“Esta iniciativa lo que busca es cortar el financiamiento de los medios de comunicación que han retratado la cara más corrupta de esta administración. Ese es el punto”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, a LatAm Journalism Review (LJR), respecto del proyecto de ley de agentes extranjeros presentado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Se espera que la Asamblea Legislativa de El Salvador apruebe en la sesión plenaria del 17 de noviembre la Ley de Agentes Extranjeros.
El Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, entrega la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros a Christian Guevara, jefe de bancada oficialista Nuevas Ideas. (Foto: El Faro, cortesía de la Asamblea Legislativa)
Si esta ley entra en vigencia, todas las organizaciones que reciben fondos del extranjero tendrán que pagar un impuesto de 40% por cada transacción financiera. Las excepciones a esta ley son las organizaciones comerciales, humanitarias, religiosas, de salud, escolares, académicas, científicas o de bellas artes. Además, de acuerdo con el Artículo 12, quedará a discreción de la Presidencia la aprobación de cualquier reglamento que considere necesario para la aplicación de esta ley.
Asimismo, cualquier incumplimiento de la ley tendrá una sanción de US $10 mil, además de la posible cancelación de la personalidad jurídica de la organización infractora.
Durante los primeros 90 días hábiles de aprobada la ley, deben registrarse como agentes extranjeros todas las organizaciones que reciban fondos de la cooperación internacional, señala el Artículo 14 de la Ley. De no registrarse dentro del plazo, serán sancionados.
Tiene la reciente adición de un artículo que pide de 2 a 5 años de prisión para las organizaciones o personas registradas como agentes extranjeros que pongan en riesgo la seguridad nacional, alertó el sitio periodístico El Faro vía Twitter.
Tras la presentación del proyecto de ley hace unos días, Bukele dijo en un comunicado que esta propuesta tiene como objetivo garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país.
“Se prohibirá la injerencia extranjera para financiar actos terroristas o actividades políticas, y se fomentarán las donaciones por causas sociales libres de impuestos”, indicó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión pidieron al gobierno de El Salvador no aprobar el Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros en una nota de prensa urgente el 17 de noviembre.
La CIDH mostró su preocupación por las sanciones penales y administrativas que podrían derivar del incumplimiento de las disposiciones de la ley sobre el manejo de los recursos.
“La Comisión y la RELE consideran que, de ser aprobada, la iniciativa podría restringir el funcionamiento legítimo y las actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, quienes en ocasiones reciben recursos de cooperación internacional para su desarrollo”.
En un pronunciamiento en Twitter, la iniciativa regional Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (Ccinoc) dijo que la aprobación de esta ley criminalizaría la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, como sucede en Nicaragua y Guatemala, pues “permitiría la suspensión inmediata de actividades de organizaciones sociales y medios de comunicación que reciben financiamiento de fuentes no salvadoreñas”.
José Luis Sanz, exdirector de El Faro y ahora corresponsal en Washington D.C., dijo a LJR que la actual propuesta de ley da un “enorme margen de arbitrariedad”. En cuanto a las inversiones, “la ley hace una referencia explícita en su redacción a los agentes extranjeros que quieren influir en la opinión pública, lo cual lógicamente hace sospechar que los medios de comunicación están en primera línea de cuestionamiento. (…) La ley está redactada con la presunción de que el hecho de recibir fondos del extranjero te convierte en instrumento de otros”.
Respecto de la ley, el diputado y jefe de la bancada oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, hizo referencia directa a la remuneración de los periodistas de El Faro y GatoEncerrado al decir que se les iban a acabar sus “salarios jugosos” porque “en unos días, el 40% de lo que les da Open Society y otros de sus financistas será para impuestos”, publicó El País.
La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch señaló que la ley restringiría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhortó a la Asamblea Legislativa de El Salvador a rechazar el proyecto de ley que obligaría a los medios y periodistas que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros.
“Al calificar a periodistas y medios informativos de agentes extranjeros, el presidente Bukele toma medidas cada vez más agresivas para limitar los espacios de los medios críticos e independientes en El Salvador”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe de CPJ.
La periodista de El Faro, Julia Gavarrete, dijo a LJR que el principal objetivo de esta ley es silenciar a la prensa crítica, tener un mecanismo de control y manipular a la opinión pública.
“Tratar de frenar también el trabajo de las organizaciones que están haciendo oposición, de las organizaciones que están trabajando en comunidades de manera organizada, que es algo con lo que este gobierno nunca ha estado de acuerdo, que exista la organización social”, subrayó.
