En materia de transparencia, lo que piden los periodistas argentinos es una ley que les permita el libre acceso a la información pública y que las entidades del estado cumplan con entregar los documentos solicitados por la ley.
Así lo expuso Juan Carlos Simo, periodista miembro del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), durante el Foro de Austin que organizó el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, del 8 al 9 de noviembre.
Aunque no existe una ley de transparencia en Argentina, sí existe un decreto que describe el acceso a la información pública como un "prerequisito" para la participación ciudadana. Sin embargo, son pocos los periodistas que recurren al Decreto de Acceso a la Información Pública No 1172/03, firmado en el 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, dijo Simo. Las posibles razones, explicó, serían la poca eficacia del decreto como recurso para conseguir la información, el ignorar que pueden hacer uso de ese derecho o la tendencia a confiar más en sus fuentes y contactos que en los documentos.
Muchas veces, dijo el periodista, las solicitudes no son respondidas por las entidades públicas, se entrega parcialmente la información pedida o simplemente son negadas, con la justificación de ser información de carácter personal, una de las excepciones contempladas en el decreto.
La constitución reconoce el acceso a la información pública al referirse al Pacto de San José de Costa Rica, y las 16 provincias del país tienen una normativa especial para garantizar el acceso a la información pública. Sin embargo, estas no funcionan del todo.
Simo apuntó que durante el 2012, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron un estudio sobre la efectividad del decreto presidencial de acceso a la información pública, que fue creado con el objetivo de fortalecer la relación entre el estado y la sociedad civil. Del total de 93 solicitudes de información hechas por dichas asociaciones a diversas entidades públicas, más del 50% de las solicitudes no obtuvieron respuesta, fueron contestadas de manera incompleta o fuera del plazo de los 10 días que exige el decreto, sin justificación alguna.
El periodista expuso también la falta de voluntad política por una transparencia activa, citando como ejemplo las declaraciones dadas por la presidente argentina Cristina Fernández en la única conferencia que dio en el 2012, la cual fue dirigida a estudiantes universitarios de Harvard y Georgetown, en Estados Unidos. En la misma dijo: “yo tengo que gobernar, no es una obligación presidencial hacer conferencias de prensa todos los días, para eso están mis voceros públicos”.
Desde Fopea se hacen diversas campañas para promover el derecho a la libertad de información y de expresión. La más reciente fue la campaña en redes sociales #infoendemocracia en el marco de las elecciones legislativas de este año en Argentina, informó Simo, en la cual se buscó comprometer a los nuevos legisladores a velar por estos derechos democráticos y por mayor transparencia en las políticas del estado.
Simo citó las declaraciones dadas recientemente por Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de Acceso a la Información de ADC, sobre el decreto presidencial en cuestión, quien dijo que “cualquier regulación que sea inferior a una ley que cree un ente de aplicación autónomo e independiente no es suficiente para desestructurar la cultura del secreto que impera en las estructuras estatales”.
En cuanto a Brasil, desde que la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji por sus siglas en portugués) fue fundada en el 2002 empezó una campaña, con el respaldo de otras organizaciones como el Centro Knight de la Universidad de Texas en Austin, para crear una ley que permita el libre acceso a la información pública a los brasileños. Luego de una serie de evaluaciones en los diversos poderes del gobierno, la ley fue finalmente firmada por la presidente de Brasil Dilma Rousseff el 16 de mayo del 2012.
El periodista brasileño Fernando Rodrigues, miembro de Abraji, señaló en el Foro de Austin que lo positivo de la ley es su amplitud, porque abarca los niveles federales, municipales y estatales del gobierno, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, todas las empresas públicas están obligadas a cumplir con la ley. Rodrigues informó que el 80% de los documentos públicos solicitados en los primeros 18 meses de la ley de acceso a la información han recibido una respuesta positiva.
El periodista mostró que tres de los medios más importantes de Brasil, O Globo, Estadão y Folha do Sao Paulo, le vienen dando un uso más sofisticado a la ley, citando como ejemplo el reportaje sobre los diez años del programa social Bolsa Familia que publicó O Globo. Con esta investigación se supo que el medio millón de beneficiarios del programa Bolsa Familia ya va por la segunda generación y continúa viviendo en la pobreza, que siguen siendo en su mayoría pobladores del nordeste de Brasil, entre otras apreciaciones.
Todo esto a partir de la interpretación y análisis de la lista de nombres de todos los inscritos en el programa, obtenida luego de 98 días de espera, gracias a la ley de acceso, en el ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre.
En los primeros 18 meses de la ley se han publicado 802 historias en 68 medios de comunicación a nivel nacional, con datos obtenidos gracias a la ley de acceso a la información pública, señaló Rodrigues. Los temas más solicitados son los de carácter político, dijo Rodrigues.
Lo negativo de la ley, concluyó Rodrigues, es que aún existe poca voluntad política y cultural para hacer cumplir la ley, y esto es aún más precario en las entidades públicas de las ciudades menos desarrolladas. Tampoco existe una comisión independiente que supervise el cumplimiento de la ley ni una campaña nacional que fomente su uso.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
