Más de 100 países del mundo poseen en su legislación nacional una ley que permite el acceso a la información pública. América Latina es la región con países en vías de desarrollo que más ha avanzado en este respecto, incluso superando ciertos aspectos de las leyes de países de la Unión Europea, señaló el reciente informe de Unesco, “Acceso a la información: Lecciones de la América Latina”.
A excepción de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, la mayoría de países de América Latina tienen leyes que garantizan el acceso a la información oficial. Incluso, algunas leyes latinoamericanas están consideradas entre las mejores del mundo, según dicho informe, elaborado por el periodista investigativo estadounidense Bill Orme.
Para ello, Orme entrevistó a tres expertos en libertad de información que condujeron la implementación de las leyes en México, Chile y Brasil.
Jacqueline Peschard Mariscal, exdirectora del Instituto Federal de Acceso a la Información de México (IFAI); Juan Pablo Olmedo, expresidente del Consejo de Transparencia de Chile; y José Eduardo Elías Romão, primer Defensor del Pueblo (Ouvidor General) de Brasil, coincidieron en que la implementación y el impacto social de la ley es el objetivo más importante.
El informe fue presentado por Orme durante el Primer Taller Internacional de la Alianza Mundial para el Reporte del Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas, organizado por PNUD, UNODC y Unesco, que tuvo lugar del 14 al 16 de junio, en Buenos Aires, Argentina.
Para varios países de la región, uno de sus grandes desafíos es lograr proteger a los periodistas de ataques y amenazas. También para salvaguardar la libertad de prensa y el acceso cotidiano a la información pública de modo que no se vean restringidos, destacaron los excomisionados de información y defensores de la libertad de información latinoamericanos.
Desde septiembre de 2015, los países miembros de las Naciones Unidas adoptaron unánimemente la Agenda 2030, que establece pautas de políticas de desarrollo nacionales y globales para los próximos 15 años.
Entre esas pautas está la lista de objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se considera el garantizar el acceso público a la información y la protección de libertades fundamentales, conformes a las legislaciones nacionales y a acuerdos internacionales.
En ese sentido, el estudio analiza en detalle la ley de México, adoptada hace 15 años y considerada como la ley modelo a nivel mundial; la de Chile, que ya tiene casi 10 años de vigencia; y la de Brasil, que acaba de cumplir cinco años.
La leyes de México, Chile y Brasil tienen orígenes políticos comunes, puesto que fueron aprobadas como un rechazo deliberado del pasado autoritario reciente de esos países, y como un esfuerzo colectivo para construir salvaguardas legales para prevenir el regreso de regímenes antidemocráticos, sostuvo el informe.
Asimismo, el estudio señala como antecedente de la adopción de estas leyes en el continente americano y el mundo, a Estados Unidos y Canadá, que promulgaron su ley de acceso a la información pública en 1966 y 1983, respectivamente. Colombia fue el primer país latinoamericano en adoptar dicha ley, reconociéndola como un derecho de sus ciudadanos, en 1985. Según el informe, eran pocas las democracias de otras regiones del mundo las que habían dado ese paso en aquellos años.
En el estudio se consigna el índice del Global Right to Information Rating (Clasificación Mundial del Derecho a la Información) del Centro de Derecho y Democracia (CLD, por sus siglas en inglés) que clasifica a la ley mexicana como la número uno en el mundo, entre las más de cien leyes nacionales analizadas por dicho organismo. La ley de Brasil es la segunda de mayor nivel en Latinoamérica, según el CLD, que la ubica en el puesto 22. La de Colombia ocupa el puesto 30 y la de Chile el 43.
Sobre la ley de México, Peschard, la exdirectora del IFAI, dijo a Omer: “Es una ley muy respetable, aún más, una ley ejemplar. (...) La ley impone estándares básicos de transparencia para todos los gobiernos estatales, igual que para el gobierno federal. Pero de igual o más importancia es el hecho de que la sociedad civil y los medios de comunicación participaron en el diseño y promoción de la ley, y por eso la están utilizando (tanto a nivel estatal como nacional)”.
Sin embargo, México es el país más peligroso para periodistas en el hemisferio occidental. En los últimos diez años se han registrado en el país al menos 21 casos de periodistas mexicanos asesinados con total impunidad, sin que sus casos hayan sido presentados por las autoridades ni discutidos o verificados en los tribunales de justicia, señaló el estudio citando informaciones del Comité para Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“Solo en los últimos diez años (desde que fue reforzada la ley en 2007) hemos tenido periodismo de investigación como norma de la profesión en México. Los periodistas corren mayores riesgos, sin duda, pero la gente está mejor informada. Esta es la paradoja que estamos viviendo”, explicó Peschard.
Sobre la ley de Chile – que entró en vigor al año siguiente de ser aprobada y bajo la supervisión de un nuevo Consejo de Transparencia de Chile – Olmedo, el expresidente de esa organización, dijo que la ley ha fomentado una nueva sensibilidad entre los nuevos funcionarios chilenos, quienes ahora son más conscientes de su “obligación de ser transparentes”.
En Brasil, a diferencia de México y Chile, y muchos otros países como EE.UU., Canadá y los países del continente europeo, los funcionarios pueden rechazar las solicitudes de acceso a la información si advierten que sus motivaciones son de carácter comercial y privado.
Los periodistas, abogados y los funcionarios públicos mismos, pero con fines partidistas, son los que más usan la ley, según el exdefensor del pueblo brasileño Romão.
Pruebas del uso frecuente de la ley por parte de periodistas son los numerosos reportajes y noticias repletas de ejemplos de gasto excesivo de fondos públicos y corrupción, dijo.
Sin embargo, “hay mucha gente en comunidades marginales que no tiene acceso a estos servicios y no sabrían cómo usarlos si los tuvieran”, dijo Romão. “Esta desigualdad de acceso es el mayor desafío que enfrentamos, no solo en Brasil, sino en casi toda la región latinoamericana”, aseguró Romão.
Otra meta a alcanzar, según los expertos entrevistados por Orme, es la disminución de la “brecha digital” socioeconómica que existe en las poblaciones de los países de la región. Es decir, el poco o nulo acceso a internet que tienen los sectores menos favorecidos de la sociedad, que los imposibilita de acceder a este servicio público y al uso de sus derechos fundamentales.
El informe también destaca la importancia del intercambio regional de consejos y asistencia técnica en el diseño y manejo de los sistemas oficiales para el acceso a la información. Todo esto con el apoyo y guía de instituciones multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