La ONG regional con sede en El Salvador, Cristosal, manifestó que la propuesta de ley de agentes extranjeros vuelve inviable el trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos, “restringiendo a la población los beneficios de la solidaridad internacional”. Según la organización, ya existen en la normativa del país los mecanismos de transparencia para declarar la procedencia y uso de las donaciones del extranjero. Esta nueva ley criminalizaría y estigmatizaría a las organizaciones de la sociedad civil.
La vulnerabilidad en la que quedarían los periodistas y organizaciones sociales en El Salvador es “enorme”, dijo Sanz, frente a un Estado controlado por el Ejecutivo, “que ha dado sobradas muestras de arbitrariedad y abuso de poder”.
Bukele señaló que esta ley es la misma que tiene Estados Unidos. Sin embargo, Fagoaga, también fundador de Revista Factum, señaló que eso es “una falacia”, pues, según dijo, la cuestionada ley es más un calco de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua.
Gran parte de los medios críticos en independientes de El Salvador, como El Faro, Revista Factum e incluso APES reciben fondos de la cooperación internacional, además de los ingresos nacionales.
“Hay un intento de contener, de amordazar, de poner un bloqueo a cualquier crítica, ya sea que esta crítica venga de la sociedad civil o de los medios de comunicación que están haciendo un trabajo encomiable en mostrar la corrupción”, sostuvo Fagoaga.
De acuerdo con Sanz, los gobiernos corruptos y los gobiernos autoritarios asumen el aislamiento internacional como un precio a pagar para consolidar su poder y su accionar arbitrario.
“Por desgracia, esto ocurre en el golpe de Honduras de 2009; sucedió con el cierre de la Cicig en Guatemala, y más claramente ha sucedido con toda la evolución del declive del régimen de Daniel Ortega. Parece que hay una decisión de no detenerse, aunque eso suponga como precio la condena internacional y el aislamiento, claro”, dijo Sanz.
El periodista nicaragüense Aníbal Toruño, director en el exilio de Radio Darío, dijo a LJR que en Nicaragua se ha encerrado a una gran cantidad de periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro a causa de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros del presidente Daniel Ortega.
“Lo único que ha hecho es controlar, cerrar, amenazar, y no solamente eso, pues tiene cualquier cantidad de la oposición en el exilio, periodistas encarcelados, periodistas exiliados. La tragedia de Nicaragua es enorme”, dijo Toruño.
Este tipo de leyes en manos de gobiernos populistas y antidemocráticos, como indica el camino de Bukele y de Ortega, expresó Toruño, son “malas noticias”.
Tanto Fagoaga como Sanz ven el futuro de El Salvador muy complicado, pues no creen que haya un cambio de rumbo en el corto plazo, sino al contrario, un afianzamiento del autoritarismo del gobierno de turno.
“No hay separación de poderes, no hay independencia judicial, no hay rendición de cuentas”, dijo Fagoaga.
Los periodistas críticos de El Salvador ven que el país está siguiendo el camino de Nicaragua, pero Fagoaga prefiere mirar el “espejo nicaragüense” por ambos lados, y eso en parte le da un poco de esperanza en medio de la adversidad.
“Por un lado, creemos que el deterioro democrático ha ocurrido siguiendo los mismos pasos. Es decir, si uno revisa el prontuario autoritario de Ortega, es muy parecido al de Bukele”, aunque en El Salvador este proceso está siendo más acelerado, explicó Fagoaga. “Y por otro lado, vemos la resiliencia y valentía que tienen las y los colegas de Nicaragua. También nos gusta mirarnos en ese espejo porque sabemos que incluso cuando las situaciones pueden ser adversas, el periodismo va a prevalecer”.
Cuando la democracia está en riesgo, el periodismo tiene que sacar la cara, “es la primera línea de defensa democrática”, concluyó Fagoaga.
Toruño dijo confiar en la capacidad de los sólidos medios independientes de El Salvador para salir adelante en esta situación.
De acuerdo con Sanz, desde hace dos años viene siendo muy difícil hacer periodismo crítico en el país, y la aprobación de esta ley haría todo el trabajo mucho más costoso.
“Es una ley claramente inconstitucional, que atenta contra los principios y estándares nacionales e internacionales, y me parece una agresión si se termina aprobando. Pero no nos va a detener”.
