estamos utilizando todos los días tecnologías importadas, que están al servicio de otros intereses, que no son los intereses nacionales”, dijo.
Para Messias, el debate público en Brasil sufre con un modelo de comunicación viciado, que privilegia el conflicto, la radicalización y la desinformación. Citó datos del Comité Gestor de Internet y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para ilustrar la vulnerabilidad de la población brasileña: “El 85% de los brasileños afirma obtener su información de las redes sociales, pero también somos el país con menor capacidad para distinguir las noticias falsas”, afirmó.
Al concluir su discurso — el más largo de los tres, con más de 40 minutos de duración, lo que provocó la cancelación de la sesión de preguntas y respuestas —, el abogado general argumentó que la sociedad brasileña necesita apropiarse de la tecnología, lo que implica regularla en beneficio de la democracia.
“Si no sabemos qué algoritmo está detrás de esa acción, no sabemos cuál es el nivel de interés ni el grado de manipulación que puede generar”, dijo. “Por eso debemos debatir la necesidad de que estas empresas ofrezcan transparencia en sus procesos”.
