La creación de un entorno que permita el ejercicio de la libertad de expresión, la creación y el mantenimiento de un internet libre e inclusivo y el control privado de la comunicación digital son los principales desafíos para la libertad de expresión en la próxima década, según los relatores de organizaciones internacionales expertos en el tema.
Una declaración conjunta emitida el 10 de julio fue elaborada por los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), con el apoyo de organizaciones internacionales civiles como Artículo 19 y el Centro para la Libertad y la Democracia.
Este es el vigésimo año en que los cuatro relatores de libertad de expresión han hecho una declaración conjunta sobre el tema. El objetivo de las declaraciones ha sido “interpretar las garantías de los derechos humanos para la libertad de expresión. Con ello, hemos orientado a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales del derecho, periodistas y medios de comunicación, académicos y empresarios”, establece la declaración.
“Entendemos que la libertad de expresión enfrenta tres clases de problemas: un ambiente hostil e intolerante para quienes como periodistas, activistas u opositores informan o se expresan sobre asuntos de interés público; las presiones de los Estados para regular o censurar la circulación de información adversa en internet; y el creciente rol de las empresas dominantes en internet que están tomando decisiones poco transparentes y muchas veces automáticas sobre contenidos que pueden estar protegidos por la libertad de expresión”, dijo al Centro Knight Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, uno de las personas que firman la declaración conjunta de 2019.
“Creemos que estos desafíos reflejan los temas sobre los que Estados, sociedad civil y organismos internacionales deberán trabajar en los años que vienen”, agregó.
El primer desafío señalado en el comunicado es la “creación de un ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión”. Este señala las medidas que deben adoptar los Estados en esa dirección, como explicó Barbora Bukovská, directora sénior para la Legislación y Políticas Públicas de Artículo 19, al Centro Knight. “[Este artículo] señala que, para evitar la restricción de la libertad de expresión, los Estados deben adoptar una serie de medidas que permitan florecer la libertad de expresión. Cuestiones tales como el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación son esenciales para proteger y promover la libertad de expresión en un panorama de los medios cada vez más globalizado, digitalizado y convergentes en todo el mundo”.
En este ítem se recomienda, por ejemplo, que los Estados deben “tomar medidas inmediatas y significativas para proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques” y “abordar los desafíos económicos más importantes que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación independientes, mediante el apoyo a la sustentabilidad de los medios locales y desarrollar regulaciones para mitigar los impactos negativos causados por el dominio de las empresas de publicidad en línea”.
El segundo punto de la declaración conjunta, “consolidar y mantener una internet libre, abierta e inclusiva”, trata sobre los retos relacionados con el entorno digital tanto desde el punto de vista de su infraestructura como de los actores relevantes en este espacio como lo son las compañías de telecomunicaciones.
Los relatores señalan que los Estados y otros actores deben, entre otras medidas, “reconocer el derecho al acceso y el uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión” y “abstenerse de imponer interrupciones o bloqueos en la red de internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones”.
“No es sorprendente que los titulares de estos mandatos dieran prioridad a los problemas digitales, ya que internet y la telefonía móvil han sido las tecnologías de comunicación más disruptivas de nuestra era”, dijo Bukovská. “La tecnología no solo permite la libertad de expresión en una medida nunca antes imaginada, sino que también permite restringir el habla en una escala sin precedentes, tanto por los Estados como por el sector privado”.
De hecho, el tercer punto de la declaración, “control privado como amenaza a la libertad de expresión”, sugiere medidas para “proteger el entorno de la libertad de expresión frente al dominio privado sin suficiente rendición de cuentas”.
Entre ellos se encuentra el establecimiento de regulaciones que “aborden los modelos de negocios de ciertas empresas de tecnología digital que dependen de modelos de publicidad que fomentan un entorno que puede ser utilizado para la viralización, inter alia, de engaños, desinformación y expresiones de odio”, así como el desarrollo de “mecanismos de supervisión, transparentes y que cuenten con garantías de independencia e involucren múltiples partes interesadas, para abordar las reglas privadas de moderación de contenido que podrían ser contrarias al derecho internacional de los derechos humanos o interferir con el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión”.
“Gran parte del contenido en línea global está regulado por los estándares comunitarios de un puñado de compañías de internet cuyos procesos carecen de transparencia y no están sujetos a los controles y equilibrios de la gobernanza tradicional”, dijo Bukovská.
Desafíos en América Latina
Si bien la declaración conjunta aborda los desafíos globales y brinda orientación para las políticas públicas y las medidas del sector privado en todo el mundo, algunas de estas cuestiones son especialmente relevantes para América Latina.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Libertad y la Democracia, señaló el primer punto de la declaración como el más relevante para los países de América Latina. “La diversidad de medios siempre ha sido un desafío particular en esa región, y más ahora con las amenazas económicas que enfrentan los medios. Por supuesto, para varios países, la seguridad también es un problema masivo”, dijo al Centro Knight.
Bukovská, de Artículo 19, también destacó el tema de la seguridad al señalar la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos y la impunidad en que esa violencia permanece en la región.
“Es importante destacar que México sigue siendo uno de los países con el mayor número de periodistas asesinados y en Brasil los ataques contra periodistas combinados con un empeoramiento del entorno para la libertad de expresión han aumentado”, aseguró.
Bukovská también puso de relieve las limitaciones impuestas por algunos gobiernos latinoamericanos a la participación y protestas cívicas, incluyendo el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes y la imposición de límites para la comunicación en línea y digital entre los ciudadanos, así como la censura en línea a través de ataques y la vigilancia contra “mujeres periodistas y de minorías sociales (LGBTI y minorías étnicas), defensores de derechos humanos y otros”.
Edison Lanza dijo que los tres temas tratados en la declaración conjunta están presentes en las preocupaciones de la Relatoría Especial de la CIDH sobre la libertad de expresión en América Latina. Además de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, señaló que “en un pequeño grupo de países persisten leyes penales que restringen la libertad de expresión”. Lanza también señaló la brecha digital y el acceso total a internet como desafíos en la región, así como los “países donde hay censura, bloqueos, bajada y filtrado de contenidos; los casos de Venezuela y Cuba son los más notorios”, aseguró.
Además de estos, Lanza dijo que las recomendaciones de la declaración sobre las compañías de internet y la circulación de información en las plataformas en línea, en su tercer punto, también son relevantes para la región.
“En América Latina el debate público transita cada vez más a través de plataformas y las plataformas toman decisiones también en América Latina de bajar cuentas por denuncias o de bajar contenidos referidos a sus términos y condiciones, así como también [importan] las decisiones que el poder judicial toma sobre cuestiones que tienen que ver con contenidos en internet”, explicó.
