Embargo preventivo de todos sus bienes y un mandat de comparecencia ordenó una jueza para el medio peruano de periodismo de investigación Ojo Público, su director ejeocutivo, Óscar Castilla, y el periodista Edmundo Cruz, del diario La República.
El demandante es el ciudadano peruano nacionalizado estadounidense Miguel Arévalo Ramírez, quien en anteriores oportunidades demandó a los periodistas por haberlo supuestamente difamado en una serie de reportajes publicados simultáneamente en Ojo Público y La República en el marco de las elecciones generales de 2016. Los periodistas afirmaron que aún desconocen la razón por la cual están siendo demandados esta vez.
Los informes periodísticos mencionan con documentos que Arévalo, alias “Eteco”, estaría siendo investigado por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Además, los reportajes señalan los presuntos vínculos de Arévalo con personas cercanas al partido de Keiko Fujimori quien fue candidata a la presidencia en 2016 y que ahora se encuentra en prisión preventiva por presunto lavado de activos durante la campaña presidencial.
Castilla dijo en entrevista con el Centro Knight que el embargo preventivo en su contra responde a un nuevo juicio abierto el 4 de febrero de este año sobre la misma serie de reportajes, y sobre el cual no fueron formalmente notificados sino hasta el mes de abril. Castilla también explicó que desconocen aún la razón de fondo de este juicio porque hasta el momento no han recibido la notificación de la primera y segunda resolución del proceso; solo han sido avisados a partir de la tercera en la que ya se establecen medidas de fuerza en su contra, dijo.
“El debate es que una persona no puede ser juzgada por los mismos hechos en diferentes juzgados, y nosotros [actualmente] estamos siendo juzgados en cuatro Juzgados distintos por los mismos reportajes”, dijo Castilla. “Lo que se sostiene ahí es que se debería plantear una competencia en la que solamente un Juzgado debería procesar la demanda que él (Arévalo) plantea, y no cuatro al mismo tiempo”, agregó.
Asimismo, Edmundo Cruz comentó al Centro Knight que en este último proceso se ha generado la “figura de querella de juicio sumario (expeditivo)” que, sin citar ni dar a conocer el sustento de la denuncia a los demandados, el Juzgado ha emitido ya una resolución condenatoria. “Esto indica (además) que el propósito no es solo distraer sino incluso anular este tipo de medios, como Ojo Público. Si lo embargan, le van a embargar su mobiliario, sus equipos técnicos, sus archivos”, sostuvo.
Arévalo empezó con las demandas contra medios y periodistas en 2016, desde que fueron publicados en diversos medios los reportajes sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico y su supuesta cercanía con el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Ante el Juzgado Mixto de Tocache – en San Martín, una región en el norte de Perú – comenzó con una demanda por Hábeas Data, de acuerdo con Ojo Público. Esta acusación con base en la protección de datos personales fue contra Google Perú, Ojo Público, los diarios El Comercio, La República, América Televisión, la revista Caretas, el canal de internet Willax TV y el semanario Hildebrandt en sus Trece. Su pedido fue que toda la información de los reportajes mencionados sea retirada de internet. Esa demanda fue archivada.
Luego planteó tres demandas más contra medios y periodistas, pero esta vez por difamación agravada, entre 2017 y 2018 que aún siguen en proceso y que Ojo Público ha resumido en un recuadro publicado en su sitio.
En 2017 denunció al periodista Miguel Ramírez, entonces editor de reportajes de investigación de El Comercio, a raíz de una columna de opinión en donde el periodista citó documentos de inteligencia que vinculaban a ‘Eteco’ con el narcotráfico, según La República. En esta querella aún en proceso, presentada en el 11 Juzgado Penal de Lima, se incluyó a El Comercio y Ojo Público como terceros civilmente responsables. El demandante pidió una reparación civil de US $100 millones.
