En el que es tal vez uno de los momentos más críticos para el periodismo de El Salvador, la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas se ve cada vez más lejos.
La propuesta de ley, que se ha estado trabajando desde 2017, busca ser una muy integral que cubra desde derechos laborales, hasta los diferentes tipos de violencia que sufren los periodistas, sin olvidar la perspectiva de género para los temas que afectan a mujeres periodistas. Así se incluiría a instituciones como el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la República, el Instituto Salvadoreño de la Mujer, entre otros.
“Eso es un poco lo que estamos buscando con esa propuesta de ley”, dijo Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a LatAm Journalism Review (LJR). “No va solo a relacionar el tema de derechos laborales, sino cómo atender de forma mucho más integral todas las vulneraciones que están sucediendo hacia las y los periodistas”.
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto: Carlos Barrera/El Faro/ Cortesía.)
Sin embargo, con la posesión de la nueva Asamblea Nacional el pasado 1 de mayo, de mayoría oficialista, y teniendo en cuenta las relaciones poco cordiales del presidente Nayib Bukele con la prensa el panorama para que una ley de este tipo sea aprobada se ve “cuesta arriba”, según Cárcamo.
“Yo lo veo complicado en cuanto a que haya un interés de retomarla sobre todo porque esta Asamblea tiene una misma línea del presidente Bukele que ha sido muy crítico contra los periodistas, más que crítico se ha dedicado a atacar a las y los periodistas. Así que no creo que haya interés en abordarla al menos no en este momento”, dijo Cárcamo. “Estamos esperando a que baje un poco el contexto para ver qué se puede hacer, pero lo vemos muy difícil”.
De acuerdo con Cárcamo, además de que es probable que esta nueva legislatura no tenga el interés debido a que “está aprobando cosas acorde a los intereses del gobierno”, todavía ni siquiera se sabe quiénes son los diputados que estarán en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea, que sería la encargada de revisar este proyecto de ley.
Por este motivo, en estas dos semanas APES y otras entidades se han dedicado no solamente a hacer un seguimiento a las decisiones de la nueva Asamblea sino también a los ataques contra periodistas. Por ejemplo, la nueva Asamblea restringió el acceso a ella de medios no oficialistas, algunos diputados se niegan a dar declaraciones y el sitio web de esta no está actualizado, dijo Cárcamo.
Las agresiones también son un tema preocupante. En la última clasificación mundial de libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, El Salvador perdió ocho posiciones ocupando la 82. Esta caída fue la más grande en la región y la tercera más grande en el mundo.
Carlos Domínguez, corresponsal de RSF en El Salvador, destacó cómo desde la organización se ha alertado sobre la actitud autoritaria del presidente Bukele quien, según sus registros, tiene una actitud permanente de ataques y amenazas a medios críticos e independientes del país, según le dijo a LJR.
“Esto configura un panorama laboral muy hostil para los periodistas, que se ve alentado por diversas formas de estigmatización al trabajo de la prensa”, dijo Domínguez. “La narrativa de crear la imagen de prensa enemiga del pueblo es peligrosa porque alienta la desconfianza hacia los periodistas en general y estimula como única la versión oficial”.
Y es que desde que Bukele tomó posesión en agosto de 2019, los ataques a periodistas han llamado la atención internacional. Solamente en el marco de la cobertura electoral del 28 de febrero de 2021, APES registró 58 agresiones contra la prensa. Durante 2020, registró 125 agresiones contra periodistas, principalmente de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional Civil (PNC). Precisamente ese año, una comisión especial creada para analizar estos casos determinó que el acoso contra la prensa está dirigido por las autoridades públicas.
Desde APES incluso se han detectado casos de desplazamiento forzado de periodistas, pero que, según Cárcamo, no se dan a conocer porque el tema es “delicado”. “Y porque lamentablemente el sistema nacional no es eficiente para poder atender a esos colegas. De hecho, algunos que han denunciado han terminado yéndose de forma irregular del país porque los procedimientos son muy burocráticos, por ejemplo. Y esta propuesta de ley habla de cómo optimizar y mejorar la atención a las personas que pasan por este escenario”, agregó Cárcamo.
Es por esta situación que el proyecto de ley de protección a periodistas contempla la creación de una Comisión Nacional de Protección a Periodistas que tendría por objetivo coordinar de manera interinstitucional todas las acciones para proteger a periodistas cuando están en peligro o prevenir cualquier acción en contra de ellos.
Según Cárcamo, la idea es que esa Comisión sea liderada por organizaciones que hacen parte de la Mesa de Protección de Periodistas — como APES, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros — pero que ingresen también entidades estatales como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, por mencionar algunos.
“Eso es un poquito lo que se habla de esta Comisión Nacional, entre sus funciones incluso está, por ejemplo, establecer los canales de comunicación, crear acciones interinstitucionales para que se aplique esta ley, coordinar o elaborar, por ejemplo, algunas acciones para que se aplique la Ley de protección, que habla también de una serie de mecanismos de prevención”, explicó Cárcamo. “Y responder o atender de forma eficiente los casos que lleguen a esta Comisión que salgan de las diferentes organizaciones de periodistas”.
Domínguez, de RSF, concuerda en la importancia de esta ley para proteger de manera activa a los periodistas. “La ley es necesaria para que el Estado active mecanismos de protección al ejercicio del periodismo, como parte de sus obligaciones de prevención, protección y procuración de justicia”.
