Ante las fuertes críticas a su ineficacia, y del número escalonado de agresiones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos que ha vivido México en los últimas casi dos décadas, se implementó finalmente el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Ciudad de México que buscará hacer más eficaz este sistema al menos en la capital del país.
El primer presidente del Consejo Consultivo es Gerardo Albarrán de Alba, un periodista mexicano de larga trayectoria profesional e institucional que fue elegido de forma unánime por sus pares, los otros seis integrantes del Consejo, el pasado 22 de enero. Albarrán de Alba presidirá el Consejo por los siguientes cuatro años.
El Consejo Consultivo, explicó su presidente al Centro Knight, es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y de monitoreo del trabajo del Mecanismo y su Junta de Gobierno en la capital.
Según la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal que creó el Mecanismo, el Consejo Consultivo atenderá consultas y formulará opiniones según les sean solicitadas por la Junta de Gobierno, otro de los órganos del Mecanismo. También realizará recomendaciones sobre los programas y proyectos que realice el Mecanismo, además de aportar al diseño del plan anual de trabajo. Contribuirá a la promoción de acciones públicas, programas y proyectos relacionados a los objetivos de la ley.
A nivel federal, el Mecanismo se creó a finales del gobierno del presidente Felipe Calderón, en 2012. La motivación principal de su creación fue que hubiera desde el gobierno herramientas y recursos que ayuden a proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas que sufran agresiones a causa de su trabajo.
Si bien el Mecanismo de Ciudad de México viene operando desde que fue creado por la Ley en agosto de 2015, tardó dos años en terminar de implementar el Consejo Consultivo. Recién a fines de noviembre de 2017 se nombró a sus integrantes, quienes, además de Albarrán de Alba, son Jan Albert Hootsen, Yared Guadalupe Tzoni, Diana López Santiago, Carla Inés Ríos Nava y Luis Alberto Zamora.
“[Estos dos años fueron] un tiempo valioso que debió servir para afinar no sólo la capacidad de reacción del Mecanismo y la coordinación con todas las instituciones que integran su Junta de Gobierno, sino para construir condiciones de seguridad plena para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio profesional del periodismo”, dijo al respecto Albarrán de Alba.
“Habremos de subsanar esta anomalía y contribuir al mejor diseño de medidas de evaluación de riesgo, caso por caso, y al seguimiento a su eficaz cumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de México”, enfatizó.
Sobre sus expectativas en el cargo, Albarrán de Alba comentó que su tarea no será simple, sobre todo debido al “lastre de una cultura de la simulación que atenta contra la ciudadanía”. Y agregó que la violencia e impunidad debieran ser situaciones excepcionales, sin embargo, “son prácticas sistemáticas que obligan a la existencia del Mecanismo de Protección y de su Consejo Consultivo ciudadano”.
Además de participar en la planificación anual del Mecanismo, también ayudarán a elaborar programas preventivos de protección. “Llegado el caso, estamos facultados para emitir opiniones sobre el funcionamiento general de la Junta de Gobierno o por quejas recibidas de personas bajo la protección del Mecanismo”, acotó Albarrán de Alba.
Sobre la conformación del Consejo, la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, dijo en el sitio oficial de dicha entidad gubernamental que “fue necesario que se diera un debate amplio, que se revisaran múltiples perfiles y que se formaran consensos para que el Consejo tuviera la fortaleza necesaria para impulsar decisiones efectivas en el Mecanismo”.
Mercado también señaló que el gobierno capitalino mantiene su vocación de ser refugio de quienes son perseguidos en sus lugares de origen debido a su actividad profesional o política.
Ciudad de México es uno de los estados del país donde se registra el mayor número de agresiones contra la prensa. La organización Artículo 19 de México, en su informe anual de 2016 - presentado en abril de 2017 - dio cuenta de 71 agresiones contra medios y periodistas solo en Ciudad de México. Las otros estados con mayor cantidad de agresiones a la prensa durante 2016 fueron Oaxaca (60), Veracruz (58), Puebla (28) y Guerrero (26).
En agosto de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) exhortó a las autoridades capitalinas a terminar de implementar eficaz y completamente el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Debido a la situación de violencia que apremia a periodistas y defensores de derechos humanos en el país, y en especial en la Ciudad de México, y tras dos años de publicada la ley que creó el mecanismo de protección en la capital, la Cdhdf también sostuvo meses atrás que era urgente contar con el Mecanismo en pleno. Y que este, señaló la Comisión, debía reunir las condiciones económicas, políticas y todos los recursos materiales y humanos calificados necesarios para garantizar que quienes sean agredidos en el ejercicio de su labor dentro de la Ciudad de México puedan contar con la voluntad política y el compromiso de las autoridades”.
Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas mexicanas exigieron al gobierno la creación de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos que sea eficiente y que tenga el apoyo de un Consejo Asesor contra la impunidad, informó Artículo 19 de México. Esta propuesta fue hecha el 9 de febrero, durante la presentación del informe “Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos”.
Entre las organizaciones y universidades solicitantes, y autoras del mencionado informe están Artículo 19 para México y Centroamérica, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y otras más.
“El periodismo es un ejercicio de libertad. Los periodistas sólo pueden trabajar desde esa condición. Su integridad moral y su dignidad personal y profesional deben ser protegidas, pues al ser vulneradas se menoscaba la opinión pública libre”, subrayó Albarrán de Alba.
De 2000 a 2017, 130 periodistas han sido asesinados en México, de acuerdo con el informe de 2017 publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese país. Veracruz (21), Oaxaca (15), Taumalipas (14), Guerrero (14), Chihuahua (14) y Sinaloa (7) son los estados de mayor incidencia de homicidios de profesionales de la prensa. Estas cifras no incluyen a los que siguen desaparecidos hasta la fecha.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