También en 2017, alias ‘Eteco’ denunció ante el 29 Juzgado Penal de Lima, por el mismo supuesto delito y la misma serie de reportajes, a los periodistas Óscar Castilla, Cecilia Valenzuela y la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo que brindó su testimonio en uno de los reportajes, de acuerdo con Panamericana y Perú 21. La reparación civil que pidió para este juicio aún vigente es US $100 millones, y entre tres y seis años de cárcel para los periodistas.
Posteriormente en 2018, y esta vez ante el 5 Juzgado Penal de Lima, Arévalo presentó una tercera querella judicial que también sigue en curso. Otra vez los acusados son Castilla, Cruz, además de Gustavo Mohme y César Romero, publicó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú. La República es señalado en este juicio como tercero civil responsable. El demandante pidió nuevamente una reparación civil de US $100 millones, y entre tres y seis años de cárcel para los periodistas.
Los montos de las reparaciones civiles que solicita el demandante buscan, en opinión de Cruz, intimidar a los periodistas, a los medios y generar conductas de autocensura.
Sobre la esperanza en el debido proceso de esta cuarta querella judicial abierta, el veterano periodista de La República dijo: “Nosotros no estamos seguros de cuál va a ser la suerte. Depende del Juzgado en el que va a recaer la decisión final, porque la verdad es que el sistema judicial [peruano] está corroído también por las mafias que operan en el país”.
De acuerdo con Castilla y Cruz, su abogado pedirá que los periodistas y el medio sean notificados adecuadamente a sus respectivos domicilios con la querella inicial y que se reprograme la manifestación a la cual el Juzgado nunca los notificó y en la cual, según los periodistas, los declaró ausentes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su preocupación al Centro Knight por este tipo de denuncias que muchas veces buscan “amenazar y frenar las investigaciones”.
“Y todo esto tiene un tema más estructural, y es que algunos países no han procedido a modificar los antiguos delitos, anteriores incluso a la Convención Americana de Derechos Humanos, de difamación e injuria, desacato, calumnia, etc., y están redactados de una forma absolutamente abierta, vaga y obviamente protegen, de algún modo más, el honor de los funcionarios o de los poderosos que el derecho a la libertad de expresión”, explicó.
De acuerdo con Lanza, lo que está sucediendo en varios países latinoamericanos en los últimos años es que se está haciendo uso del recurso penal como una “herramienta poderosa y muy aflictiva” que afecta en gran medida la libertad de expresión y el periodismo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también mostró su preocupación al respecto. “De nuevo vemos con impotencia la larga tradición que existe en Perú en cuanto al uso inhibitorio de las demandas contra periodistas para frenar sus investigaciones y obligarlos a ejercer la autocensura”, señaló la presidenta de ese organismo, María Elvira Domínguez.
Este caso ha suscitado además la solidaridad regional de otros periodistas latinoamericanos que han mostrado su rechazo por lo sucedido contra Ojo Público, Edmundo Cruz, Óscar Castilla, y todos los periodistas de investigación en Perú.
Alrededor de 60 periodistas, medios y organizaciones del continente americano han firmado un pronunciamiento respaldando el trabajo de sus colegas peruanos y pidiendo a las autoridades peruanas la revisión inmediata del caso. También solicitaron a organismos internacionales que se adopten las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los patrimonios y la integridad de los periodistas y los medios querellados.
Recientemente en Perú, el 22 de abril, el periodista Pedro Salinas que reside en Lima fue sentenciado en Piura, en la costa norte de Perú, a un año de prisión suspendida, 120 días de servicio comunitario y al pago de una reparación civil de 80 mil soles (cerca de US $24 mil) a favor del Arzobispo José Antonio Eguren, según el diario Correo.
IDL Reporteros, sitio de periodismo investigativo cuyo director es Gustavo Gorriti, que investiga el caso Lava Jato, también viene siendo acosado judicialmente luego de revelar una presunta red de corrupción entre el crimen organizado y el sistema judicial peruano a mitad de 2018. El Ministerio Público intentó allanar sus oficinas y les solicitó revelar sus fuentes.
