Por Maira Magro
Un juez de Buenos Aires prohibió a manifestantes volver a bloquear el acceso a una planta impresora del Grupo Clarín e instruyó al Ministerio de Seguridad que adopte las medidas necesarias para garantizar la circulación de las publicaciones que se editan en esa imprenta, informaron los diarios Clarín y La Nación.
El pasado 13 de diciembre, seis manifestantes colocarom cadenas a los portones de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), donde se imprime la revista Viva, que circula con Clarín, lo que impidió su distribución durante una semana.
Según la agencia estatal de noticias Télam, los manifestantes son parte de un grupo de 119 empleados que fueron despedidos en 2004 por AGR. Aunque los tribunales habían ordenado a la planta reintegrar a los trabajadores, los sindicalistas acusan al Grupo Clarín de no respetar la decisión judicial. Además de cerrar las puertas de la imprenta, los manifestantes iniciaron una huelga de hambre, agrega Télam.
El juez consideró en su fallo que el derecho de los ciudadanos a expresarse no puede poner en riesgo otros derechos, como la libertad de expresión. Ya el 14 de diciembre, en otra manifestación, los camioneros atrasaron la distribución de los periódicos Clarín y La Nación, que están en conflicto con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
