Después haber aplazado la votación por cuarta vez debido a la falta de consenso, el Marco Civil de Internet, propuesta que define los derechos y deberes de los usuarios y las empresas que navegan en la red, hace parte nuevamente de la agenda de la Cámara de Diputados, desde el martes 13 de noviembre. Sin embargo, hay otro ingrediente que hace parte de la controversia en torno al texto: un parágrafo incluido en el artículo 15 del proyecto de ley permite que los contenidos que infrinjan los derechos de autor no necesiten de una decisión judicial para ser retirados de la red.
La enmienda fue criticada por la Asociación Brasileña de Internet (Abranet). "La modificación propuesta, con la inserción de un segundo parágrafo que limita la protección del usuario contra la eliminación indiscriminada de contenidos, seguramente será importante en casos de censura, y por esa razón es absolutamente inconstitucional y atenta contra la libertad digital", afirmo la asociación en una carta abierta publicada en su sitio web.
Una carta firmada por varias entidades que defienden la democratización de la comunicación y por organizaciones que defienden al consumidor, fue enviada al relator del Marco Civil, el diputado Alessandro Molon, en la cual también se plantean criticas contra el nuevo parágrafo del artículo 15.
El cambio intensifica una disputa la cual involucra a empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios, al gobierno y aquellas instituciones que abogan por una amplia libertad en el mundo online, incluyendo también a quienes defienden los derechos de autor, explicó Sérgio Amadeu da Silveira, investigador de redes digitales, profesor de la Universidad Federal de ABC y representante de la sociedad civil ante el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI).
Amadeu conversó con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y expresó su preocupación por la libertad digital, en lo que respecta a las modificaciones hechas al proyecto original del Marco Civil, elaborado a partir de un proceso colaborativo que tuvo una amplia participación de la sociedad.
Centro Knight: El Marco Civil de Internet estará bajo discusión en la Cámara con una modificación del artículo 15, relacionado con los derechos de los usuarios, que incluye la política de Notifique y Retire, en casos de violaciones de derechos de autor. Esto puede representar una amenaza a la libertad de expresión digital?
Se trata de una amenaza cuyas consecuencias negativas para la libertad de opinión, expresión y creatividad en la red aún no puede ser determinadas. Esa modificación es muy peligrosa, comenzando por lo que tiene que ver con nuestra estructura jurídica. Cuando yo acuso a alguien de cometer un delito, yo como acusador debo tener la prueba de ello. Al introducir mecanismos del tipo Notifique y Retire, se invierte la carga de la prueba. Por lo tanto, yo puedo hacerme pasar como proveedor de un enemigo político o de mi competencia y decirle que una determinada publicación viola los derechos de autor. Si hay una ley que dice que el proveedor está obligado a cumplir con esta advertencia, el va a eliminar el contenido de Internet sin que necesariamente exista una violación. Quien sea acusado tendrá que demostrar que es inocente, un cambio total e inaceptable desde el punto de vista jurídico. Se crearía una estructura, una industria de censura en temas que son extremadamente complejos. Hay conflictos relacionados con el contenido en Internet que requieren conocimientos técnicos, por ejemplo, para evaluar si una foto fue retocada. El proyecto original del Marco Civil habla de recurrir a la Justicia para que, con eso, existan garantías mínimas. El problema es que la industria de los derechos de autor subordina todos los derechos civiles de las personas a los interés de la propiedad intelectual, o aún mejor a la defensa de un modelo de negocios del mundo industrializado que no es compatible con el universo de las redes digitales. La última encuesta del Comité Gestor de Internet (CGI) muestra, en 2011, que el 51% de los brasileños descargaron música de la red y el 33% descargaron películas. Existe una práctica social que involucra a millones de personas en esa industria, en lugar de crear modelos de negocios para dicha práctica, se quieren crear obstáculos. Es una acción extremadamente nefasta que, lamentablemente, está siendo apoyada por el actual gobierno brasileño. De hecho, el gobierno actual representa un retroceso brutal en comparación con la gestión de Lula, quien se opuso a la vigilancia en la red.
KC: ¿Qué llevó al parlamento a defender los derechos de autor en el Marco Civil en vísperas de la votación de esta legislación?
El Marco civil no habla sobre los derechos de autor, pero parece que el lobby de la industria consiguió incluir ese punto para forzar la defensa de la propiedad intelectual en uno u otro ámbito legislativo. La industria del copyright tiene como uno de sus más grandes representantes a Jack Valenti, presidente de la Motion Pictures Association of America (MPAA), quien intentó impedir, denunciando a Sony ante la Justicia, la venta de reproductores de vídeo (VCR) con el discurso de que aniquilaría la industria cinematográfica. Irónicamente, lo que terminó sucediendo fue que buena parte de los ingresos de Hollywood, hoy en día, provienen de la venta de copias, y no sólo de la exhibición en salas de cine. Hay un cambio cultural en marcha impulsado por las nuevas tecnologías, las cuales construyen y consolidan las prácticas sociales. La industria del copyright quiere penalizar estas prácticas y crear una parálisis en el avance tecnológico. Incluso con una pésima banda ancha, el 51% de los usuarios brasileños de Internet descargan música de la red, no puede decirse que la mitad de los usuarios son criminales. Es importante resaltar también que el lobby no está defendiendo los derechos de autor, sino la industria de los intermediarios, que empezó a ser reemplazada por la red, y que en lugar de innovar su modelo de negocios, quiere asegurarse en la historia, como los luditas.
