Un ex subdirector de la policía acusado de ordenar la desaparición y el homicidio del periodista mexicano Moisés Sánchez Cerezo fue dejado en libertad después de que un juez federal le concediera un recurso de amparo, una acción para proteger los derechos constitucionales de un individuo.
“Ello abre la puerta para que una vez más prevalezca la impunidad en el caso de un periodista asesinado y exhibe las graves falencias de la institución encargada de procuración de justicia cuando se trata de delitos contra la libertad de expresión”, dijo la organización de defensa de la prensa Artículo 19.
Martín López Meneses, quien estuvo en prisión los últimos 10 meses vinculado con el crimen, dijo que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio y que él y los otros acusados en el caso son inocentes, informó Código Veracruz.
El ex oficial de policía Clemente Noé Rodríguez Martínez fue detenido en enero y confesó que él y otras cinco personas secuestraron y asesinaron a Sánchez Cerezo, según Proceso. También dijo que fueron contratados por López Meneses, según informes de prensa. Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín de Bravo para el momento de la muerte de Sánchez Cerezo, está acusado de ordenar el asesinato del periodista.
Rodríguez Martínez se encuentra todavía en prisión. El Congreso le quitó el fuero a Cruz Reyes y, de acuerdo con Proceso, está prófugo.
En mayo, un juez le había concedido un amparo a López Meneses, pero la fiscalía de Veracruz impugnó la decisión, informó Artículo 19. El 3 de noviembre un juez federal confirmó la sentencia de amparo por “falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Veracruz”, según la organización.
Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General del Estado de Veracruz, dijo que la concesión de amparo “no implica un revés, pues no representa en ningún modo una sentencia absolutoria”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno del Estado.
Dijo que el amparo “representa una oportunidad para el MP [Ministerio Público] para fortalecer las pruebas existentes y aportar un mayor número de elementos, acciones que se realizarán de manera puntual”.
El comunicado dijo que “[Bravo Contreras] explicó que en contrasentido, al probable autor material, Clemente Noé Rodríguez Martínez le fue negado el amparo, entre otras cosas, ‘porque las pruebas en que se funda la formal prisión en su contra resultaron aptas, legales y suficientes, como la confesión en la que señaló a López Meneses como la persona que les pidió, por conducto de un miembro de la banda- privar de la vida a Moisés’”.
Agregó que cualquier predicción sobre que a Cruz Reyes necesariamente se le concederá el amparo son inapropiados.
El 2 de enero de 2015, individuos armados secuestraron a Sánchez Cerezo desde su casa en Medellín de Bravo. Veintidós días después, su cuerpo decapitado fue encontrado en el estado de Veracruz.
En el momento del asesinato, la organización de defensa de la prensa Artículo 19 señaló que había recibido información anónima que “el periodismo y activismo realizado por Sánchez Cerezo provocó el enojo del Alcalde de Medellín de Bravo, pues ‘tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable de que el alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección’”.
Tras el asesinato, Artículo 19 presentó un recurso de amparo ante la Procuraduría General de la República (PGR), que fue negado posteriormente porque la oficina determinó que no habían pruebas suficientes para sostener que el asesinato de Sánchez Cerezo se debió a su condición de periodista, de acuerdo con Animal Político. El Gobierno concluyó que su principal actividad era conductor de taxi, no el periodismo.
Tras la desaparición de Sánchez Cerezo, la columnista Silvia Núñez Hernández escribió que el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa había utilizado un tono de “burla y desdeño” para minimizar el secuestro y se refirió a Sánchez Cerezo como “chófer de taxi y activista vecinal”. Ella dijo que era hecho a fin de no atraer la atención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Esa entidad se encuentra bajo la Fiscalía General del Estado.
Como ha señalado Artículo 19, López Meneses fue liberado apenas un día después de que el estado de Veracruz y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas firmara un acuerdo para “generar un sistema de alerta temprana para prevenir agresiones contra periodistas y permitir la libertad de expresión”. La organización, y otros informes, dieron cuenta que a un periodista se le prohibió la entrada al evento.
“El hecho sucedido ayer, la firma de un convenio por autoridades y el libre ejercicio a la libertad de expresión por parte de la ciudadanía, es un claro ejemplo de la situación por la que atraviesa el estado de Veracruz: Mientras se pregonan acciones de avanzada para fortalecer el ejercicio periodístico por medio del andamiaje más grande del país para proteger periodistas, funcionarios locales agreden, frente a las autoridades federales, a un periodista por manifestar de manera pacífica libremente sus ideas”, dijo Artículo 19.
Sánchez Cerezo fundó, dirigía y editaba el periódico semanal La Unión en Medellín de Bravo. Agencias de noticias y organizaciones de defensa informaron que la publicación impresa, y luego digital, era una crítica de los gobiernos locales y que reportaba sobre la violencia área. Además, algunos reportes dijeron que había sido amenazado por el alcalde Cruz Reyes.
Sánchez Cerezo es uno de los siete periodistas asesinados en México este año. En total, cuatro de los periodistas han sido de Veracruz. Ha habido muchas críticas contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por sus presuntas amenazas y acciones en contra de los periodistas.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
