El debate sobre cómo las plataformas digitales, como Google y Facebook, pueden pagar por contenidos periodísticos en Brasil acaba de ganar un importante apoyo con la publicación este miércoles (17 de mayo) del informe “Remuneración del periodismo por plataformas digitales” realizado por el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br), entidad multisectorial responsable de coordinar iniciativas relacionadas con el uso y operación de internet en Brasil.
El estudio, elaborado a pedido de la Cámara de Contenidos y Bienes Culturales del Comité, propone mapear el debate dentro y fuera de Brasil sobre la remuneración del periodismo por plataformas digitales. La investigación sistematiza cuáles son los principales puntos de fricción hasta marzo de 2023 para el establecimiento de un marco normativo en el país, con resúmenes de las posiciones de cada actor en la discusión y cuáles han sido sus principales acciones.
El momento de la publicación del estudio es urgente: feroces disputas involucran la regulación de las plataformas digitales en Brasil, un tema que ha estado en agenda desde hace más de tres años. El proyecto de ley, popularizado bajo el nombre PL das Fake News [proyecto de ley sobre fake news], tuvo su votación en el Pleno de la Cámara suspendida hace dos semanas y hoy es incierto si sucederá.
Entre los temas del proyecto de ley integral, que van desde castigar a las grandes tecnológicas por contenidos como la incitación a golpes de Estado hasta la transparencia de los algoritmos de recomendación de contenidos, la remuneración de las plataformas digitales al periodismo es un tema particularmente polémico.
En medio de varias controversias, las plataformas afirman que la ley podría obligarlas a pagar por agentes de desinformación que se presenten con un barniz periodístico. Todavía hay desacuerdos entre los medios más pequeños y más grandes sobre cómo se deben asignar los recursos.
Las principales opciones sobre la mesa son el mecanismo de negociación, es decir, negociaciones directas entre plataformas digitales y empresas periodísticas, o un fondo para el sector, con gobernanza participativa, para financiar el periodismo. En el lanzamiento del informe, también se consideró un híbrido entre estas dos opciones.
Como reportó por primera vez el periodista Guilherme Amado el 5 de mayo, líderes del partido llegaron a un acuerdo para eliminar del paquete la disposición sobre el pago al periodismo. La remuneración por contenidos periodísticos puede acabar siendo votada por separado esta semana, junto a un proyecto que atañe a derechos de autor de artistas.
Además de abordar el debate en Brasil, el informe, que fue escrito e investigado por la politóloga Marisa von Bülow y con la coordinación editorial del antropólogo Rafael Evangelista, también aborda los principales marcos regulatorios equivalentes en el mundo, como es el caso de las leyes en Australia y en la Unión Europea.
El estudio enfatiza repetidamente la necesidad de prestar atención a las especificidades locales. “Hasta 2022, el debate se centró principalmente en los países desarrollados”, dice el texto.
“Llevar este debate a países en desarrollo como Brasil implica reflexionar sobre los desafíos específicos a enfrentar. En un contexto de mayores desigualdades digitales — tanto en el acceso como en la calidad del acceso — que en países desarrollados, la crisis del periodismo en Brasil tiene impactos que son sentidos de manera desproporcionada por la población que vive en las periferias o en lugares más aislados”, agrega.
La base de la investigación consistió en un análisis comparativo de iniciativas legales dentro y fuera de Brasil, revisando la literatura sobre el tema y realizando entrevistas con actores clave, como investigadores, activistas, asesores legislativos y representantes de plataformas digitales.
La noción de que las plataformas digitales deben pagar por el periodismo parte del entendimiento de que, en gran medida, la crisis que atraviesa el periodismo actual es consecuencia de una nueva situación para la publicidad digital y nuevas formas de consumo, producción y distribución de contenidos periodísticos.
“La síntesis del argumento a favor de nuevos marcos regulatorios que obliguen a las plataformas digitales a negociar con las empresas periodísticas es: los productores de noticias dependen cada vez más de las plataformas para llegar a sus audiencias y recaudar recursos publicitarios, pero no son compensados adecuadamente por el uso que estas hacen de su contenido y no logran negociar, de manera equilibrada, sin la intervención del Estado”, dice el estudio.
Cinco puntos son identificados como fuentes especiales de fricción que dividen a los actores en el debate. El primero se refiere a “quién debería beneficiarse”, es decir, cuáles deberían ser los criterios mínimos para designar a los actores que deberían recibir el pago.
Hasta el momento, propuestas legislativas dentro y fuera de Brasil buscan establecer criterios mínimos para la designación de potenciales beneficiarios, como el número de empleados o la facturación, o el tiempo de operación del medio y la necesidad de adherirse a un código de ética.
Todos los criterios están sujetos a críticas: las pequeñas empresas, personas naturales o recién llegadas al mercado pueden acabar no contemplados. Por otro lado, la ausencia de un filtro para designar quién es un profesional puede terminar permitiendo que agentes de desinformación tengan acceso a los recursos.
Una alternativa, como defienden en propuestas separadas la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) y la Asociación de Periodistas Digitales (Ajor) de Brasil, es la creación de un fondo público que permitiría el financiamiento de actores específicos (como el periodismo que atiende comunidades subrepresentadas o desiertos informativos), y que además permitiría financiar proyectos que sean beneficiosos para la sostenibilidad del periodismo en su conjunto.
