El reportero mexicano Emilio Gutiérrez Soto que busca asilo en Estados Unidos fue liberado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. la tarde del 26 de julio en El Paso, después de haber estado detenido por siete meses.
Gutiérrez y su hijo Óscar estuvieron detenidos desde diciembre de 2017, cuando fueron arrestados luego de asistir a una reunión con ICE. Ellos fueron llevados a una estación de la patrulla fronteriza en la frontera de EE.UU. con México para ser deportados, pero una solicitud de suspensión de deportación de emergencia detuvo el procedimiento en el último momento. Un juez de inmigración de El Paso había negado su solicitud de asilo en julio, cinco meses antes.
“Él no ha hecho nada malo. Hemos estado tratando a Emilio... como si fuera un criminal, cuando todo lo que hizo fue pedir asilo. Por lo tanto, creo que su libertad es muy, muy importante, pero es el primer paso y el siguiente es conseguir el asilo para que pueda quedarse permanentemente en Estados Unidos”, dijo Eduardo Beckett, abogado de Gutiérrez, al Centro Knight. “Pero para mí, su liberación es una parte esencial de su interés en poder regresar, por ser parte de la estructura de la sociedad, por participar y continuar siendo un periodista y permitir que su hijo continúe su universidad”.
Durante los últimos siete meses, the National Press Club (NPC) ha luchado por su liberación y asilo junto con otras organizaciones de libertad de prensa. Los comités editoriales y columnistas de periódicos como The Washington Post y Houston Chronicle también se unieron a las voces en apoyo de la familia Gutiérrez.
Ha sido un largo camino para la familia. Los dos se dirigieron a la frontera entre México y Estados Unidos en junio de 2008 y anunciaron su intención de solicitar asilo después de que Gutiérrez dijera que tenía información de que miembros del Ejército mexicano que se sintieron ofendidos por sus informes planeaban matarlo.
El 30 de enero de 2005, El Diario publicó un artículo de Gutiérrez titulado “Militares asaltan un hotel en Palomas”. Según el artículo, seis miembros del Ejército y un civil asaltaron a los huéspedes del hotel y los despojaron de su dinero, joyas, objetos personales y los amenazaron de muerte.
Seis soldados fueron arrestados por el personal de Garrison después del incidente, pero el propietario del hotel y los clientes no presentaron una denuncia ante el fiscal debido a las amenazas, según el artículo.
Gutiérrez dijo a la revista Mother Jones que los soldados del Ejército lo amenazaron en febrero de 2005 en el centro de Ascensión y allanaron su casa en mayo de 2008.
Después de huir de México y llegar a Estados Unidos, padre e hijo pasaron un tiempo detenidos antes de ser liberados. Gutiérrez pudo conseguir trabajos ocasionales y tuvo un puesto ambulante de tacos.
En noviembre de 2016, después de años de espera y postergaciones, Gutiérrez finalmente presentó su caso ante un juez, pero fue denegado el siguiente julio. La BIA denegó una apelación a principios de noviembre de 2017 porque fue “presentada intempestivamente”. Padre e hijo fueron detenidos en diciembre. Luego, BIA ordenó una nueva audiencia de petición en mayo de 2018.
En marzo de 2018, el consultorio jurídico internacional de leyes sobre derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, junto con el abogado de Gutiérrez, Eduardo Beckett, presentaron un recurso de hábeas corpus para la liberación de Gutiérrez. Una de las acusaciones era que los derechos de la primera enmienda de Gutiérrez estaban siendo violados, dijo Beckett al Centro Knight.
También incluyeron un correo electrónico de febrero 2017 censurado por ICE -antes de que se rechazara la solicitud de asilo de Gutiérrez- que se encontró mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información y que mostraba el nombre de Gutiérrez en una Lista de Objetivos No Detenidos, explicó Beckett.
“Emilio ha estado criticando a ambos gobiernos desde que llegó aquí y para nosotros, la evidencia fue clara de que no solo era eso sino que, además, las transcripciones de la audiencia de inmigración revelaron comentarios de los funcionarios de ICE sobre la prensa, sobre su profesión como periodista y entonces si juntas todo esto, para mí al menos, era muy obvio que hubo represalias por ejercer esos derechos constitucionales”, dijo Beckett.
En julio, un juez falló a favor de Gutiérrez con respecto a la primera enmienda, pero no sobre los temas de debido proceso, igualdad de protección y reclamos de APA. Para el 1 de agosto está programada una audiencia de pruebas en relación a si los derechos constitucionales de Gutiérrez fueron violados intencionalmente para la cual el abogado estadounidense tendría que entregar a fines de julio otras pruebas y mensajes de correo electrónico, dijo Beckett.
En su orden, el juez citó la presencia de Gutiérrez entre los correos electrónicos de la lista de objetivos no detenidos, así como las declaraciones que realizó bajo juramento el director ejecutivo de la APN, William McCarren, quien dijo que que un funcionario de ICE le pidió que “atenuara el problema”. También citó las críticas de Gutiérrez a ICE y al gobierno de Estados Unidos al aceptar el premio John Aubuchon de Libertad de Prensa del NPC.
Ahora que padre e hijo han sido liberados, la audiencia de pruebas ya no tendrá lugar y no se tendrán que entregar más correos electrónicos o pruebas, explicó Beckett.
El caso de Gutiérrez ahora regresa al juez de inmigración que en un principio negó su solicitud de asilo. Su primera audiencia será el 16 de agosto. Beckett le comunicó al Centro Knightanteriormente que él y sus abogados cuentan con más evidencia acerca de los peligros que enfrentan los reporteros en México, así como también con más de 155 páginas de artículos que escribió Gutiérrez. También cuenta con un amigo que tiene un resumen de la corte del NPC y otras 15 organizaciones de periodismo más.
Beckett dijo que otros planes inmediatos incluyen llevar a Gutiérrez a la Universidad de Michigan para la beca de periodismo Knight-Wallace que le fue otorgada.
Después de su liberación y la de su hijo, Gutiérrez le dijo al Texas Tribune que su hijo ha sido su inspiración para seguir luchando.
“Entiendo y comparto el dolor de todas las familias que han venido a este país para salvar sus propias vidas”, dijo, en referencia a las familias recientemente separadas en la frontera después de buscar asilo.
México es uno de los países más letales del mundo para los periodistas y la gran mayoría de los asesinatos de los trabajadores de la prensa quedan impunes. El último asesinato de un periodista fue el 24 de julio en Quintana Roo cuando el periodista y director del Semanario Playa News, Rubén Pat Caiuch, fue asesinado a tiros. El director de la revista Encuesta de Hoy, Luis Pérez García, fue asesinado la semana pasada en Iztapalapa, cerca de la ciudad de México.