La situación de la prensa también ha sido destacada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe anual de 2020, la Relatoría Especial señaló que las amenazas contra la libertad de expresión se “agudizaron” en 2020. “[Esta Oficina] observa con especial preocupación la constante descalificación por parte de altas autoridades contra periodistas y medios de comunicación cuyas líneas editoriales son críticas al Gobierno, lo que socava y deteriora el rol crucial de la prensa en sociedades democráticas e impide una deliberación razonable y plural sobre los asuntos públicos”, dice el informe anual.
La ley que no ha podido ser
La propuesta de la “Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información” ha recorrido un largo camino para lograr la aprobación que todavía no ha llegado.
Cárcamo recuerda que la ley se comenzó a trabajar en 2017. Su primera versión estuvo enfocada en un sistema de protección y de garantizar las condiciones laborales de los periodistas. Según dijo, ejercer el periodismo en El Salvador es una de las profesiones “más precarizadas de la región”. Muchos periodistas no cuentan con el sistema de protección como es el seguro social, no tienen contratos laborales y en muchas ocasiones sus salarios están “muy debajo incluso del salario mínimo”, explicó.
Las agresiones a periodistas también eran una preocupación. Desde 2018, cuando APES comenzó a realizar el monitoreo de estos casos, notaron cifras preocupantes. A esto se sumó que a finales de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó un informe que daba cuenta de la situación de mujeres periodistas en El Salvador. Uno de los datos más “alarmantes”, según Cárcamo, era que el 100% de las mujeres periodistas encuestadas señalaron que en algún momento de su trabajo cotidiano habían sido víctimas de situaciones de acoso por su condición de género. “Todo eso llevó a esa propuesta de ley”, dijo Cárcamo.
Tras un trabajo que incluyó socializarla con los periodistas del interior del país para lograr un documento sólido no sólo a nivel técnico, sino que recogiera las “necesidades reales” de los periodistas, la propuesta de 60 artículos fue presentada oficialmente ante la Asamblea en octubre de 2018. Sin embargo, fue solamente hasta 2019 cuando ingresó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales donde no tuvo mayores avances en casi un año.
A mediados de 2020 y como consecuencia de la pandemia, se creó una Comisión Especial para investigar los casos de acoso a periodistas por parte del gobierno.
“En esa comisión especial, quienes participamos en esas reuniones, una de las cosas en que insistíamos era que las agresiones no solo venían del Ejecutivo – que si bien es una tendencia en este momento donde además se están agudizando los casos de vulneraciones - pero que las vulneraciones han venido desde antes, desde otros sectores y que nosotros considerábamos, más allá de crear esa comisión para emitir un informe final, que lo más pertinente era que se retomará la discusión de la propuesta de ley”.
En efecto, en noviembre de 2020 la Comisión de Legislación de la Asamblea invitó a APES y a otras organizaciones que hacen parte de la Mesa de Protección a Periodistas para explicar la importancia de una ley de protección. En esa reunión, según Cárcamo, la Comisión se comprometió a darle seguimiento.
“Eso fue en noviembre. No le dieron seguimiento en la siguiente sesión de la comisión. Pasó diciembre. Pasó enero. Pasó la coyuntura electoral de las elecciones de febrero. Y es hasta después de las elecciones de febrero que esta comisión retoma la discusión de la propuesta de ley”, dijo Cárcamo.
Para marzo, cuando comenzaron las discusiones de la ley dentro de la Comisión, APES y otras organizaciones fueron invitadas para aclarar algunos temas. Las discusiones de la Comisión, que se reunía los lunes, quedaban estancadas en temas como qué era un periodista, cómo se incluiría el tema de las plataformas, el alcance del sistema de protección, entre otros asuntos.
Finalmente, cuando la Comisión logró discutir los artículos de la ley y de varias modificaciones, el proyecto no logró recibir los votos suficientes para pasar a la plenaria general de la Asamblea.
Por tal motivo, será responsabilidad de la nueva Asamblea retomar la discusión de la ley. Y aunque el escenario es más adverso, Cárcamo también destaca la falta de voluntad política de la anterior legislatura que no lo aprobó en dos años.
“Esa Asamblea tampoco es que haya sido de lo mejor. O sea, si hubiese un interés legítimo por proteger a las periodistas cuando se presentó la propuesta de ley, lo hubiesen aprobado”.
Cárcamo señaló que a pesar de esta situación, seguirán con el debate público de la ley. Considera también que gremios de periodistas, organizaciones de la sociedad civil e internacionales pueden ayudar a que esta discusión se lleve a cabo en el país.
Sin embargo, también resaltó que son conscientes de que una ley por sí misma no garantiza que esta se aplique de manera correcta, y de que existen otras herramientas para lograr algunos avances. Así por ejemplo, señala la importancia de abrir diálogos con la Fiscalía General para crear una unidad especializada para investigar agresiones contra periodistas, o que desde la Procuraduría se cree una unidad especial para la libertad de expresión.
“Hay otras herramientas de las que nosotros podemos participar. Pero sí creemos que hay que medir el termómetro sobre qué tanto interés hay en materia de aprobar ese tipo de legislación que sería un acto muy simbólico”, dijo Cárcamo. “Para nosotros la ley sería muy importante y lógicamente sabemos que aprobada la ley no es que automáticamente se cumpla, sino que también hay que exigir su cumplimiento. Y sobre eso también nosotros vamos a seguir con los esfuerzos para que eso se haga de la mejor forma posible”.