Una segunda controversia se refiere a quién debe ser responsable de hacer los pagos. No existe un consenso internacional sobre el vocabulario utilizado para determinar los actores que pagan: mientras Australia se refiere en su ley a “plataformas digitales”, la Unión Europea utiliza el término “proveedores de servicios de intercambio de contenido en línea”, y Canadá, donde el proyecto está aún en proceso, habla de “empresas intermediarias de noticias digitales”. En Brasil, el PL de Fake News 2630 utilizó la expresión “proveedores de redes sociales, herramientas de búsqueda y servicios de mensajería instantánea”.
Más importante que la denominación son los criterios de quién será responsable de pagar: esto determina, por ejemplo, si solo Google y Facebook remunerarán el contenido periodístico, o si el proyecto de ley debe incluir también a otras organizaciones, desde Twitter, hasta LinkedIn y Twitch.
La tercera controversia se refiere a lo que constituye el periodismo y el periodismo de interés público. Este tema es importante porque la mayor parte de lo que publican los medios y que atrae a más público está relacionado con el entretenimiento, como noticias sobre celebridades, deportes o fait divers de todo tipo. Criterios como los clics pueden servir para bajar la calidad del periodismo.
Este punto también se relaciona con la posible negociación de acuerdos voluntarios entre plataformas y empresas periodísticas. Australia ha adoptado este modelo, con acuerdos confidenciales: esto genera críticas de que no es posible evaluar los impactos de la ley, debido a la falta de transparencia.
Según el informe, en este caso, la idea de un fondo puede ser una solución al problema, ya que abre “otras posibilidades de remuneración, como la financiación de iniciativas de innovación tecnológica, y el uso de criterios distintos a la cantidad de contenido producido o de la audiencia”.
La cuarta controversia se refiere a la necesidad de dotar de mayor transparencia a las actividades de las plataformas, en elementos como, por ejemplo, sus ingresos por publicidad y sus algoritmos para promocionar determinados contenidos en detrimento de otros.
Según las plataformas, este punto es sensible porque gran parte de estos datos están protegidos por secretos comerciales y no pueden hacerse públicos. Sin embargo, según el informe, “cifras que no pueden ser corroboradas por una auditoría independiente o por un organismo regulador dificultan mucho el proceso de toma de decisiones en el tema de la remuneración del periodismo”.
Finalmente, la quinta controversia se refiere al papel del Estado en las negociaciones entre las plataformas digitales y los productores de contenidos periodísticos. La principal propuesta para Brasil ha sido, como en el caso de Australia, la negociación: los actores negocian entre ellos y, si es necesario, el Estado juega el papel de árbitro. Esta es la posición defendida por los principales organismos de comunicación, como los grupos Globo y Folha.
Según CGI.br, “no hay, sin embargo, consenso sobre si este es el mejor modelo, incluso considerando las especificidades del contexto brasileño, en el que la libre negociación entre las partes puede resultar en una concentración aún mayor de recursos y poder en un pequeño número de actores”.
Una vez más surge como alternativa la idea de un fondo público sectorial gestionado de forma participativa, en el que el Estado jugaría un papel más proactivo.
El debate en Brasil sobre la remuneración al periodismo se desarrolla a un ritmo acelerado, con novedades prácticamente todos los días.
Eso quiere decir que el estudio, al haber finalizado su recolección de datos en marzo de 2023, no consideró, por ejemplo, que la remuneración al periodismo pasa desde una lógica de derechos de autor junto con las producciones artísticas, tal como la propuesta que ganó más fuerza en las últimas semanas. Congresistas dicen que una votación sobre el proyecto de ley podría ocurrir en cualquier momento, pero no está claro cuándo sucederá realmente.
En el evento de lanzamiento del informe, la autora von Bülow dijo que el equipo consideró retrasar la publicación, pero prefirió lanzarlo antes para poder intervenir en el debate.
“Pensamos en posponerlo, porque todos los días había algo nuevo. Pero, para mantener el tiempo, lo lanzamos pronto. Tal vez podamos actualizarlo en unos meses, pero lo lanzamos pronto para intentar incidir y mejorar el debate”, dijo la investigadora.
Cuando se le preguntó qué modelo sería el mejor para Brasil, von Bülow se mostró a favor de un modelo híbrido que combinara el mecanismo de negociación y el fondo sectorial.
La autora del estudio, la politóloga Marisa von Bülow, junto al coordinador editorial de la iniciativa, el antropólogo Rafael Evangelista.
“Un fondo puede ser una mala solución. La respuesta puede estar en algo híbrido. [La política] se puede pensar desde dos objetivos diferentes”, dijo. “Habría un regateo, siguiendo la lógica canadiense, teniendo en cuenta el tema de la pluralidad de noticias, pero, al mismo tiempo, un fondo que permita pensar el sector y tener una política de promoción. En el mundo ideal, sería un modelo híbrido. Pero este diálogo necesita madurar. No conozco ningún caso de modelo híbrido”, dijo.
A su lado, el coordinador editorial Evangelista agregó que “no ve ningún problema en que Brasil sea pionero”.
A pesar de su atención a un contexto nacional específico, el informe también puede ayudar a las personas de otros países a pensar en cómo las plataformas digitales pueden pagar el periodismo en sus propios países. Como dicen los autores en el primer capítulo, se han presentado nuevos proyectos de ley en diferentes países que buscan ejemplos e ideas entre sí.
“Los desafíos son globales y Brasil es una de sus principales vitrinas: lo que se decida en el país tendrá un enorme impacto en América Latina y en otras regiones”, afirma el estudio.