KC: El sistema de notificaciones es utilizado en los EE.UU. bajo el argumento de que es una forma más rápida y simplificada de evitar violar los derechos de autor y evitar nuevos litigios. ¿Cómo evalúa estos argumentos?
Ese argumento es falaz. Entonces deberíamos considerar, por ejemplo, la detención de un conductor que causó un accidente de transito antes de ser juzgado, con el fin de evitar otros daños? Esto es un absurdo. Quiero decir, ese argumento sólo se aplica para el copyright? Los derechos de autor están por encima de toda estructura jurídica?. Ese argumento funciona en los EE.UU. porque el capital vale más que la vida, en Brasil, no. La legislación enumera varias garantías que están por encima de los intereses económicos. Una de ellas es el principio de presunción de inocencia, principio que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se puede considerar el lobby de una industria cuyo argumento quiere obligar a al Justicia a violar otros derechos en pro de la celeridad de los procesos y de sus interés.
KC: ¿Cree que la responsabilidad de eliminar los contenidos publicados por terceros, por ejemplo, los ofensivos, es de los proveedores?
En mi opinión, dicha responsabilidad debe ser determinada vía orden judicial, y el destinatario de la orden debe cumplirla, ya sea un bloguero o su proveedor. La orden judicial puede incluso ser criticada, pero tiene que cumplirse. El artículo 15 establece, incluso, que en defensa de la libertad, solo se acepta la remoción de contenidos por orden judicial. Sin embargo, el párrafo segundo, recién incluido en este artículo, hace una excepción sobre los derechos de autor, atacando la libertad de expresión. Los contradictores dicen que el sistema judicial es lento, pero hay otros derechos en juego a la espera de decisiones judiciales y eso no legitima la ilegalidad ni atenta contra los principios constitucionales, como es el caso de la presunción de inocencia. Brasil es un país que estuvo a la vanguardia en la defensa de la libertad digital, pero lamentablemente está retrocediendo en ese propósito por intereses de la industria del copyright. Intereses que, en los EE.UU., legitiman procesos judiciales contra adolescentes, e incluso contra niños.
KC: Pero incluso sin esa legislación, Brasil está entre los países que más solicitan retirar contenido de Internet. ¿Cómo se explica esta cultura del bloqueo de información?
Hay firmas de abogados que ya se posicionaron en el negocio, incluso por fuera de la ley, como una máquina de guerra para atacar contenidos online. Si la legislación pasa tal y como está escrita, puede significar la paralización de Internet en Brasil. Por ahora, dichas firmas tienen que enfrentar a una gran empresa que es Google. Entonces, imagínese a blogueros y sitios web recibiendo, de manera indiscriminada, notificaciones para retirar contenidos. Eso es lo que yo llamo censura distribuida y privatizada en la red. Estos pequeños proveedores de contenidos en Internet no tienen una estructura jurídica o técnica para evaluar si esas notificaciones son válidas o no. Si hay una ley que diga que deben se acatadas, los contenidos serán retirados. Imagine, por ejemplo, los blogs de crítica política en el estado de Maranhão. La censura no tendrá como argumento la incomodidad generada por las críticas, sino por la violación de la propiedad intelectual. Eso puede convertirse en un arma de control político y cultural con base en acusaciones infundadas.
KC: Tenemos casos donde la sola participación en procedimientos judiciales ya está perjudicando a los pequeños productores de contenido independiente. Debemos tener algún órgano específico para la defensa de la libertad de expresión en Internet?
Estamos llegando a una situación en la que tenemos que pensar en una defensoría pública que se preocupe por la defensa de la libertad de expresión, porque hay un incremento de la judicialización en la red para contener el normal uso de lo que hacemos en ella. Así que creo que es necesario tener organizaciones como Electronic Frontier Foundation, y también recordarle al Estado que las personas deben ser defendidas de manera gratuita.
KC:La neutralidad de la red es otro punto polémico del Marco Civil. ¿Por qué?
Porque involucra los intereses de las televisoras. Las empresas de telecomunicaciones no habían manifestado, hasta esta semana, que estaban en contra del principio de neutralidad de la red, que dice que quien controla la infraestructura de las redes no pueden interferir en el contenido que pasa por la misma, deben ser neutrales. Ellos ya controlan la infraestructura y ganan mucho dinero con ello, son un poderoso oligopolio que domina la comunicación digital a nivel mundial. Pero no quieren ser neutrales. Ellos piensan que el mundo digital tiene que usar las mismas redes, con lo cual pueden controlar a que contenido se le dará prioridad si puede pagar más. Esto también puede generar barreras por motivos políticos. Las televisoras pueden comenzar a definir que cierto tipo de información no circule en la red. Así que tendrán el poder de filtrar los contenidos. En el Marco Civil original eso está vetado, la neutralidad de la red es defendida. El asunto es que hay excepciones contra ese principio y algunas interferencias técnicas son válidas para garantizar el buen funcionamiento de la red. En cuales casos esas interferencias son legítimas? Eso necesita ser regulado. Y el debate está ahí. La sociedad civil quiere que las normas sean hechas por quienes saben de Internet, como CGI.br; las televisoras quieren que sea Anatel, ya que así será más fácil eliminar la neutralidad de la red. La polémica está ahí. Queda la esperanza de que los argumentos del gobierno ante la Cámara tengan en cuenta los intereses de los usuarios, y no los intereses comerciales en juego.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
